La cifra de inmuebles embargados casi se duplica en el primer trimestre de 2009

La cifra de inmuebles embargados en los tres primeros meses de este año por la Tesorería de la Seguridad Social en la provincia de Málaga mantiene una dramática y alarmante línea ascendente, efecto de la crisis económica que asuela a cientos de empresas y ciudadanos. Los datos dados a conocer por este departamento a este periódico constatan cómo entre enero y marzo de 2009 el número de viviendas, locales y edificios afectados por esta medida ha crecido alrededor de un 78% respecto al mismo periodo de tiempo de 2008. Así, la deuda acumulada con la Seguridad por las sociedades afectadas ha hecho que este ente haya intervenido un total de 1.377 inmuebles, frente a los 773 del pasado año y a los 693 de 2007.

El director de la Tesorería en Málaga, Francisco Javier de Santiago, admitió que el incremento de estas operaciones es un reflejo claro de la mala situación que atraviesa la economía nacional y provincial, puesto que en muchos de los casos, debido al procedimiento necesario para efectuar el embargo, se trata de empresas que mostraron su incapacidad para abonar las cuotas obligatorias antes de que finalizase 2008.

Sin embargo, si bien crecen las apropiaciones de inmuebles por parte de la Seguridad Social, las subastas de los mismos, no parecen pasar por el mejor momento. De Santiago admitió que aún se realizan subastas con cierta normalidad, aunque destacó la dificultad de desprenderse de los mismos dadas las "importantes cargas que tienen". "Eso hace que sea más difícil que acudan compradores, al tiempo que disminuye la efectividad de las subastas por la falta de liquidez que hay a nivel general".

Junto a la información relativa a los embargos de inmuebles, otro de los aspectos que permite dibujar más a las claras la pésima situación en la que se encuentran muchas empresas de la provincia son los aplazamientos de deuda que se solicitan a la Tesorería. El responsable del organismo estatal en la provincia alude exclusivamente a las operaciones concedidas en los primeros tres meses de 2009, en los que se ha dado luz verde a 849, lo que supone un incremento superior al 53% respecto al mismo periodo de 2008, un ejercicio que cerró con 2.260 aplazamientos aprobados.

De Santiago precisa que generalmente los aplazamientos autorizados se suelen corresponder con todas las peticiones por parte de las empresas o autónomos, dado que en muy pocos casos se atreven a hacer esa petición si no están decididos a asumir las condiciones que impone la Tesorería. Asimismo, apunta que entre enero y marzo pasados las cuantías de las prórrogas concedidas han ascendido a más de 97 millones de euros, una cuantía para nada normal en este tipo de procedimientos. Por ello aclara que el pasado mes de marzo se dio la particularidad de que fueron aprobados los aplazamientos de deuda de los ayuntamientos de Estepona y Torremolinos, que por sí solos suman un débito por encima de los 90 millones de euros.

Esta dinámica se observa no sólo en la provincia de Málaga, sino también nacional, donde en los meses de enero y febrero de 2009 hubo 9.073, frente a los 7.438 de 2008, los 7.049 de 2007 y los 4.036 de 2006. Pero el pedir un aplazamiento no implica que se cumpla. El director de la Tesorería de la Seguridad Social admite que se ha producido en los últimos meses un ligero aumento de empresas y usuarios que, acogiéndose a estas prórrogas, la han acabado por incumplir. El dato concreto se eleva al 8,98%, o lo que es lo mismo, que de cada cien solicitantes a cuyo aplazamiento se da luz verde hay casi nueve que no cumplen.

"No es un dato especialmente negativo", comentó De Santiago, quien subrayó la necesidad de que las empresas que piden esos aplazamientos "adecuen sus planes de viabilidad a las posibilidades reales", aunque recordó que siempre existe la opción de revisar las condiciones de esos acuerdos. Asimismo, destacó que desde el organismo "intentamos que las empresas con dificultades busquen con nosotros la manera de hallar una vía de solución que les permita afrontar las cosas con otro espíritu".

Para ello, la propia Tesorería de la Seguridad Social trata también de adaptarse "a los tiempos actuales, siendo más flexibles". "Si antes pedíamos un nivel de garantías de tres veces el importe de la deuda ahora estamos muy equiparados con respecto a lo que adeudan; antes le decía que la deuda era de 80.000 euros y tenía que pagarla en dos meses, ahora le decimos que en función de sus ingresos fije un plazo en el que abonarla...", explicó, al tiempo que sentenció: "No pretendemos ahogar a la empresa".