El juez acuerda el archivo del caso Villas del Arenal para Pomares y Cardador

Málaga/El caso Villas del Arenal queda archivado. Y por ende, de manera provisional, queda sobreseída la causa judicial que mantenía hasta la fecha al concejal Francisco Pomares y al gerente de Urbanismo, José Cardador, en situación de investigados. La determinación forma parte de un auto emitido por el Juzgado número 8 de Málaga, encargado del asunto, con fecha del pasado martes. Es decir, apenas un día después de que se conociese la petición que había realizado la Fiscalía Anticorrupción para que fuese archivado el caso.

De acuerdo con la argumentación expuesta por el magistrado, de las pesquisas realizadas y de la toma de declaraciones practicada en los últimos meses no se aprecian razones para concluir la comisión de los delitos por lo que eran investigados el que fuera edil de Ordenación del Territorio y el alto cargo municipal.

En el caso al delito de tráfico de influencias, el auto refleja de manera literal: "No existe constancia alguna, aún indiciaria, de la existencia de presión, orden o simple recomendación basada en la jerarquía administrativa de los investigados". Al tiempo, en relación con el segundo de los delitos que afectaba a los dos implicados, el de falsedad documental, aplicable a un expediente concreto de cuantos se instruyeron en la urbanización Villas del Arenal, se indica: "Cualquier duda se desvanece a la vista del informe de la Policía Judicial (…) y al Informe de la Sección Jurídico Administrativa de Infracciones, que demuestran que se trata de un simple error informático; hay constancia documentada de que se han seguido las actuaciones administrativas contra el nuevo propietario de la vivienda".

En la parte de Fundamentos de Derechos, el juez señala que el "verdadero origen" de los hechos que han sido objeto de investigación, que inicialmente también situaron en calidad de investigada a la concejala de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, hay que situarlo en el "colapso general" del departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, no solo en la tramitación de los procedimientos sancionadores de o restablecimiento de la legalidad urbanística abiertos en Villas del Arenal, "sino de todos los procedimientos en trámite".

De acuerdo con lo señalado en el auto, a 5 de octubre de 2017, el número de expedientes era de 8.489 expedientes, a los que agregar otros 5.011 procedimientos que estaban pendientes de resolución o providencia de archivo. "En la actualidad, y según los últimos informes municipales incorporados a la causa, supera el número de 17.000", se indica.

Ante esta situación, se admite, se llevó a cabo una reestructuración de servicio de Disciplina "para dar impulso a los procedimientos en trámite", lo que trajo consigo el relevo de algunos funcionarios, "con el consiguiente malestar de estos y el nombramiento y designación de otros".

El juzgado da validez al análisis realizado por el Ministerio Fiscal en su informe, al entender que esas medidas afectaron a la tramitación de los asuntos de Villas del Arenal, sobre todo como consecuencia del proceso de información reservada que en septiembre de 2015 ordenó la Alcaldía para investigar la denuncia de acoso realizada por la ex jefa María Esther Sedano, y por el malestar o inseguridad que todo ello pudo generar en los funcionarios del servicio de inspección.

"Los testigos que han declarado durante esta instrucción, todos conocedores de los hechos que se investigan, ninguno de ellos dijo haber recibido por parte de don Francisco Pomares Fuertes o don José Cardador Jiménez presión, directriz ni insinuación alguna tendente a paralizar, dilatar o imprimir lentitud de alguno de los procedimientos en trámite", se asegura en el auto.

Al tiempo, se señala que proceso de información reservada "obviamente perturbó y paralizó durante meses la tramitación de los asuntos de Villas del Arenal, pero hay que añadir que no solo afectó a esos procedimientos, sino que afectó por igual a todos los procedimientos en trámite".

"Lo actuado no acredita que se cometieran auténticas infracciones de procedimiento, en el sentido de elusión absoluta de los controles que el propio procedimiento establece sobre el fondo del asunto", insiste el juez, que considera que del análisis de la extensa documental que obra en la causa, "no puede desprenderse, a título indiciario, que los investigados hayan tenido una intervención directa o indirecta tendente a obstaculizar las actividades propias del servicio". Las partes personadas en la causa disponían de un plazo de tres días para presentar recurso contra la decisión de archivo y sobreseimiento.

Con esta decisión, se pone fin a un proceso que se alarga desde hace casi once meses. Si en el caso de Cardador la afección ha sido menor, por cuanto a continuado desempeñando sus tareas como coordinador general de Ordenación del Territorio y Vivienda a pesar de haber estado investigado, no ha ocurrido lo mismo con Pomares.

Si bien mantuvo su acta de concejal en los meses previos a las elecciones y tomó posesión como edil de la nueva Corporación tras las municipales del pasado mes de mayo, ha permanecido hasta la fecha sin funciones ejecutivas. El compromiso del alcalde, Francisco de la Torre, no obstante, ha sido el de otorgarle las competencias como concejal de Vivienda y Derechos Sociales, así como del distrito Palma-Palmilla en el momento en que fuese archivado el caso.