La jueza cita a declarar como investigado el 22 de febrero al dueño de la finca en la que murió Julen

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha citado a declarar por un delito de homicidio imprudente al dueño de la finca en la que murió Julen, que fue rescatado sin vida 13 días después de que se precipitara por un pozo de más de 100 metros de profundidad en Totalán. Fuentes próximas al caso explicaron que la citación se produce después de que la Fiscalía haya comenzado a mover ficha en la investigación, solicitando la toma de declaración de hasta doce personas. Solo el propietario de los terrenos comparecerá, por el momento, en calidad de investigado. Según indicaron a Efe, lo hará el próximo día 22.

El Ministerio Público entiende que, una vez estudiada toda la documentación, atestados e informes, “ya se pueden hacer varias hipótesis de los momentos previos de la fatal caída del pequeño y, por tanto, procede depurar, si es que las hubiere, las responsabilidades penales de las personas intervinientes”. El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, que fue a finales de enero preguntado por los periodistas sobre si el caso podría investigarse como homicidio imprudente, ya explicó que “todos estamos pensando que no puede ser otra cosa”.

La Fiscalía ha pedido ahora a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga que tome declaración como investigado al propietario de la finca, David Serrano Alcaide, que en una rueda de prensa afirmó que “veía que alguien podía meter un pie y partírselo, pero “nunca pensé que por ahí cabría un niño”. "Nunca me lo voy a perdonar”, argumentó entonces. Según su versión, el día en el que se produjo la caída de Julen advirtió a sus invitados “del peligro que había”. Y de ahí, aseguró, que colocara dos bloques de hormigón para protegerlo.

Su relato recoge que el día en que ocurrieron los hechos él se estaba ocupando del fuego para hacer una paella cuando el pequeño cayó al orificio, de 21 centímetros de diámetro. “Estaba jugando y escuché voces aterradoras. Me acerqué. El niño se había escurrido entre los dos bloques”, narró el dueño.

También tendrá que declarar el empresario que efectuó el pozo, Antonio Sánchez, pero en calidad de testigo, al igual que los padres de Julen –José Roselló y Victoria García– cuatro guardias civiles y los senderistas que llegaron al lugar a auxiliar a la familia, entre otros. El pocero, por su parte, insistió la semana pasada en que él “hizo bien las cosas” y que el propietario de la finca puede “decir misa”, en relación con las acusaciones que vertió ante los medios de comunicación, a los que explicó que compró la parcela hace cuatro meses con la intención de cultivar aguacates y mangos, además de llevar unos caballos. “Necesitaba agua y contraté los servicios de Antonio, un especialista en perforaciones y búsqueda de agua. Al mes vino con su camión al campo, me hizo un boquete de más de 100 metros dejándomelo abierto, tal cual. Quería plantar aguacates...Maldita la hora”, apostilló.

El equipo jurídico que defiende al dueño del terreno incidió en que éste se “encomendó al pocero, con 40 años de experiencia” dado el “importante reto burocrático” que suponía la gestión de la licencia. “Uno de los requisitos para la tramitación de la licencia del pozo es la documentación que solo podía proporcionar el pocero y que no llegó a entregarle al propietario”, aseveró uno de los letrados.

El fiscal justifica su petición para que comparezcan doce personas en las diligencias de investigación aportadas por la Guardia Civil, entre las que se encuentra la pareja del dueño de la finca, prima del padre de Julen. También solicita que declare el operario que hizo la zanja junto al talud que limita el pozo, un trabajo que se llevó a cabo posteriormente a la perforación del orificio.

Los abogados que representan al responsable de la finca subrayaron que “en ningún momento tuvo percepción de ese peligro real”. Tras intentar tramitar su personación ante el Juzgado de Instrucción “en calidad de parte interesada”, fue rechazado inicialmente. Aunque en un principio se abrieron diligencias por la desaparición del niño, la investigación ahora se centra en dilucidar, si las hubiera, responsabilidades penales.