El juicio de Astapa no se suspenderá para investigar el papel de Villarejo
Cuarta jornada de exposición de cuestiones previas el presidente del tribunal
Manuel Reina, primer acusado del caso Astapa que acepta las irregularidades de las que se le acusan
Citan como testigo al excomisario Villarejo
Málaga/El juicio del caso Astapa sobre una presunta trama de corrupción política y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona veinte años atrás no se suspenderá para investigar el papel del excomisario José Manuel Villarejo en la investigación como piden las defensas.
Así lo ha confirmado este jueves durante la cuarta jornada de exposición de cuestiones previas el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Rodero, puesto que la participación de Villarejo no supone, a su juicio, “una revelación inesperada que provoque una alteración sustancial” del proceso.
De manera que, en “referencia concreta a determinados medios de prueba que cuestionen la validez de lo que pueda decir este u otros testigos”, según se desprende del artículo 729 número 3 las partes podrán solicitar la inclusión de nuevas pruebas, aunque no estén “propuestas por las partes en el escrito de acusación”.
El órgano judicial abre de este modo la posibilidad de incluir nuevas pruebas, entre ellas las que pueden cuestionar lo expuesto por los testigos, que no se aceptaron en el auto de admisión dictado por el tribunal en septiembre puesto que no había oído previamente a todas las partes, ha abundado el juez Rodero.
En la última sesión de esta semana celebrada este jueves de un proceso que hunde sus raíces en una denuncia formulada en 2006 por dos concejales socialistas del consistorio, las defensas de los acusados han continuado con la exposición de las cuestiones previas que deberán finalizar, según lo previsto, el próximo 17 de enero.
La defensa de Ana María Crespo, hermana del exteniente de alcalde de Estepona José Ignacio Crespo, ha indicado que “la causa está confundida” y ha incidido -como ya lo han hecho otros abogados defensores en la causa- en que se basa en sospechas y conjeturas que el fiscal hace suyas sin comprobarlas previamente.
Y ha lamentado que "el tsunami de este macrojuicio” haya alcanzado muchas personas, entre ellas, a su defendida que -a su juicio- se la ha acusada sólo por su relación familiar y ha insistido en la nulidad de la instrucción.
La defensa de José Luis Cabas, propietario del Club Oasis, se ha sumado a las cuestiones previas planteadas por quienes le han precedido, pero ha destacado que sea cual fuere el resultado, “esto no exime a los acusados del sufrimiento que han padecido durante estos últimos 15 años”.
Esta ha sido otra de las partes que ha pedido la suspensión del juicio oral por una cuestión de “coherencia procesal”, a fin de que se investigue la intervención del excomisario Villarejo en la causa, ya denegada por el juez.
Además, ha indicado que resulta “desconcertante” la petición del fiscal de incorporar un nuevo bloque temático que -ha asegurado- les priva de ejercer la defensa y además les hace indicar que “existe una bruma en todo lo que concierne a este procedimiento”.
Por su parte, el abogado de Luis Linares, Víctor Moreno Catena, ha requerido la nulidad del auto del 29 de marzo de 2007 que autorizó las escuchas y la pruebas a las que dieron pie.
En opinión del letrado, “no hay indicios objetivos accesibles y verificables como exige la jurisprudencia” y se refiere, exclusivamente, a las declaraciones de dos personas no contrastadas -en alusión a los denunciantes- que afirmaron a coro y en referencia a lo que habían oído de terceros.
Para Moreno Catena, debieron contrastarse dado que los denunciantes tenían intereses particulares; pero no sólo no se verificó ningún documento -ha manifestado-, sino que se dio por cierto el contenido de una denuncia donde se hablaba del denominado informe "Codelsa" sobre la valoración alternativa de unos terrenos, que -según el letrado- “ni existe, ni ha existido”.
El planteamiento de las cuestiones previas finalizará el martes de la semana próxima y dado el volumen de los aspectos desgranados por los abogados de los 50 acusados y los 27 citados por su presunta responsabilidad civil, el tribunal ha determinado un plazo de algo más de un mes para estudiarlas y resolverlas.
Una vez finalizado ese mes, la fase de pruebas se reanudará a partir del próximo 7 de marzo en la Audiencia Provincial de Málaga.
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