El juicio fijado por el Juzgado de lo Social nº 2 de Málaga a cinco años vista para valorar el caso de un vigilante de seguridad del aeropuerto de Málaga que reivindica una mejora laboral ha sido suspendido tras el recurso elevado por su abogado, Damián Vázquez, que denunció la "dilación indebida" del procedimiento. La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, desestima parcialmente la queja al considerar que, si bien el retraso de la citación "es indeseable", también lo sería "vulnerar el derecho a la igualdad, accediendo a adelantar este asunto en detrimento del resto de sus iguales ante la ley".

El letrado, del despacho Vázquez Abogados, había presentado una reclamación ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Colegio de la Abogacía de Málaga argumentando que el juzgado había vulnerado el derecho constitucional a la tutela judicial al fijar la fecha de celebración del acto de juicio cinco años después de que el afectado presentara la demanda. El órgano dio traslado del escrito al letrado de la administración de Justicia responsable del órgano judicial competente, así como al Servicio de Inspección.

Con esta resolución, el señalamiento previsto "queda sin efecto", a la espera de fijar nueva fecha de juicio acorde con la "reestructuración en marcha y conforme a la antiguedad y clase de procedimiento". Y ello se traduce en que el juzgado se encuentra ahora, en palabras del letrado, "reorganizando la agenda", por lo que todavía desconocen cuándo tendrá lugar la citación. "Ahora tenemos la incertidumbre de no saber cuándo se celebrará. Se supone que lo adelantarán, pero lo ideal habría sido indicar el día en la resolución", subraya Vázquez. Si bien reconoce que "los juzgados no tienen medios y los jueces están sobrepasados", sostiene que este juzgado de lo social "no es de los más colapsados". De hecho, la resolución judicial alude además a que ese mismo día también se fijaron otros juicios "con fecha de demanda y materia equiparables". "Este juzgado está continuamente reorganizando señalamientos, pero eso es una locura porque va cambiando la fecha de un mismo juicio hasta dos y tres veces", apostilla el letrado, al tiempo que lamenta que no haya "expectativas de crear nuevos juzgados".

Fue el pasado mes de octubre cuando el trabajador afectado,  representante del sindicato Auje, supo que su caso no se resolvería hasta 2029. En declaraciones a Málaga Hoy que para entonces ya podría retirarse de forma parcial. “Eso no es justicia; no es normal. Ya estaré a punto de jubilarme cuando llegue el juicio”, criticaba.

Por su parte, el abogado aseveraba que se trataba de una "dilación indebida que perjudica a los letrados y a los clientes". Y con ella "se han superado todos los récord". Los retrasos, precisa el abogado, son ya habituales en la jurisdicción social, que se ocupa de resolver los litigios de carácter laboral". "Hablamos de una reclamación de dinero que se necesita. Si hay recurso de suplicación nos meteríamos en ocho años. No hay cuerpo que lo aguante", remachaba.

Apagón informático por una sobrecarga de trabajo del 200%

Cabe recordar que el juzgado que aplazó al 1 de febrero de 2029 esta vista oral acumula una carga de trabajo superior al 150%. Y pese a ello no es de los más colapsados, ya que ocupa el cuarto lugar. El atasco judicial y el consecuente exceso de tarea de los empleados de esta administración condujo a finales de octubre al personal funcionario al apagón informático en señal de protesta. Así, decenas de funcionarios de los juzgados de Primera Instancia de Málaga cesaron en el desempeño de sus funciones, durante unos minutos, para quejarse por la "sobrecargan que soportan" sus órganos judiciales, pues supera, en la mayoría de los casos, el 200%, asegura el Sindicato Profesional de Justicia (SPJ) y la Unión Sindical Obrera (USO) haciendo referencia a los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"La carga es inasumible y al final repercute en el ciudadano", advirtió Alfonso Justicia, secretario de Organización de SPJ-USO en Andalucía, al tiempo que anunciaba que aquel apagón informático también se llevaría a cabo en el resto de jurisdicciones. La semana siguiente estaba previsto que la protesta se ejecutara en los juzgados de lo Social.

El sindicato achacaba esta situación a "la ya histórica pendencia y carga de trabajo que encabeza la administración de Justicia andaluza frente al resto de territorios transferido" y al "quebradizo aterrizaje" del sistema de gestión procesal Adriano. La herramienta, denunciaba, ha supuesto "el descontento generalizado de los cuerpos generales de Justicia, no solo su ineficaz implantación, también y sobre todo, por su inoperante resolución de incidencias".