Tribuna Económica
Carmen Pérez
Un bitcoin institucionalizado
Málaga/El paso de la borrasca Gloria sobre Málaga capital vuelve a poner en evidencia la falta de previsión con la que actúan las administraciones públicas a la hora de intervenir sobre el territorio para minimizar los efectos de una tromba de agua como la caída el pasado fin de semana en el entorno de Campanillas. Es ahora, cuando se cuentan ya casi 800 familias afectadas por el desbordamiento del río que pasa junto al núcleo urbano, cuando se recuperan proyectos reclamados en el plano técnico hace 15 años pero que han permanecido en el olvido.
El último ejemplo es el del encauzamientodel río Campanillas. Una infraestructura que llegó a ser valorada por la Junta de Andalucía en 53,6 millones y que ya estaba recogida en el avance del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, que vio la luz en 2005. Los redactores del planeamiento llegaron a considerarla como la "obra de mayor importancia" a ejecutar en la barriada, arguyendo que las crecidas del río, "a pesar de la construcción de la presa de Casasola, provocan inundaciones en la margen derecha donde se ubica el núcleo urbano, consolidado".
En este mismo documento, se aseguraba que el Ayuntamiento había dado forma a un anteproyecto de encauzamiento y que el entonces organismo autonómico Giasa había convocado un concurso para la redacción del proyecto de construcción previo a la ejecución de las obras "que resuelvan de forma definitiva el grave problema de inundaciones que amenaza esta barriada".
La citada licitación fue publicada por la Junta el 12 de octubre de 2004, con un plazo de redacción de 10 meses y un coste de 570.000 euros. Fue adjudicado el 3 de mayo de 2005 a una UTE integrada por Dionis, S.L./Ibervias, S.L./Narval, S.A. por 470.241,54 euros. Narval manejó un periodo de obras entre 2006 y 2008.
Lo reseñado da cuenta del conocimiento que los entes públicos tenían del problema ahora reproducido por Gloria. El análisis puede incluso retrotraerse más aún, dado que los planes de riesgo de inundación elaborados por la Administración regional subrayan ya en 1988 que el riesgo de inundación del Campanillas es "muy alto". En una de las últimas versiones del Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea, la actuación sobre este río quedaba recogida como obra a ejecutar para afrontar "fenómenos meteorológicos extremos".
La queja de los vecinos que vivieron en primera persona su desbordamiento, anegando sótanos y garajes y arrasando decenas de vehículos permite, ahora, reactivar el interés por este asunto. Ayer, el alcalde, Francisco de la Torre, anunciaba su intención de reclamar "en muy pocos días" a la Junta la recuperación del proyecto de encauzamiento. "Estoy con los vecinos en que eso no se puede volver a repetir; hay que estar con ellos y estaremos en que haya las soluciones necesarias para dar tranquilidad a los vecinos", dijo al tercer día de la riada.
El mandatario retoma una vieja demanda municipal, que ya fue objeto de un acuerdo plenario, hace casi cinco años, cuando se pidió que se incluyese este proyecto en el bautizado Plan Juncker. Admitido el olvido, el regidor abre la puerta a una vía alternativa que permita intervenir sobre el cauce de manera más inmediata, buscando rebajar el riesgo presente. Y habla en concreto de bajar el cauce en ciertos puntos, con el objetivo de que "haya más capacidad de desagüe y menos desbordamiento", así como de instalar escolleras en ciertos tramos.
"Es un mecanismo de fórmulas más rápida", explicó, sin saber bien las razones por las que en los últimos años el Gobierno andaluz ha desviado la atención sobre el Campanillas. Sí cuestionó la posición de los anteriores responsables de la Junta en su reserva a autorizar operaciones en el cauce, "por aquello del valor ecológico". "Debemos ser proactivos en esta dirección, poniendo la seguridad por encima de esos valores”, dijo.
El alcalde volvió ayer a incidir en la necesidad de que el Gobierno central mire a los afectados de Campanillas y la declare zona catastrófica, propuesta a la que se suma el PP. Un mecanismo mediante el que garantizar las ayudas necesarias a los damnificados. El Consejo de Ministros reunido ayer no abordó este asunto, pero sí dio a conocer el trabajo realizado por el Consorcio de Seguros en el registro de los daños de Gloria.
Sin datos concretos de la provincia, el valor de los 10.000 siniestros contabilizados a nivel nacional se estiman en 71 millones. Desde el Ejecutivo sí precisaron que el compromiso es que la mayor parte de los daños sean pagados en un plazo de cuatro meses. Para ello, se pretende iniciar el abono el próximo 7 de febrero. Hoy visita Campanillas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La actuación del Ayuntamiento ante la riada genera dudas en el PSOE, cuyo portavoz municipal, Daniel Pérez, envío una carta al alcalde exigiendo "todas las explicaciones sobre la activación del plan de emergencias". Según expuso, centenares de vecinos se personasen en la Junta de Distrito “poniendo en tela de juicio la versión oficial del equipo de gobierno sobre la hora de activación”.
"Según el PP, este plan arrancó a las 23.07 del viernes, pero decenas de vecinos han manifestado que llamaron a las 02.00 y a las 04.00 al 112 y a la Policía Local y siempre se les respondió que no pasaba nada, que mantuvieran la calma y permanecieran dentro de sus hogares", expuso Pérez.
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