El juicio por la muerte violenta de una mujer se celebrará 11 años después

Ya hay fecha para el juicio por la muerte de Lucía Garrido, la mujer hallada muerta en la piscina de la finca Los Naranjos en Alhaurín de la Torre con golpes y un corte en la yugular. 11 años ha habido que esperar para que los cuatro investigados, que están en libertad, se sienten en el banquillo de los acusados. Lo harán a mediados de septiembre. Uno de ellos es el ex marido de la víctima, Manuel Alonso, “como autor intelectual o mediato por inducción y cooperación necesaria”. Una segunda persona está investigada como “autor directo del asesinato”, mientras que a las otras dos, que son guardias civiles, también se les enjuiciará “por inducción o cooperación necesaria del delito”.

Rosa Garrido, la hermana de Lucía, ha sido la que, junto a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha mantenido viva la lucha para esclarecer el caso, todavía con numerosos interrogantes sin resolver, y que los culpables cumplan la condena más justa. Desde el principio, la mujer se ha mostrado convencida de que los supuestos negocios turbios de la ex pareja de Lucía con la cúpula antidroga de la Guardia Civil han estado vinculados con el asesinato, ocurrido el 30 de abril de 2008.

En la vista oral, que contará con varias sesiones, Manuel Alonso, del que la fallecida había decidido separarse un año antes de los hechos, comparecerá como investigado pese a que la Fiscalía ya retiró los cargos contra él y volvió a pedir su sobreseimiento, a diferencia de la Audiencia Provincial, que dictaminó que existen hasta 13 indicios de su presunta participación en el asesinato.

En una entrevista con este periódico a la que accedió hace un año, Rosa Garrido, denunciaba que el proceso está rodeado “de mucha basura a alta escala”. Estaba convencida de que se enfrentaba no solo a una “organización criminal sino también a una mafia policial”. “No voy contra la institución de la Guardia Civil. Reconozco que ha habido héroes que se han jugado su vida, pero deben limpiar las manzanas podridas”, insistía Rosa.

Se refería al informe dado a conocer por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil de Málaga, en el que se apuntaba que en la planificación del asesinato de su hermana “pudo existir la presencia de uno o varios agentes del Instituto Armado vinculados al tráfico de drogas”.

El mismo documento recogía que la finca en la que residían Manuel Alonso y Lucía pudiera ser “permanentemente utilizada como guardería (almacén) de estupefacientes por parte de organizaciones criminales”. Unos hechos de los que la fallecida “era testigo directo, lo que lo convierte en motivo suficiente para que representara una amenaza”. Asimismo, recordaba que el ex marido llegó a cumplir cinco meses de prisión “por impago de la pensión alimentaria”. La hija de ambos apenas tenía 10 años cuando el cadáver fue hallado flotando en la piscina.

La hermana de Lucía entiende que “las cosas se hicieron mal desde el principio y daban por hecho que esto no se iba a investigar porque éramos una familia sin recursos”. Su intención es que la víctima “descanse en paz” y también pueda hacerlo su familia.

La investigación de la muerte de Lucía Garrido ha pasado por manos de al menos cinco jueces. En palabras de la AUGC, que este miércoles ofrecerá una rueda de prensa para analizar el caso, han sido varias las “irregularidades” y las “pruebas perdidas” durante la instrucción. Una de ellas es la identificación de un individuo que aparecía en los ordenadores de la que fuera su pareja bajo el pseudónimo de “matador” y que podría tener relación con un hombre que murió por disparos en Mijas en septiembre de 2015.

Otro asesinato en el mismo lugar y del mismo modo arrojaba más sombras a una investigación que más de una década después todavía no ha impuesto ningún castigo.