La Junta declara desastre natural en 16 municipios de Málaga y repara de urgencia tres carreteras

La Junta de Andalucía mueve ficha para reparar los daños causados por la DANA. Para ser exactos, el Gobierno ha acordado movilizar, en primera instancia, al menos 75 millones de euros destinados a reparaciones en las provincias andaluzas afectadas, al tiempo que ha procedido a la "declaración de situación excepcional" por las incidencias. En el caso de la provincia de Málaga, se ha aprobado la declaración de desastre natural con especial atención a los terrenos agrícolas en un total de 16 municipios y la actuación en tres carreteras que aún no han podido ser reparadas.

En rueda de prensa, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha dado cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, que, por primera vez, ha activado el decreto DANA, desde que se aprobó en diciembre de 2023, y que permite regular las ayudas especialmente destinadas a los ayuntamientos, fundamentalmente por fenómenos naturales o por emergencias y catástrofes públicas.

Así, se ha procedido a declarar como desastre natural terrenos agrícolas de los municipios de Alhaurín de la Torre, Álora, Cártama, Carratraca, Casarabonela, Coín, Pizarra, Tolox, Almogía, Casabermeja, Málaga, Antequera, Ardales, Teba, Valle de Abdalajís y Villanueva de la Concepción. Dentro de las actuaciones, a cargo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se encuentra además la reparación de los caminos rurales que hayan quedado intrasitables y que supongan un grave peligro para la población.

Por su parte, la Consejería de Fomento actuará en las carreteras A-343 y A-7057, en Álora y Cártama, donde se produjeron desprendimientos de rocas, deslizamientos de taludes y obstrucción de obras de drenaje, y que hasta la fecha no habían podido subsanarse. Las obras han sido declaradas de emergencia.

También se trabajará en algunos puntos de la A-343, en concreto, en el kilómetro 31,8, donde se reconstruirá parte de la solera y los muros de protección lateral, y también en los puntos kilométricos 35,9 y 41,1, en los que se ejecutará un nuevo sistema de defensas, es decir, barreras, que fue destruido al pasar el agua por encima de la calzada. En la A-7057 además de la construcción de unos cunetones de protección para atenuar los efectos sobre la plataforma de la carretera frente a las crecidas del río Guadalhorce se sustituirán las juntas de dilatación del viaducto.

Los 75 millones de euros inicialmente previstos para las provincias afectadas están destinados fundamentalmente al campo andaluz (50 millones), a corporaciones locales (12 millones) y a la reparación de diversas infraestructuras (12 millones para centros educativos y once millones para infraestructuras viarias). La consejera de Hacienda, asimismo, ha precisado que, conforme vayan pasando los días y se vayan concretando las valoraciones de daños, se afinará más en la cantidad, pero de entrada, serán al menos 75 millones de euros.

Ayudas a entidades locales

Desde que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la declaración de situación excepcional aprobada este martes el Consejo de Gobierno, las entidades locales incluidas en ella tendrán diez días de plazo para solicitar las ayudas fijadas en la misma. En la solicitud deberán adjuntar un programa de las actuaciones a desarrollar. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública será la encargada de dictar las resoluciones de concesión y los recursos serán abonados con anterioridad a su justificación y en el más breve plazo posible. Estarán sometidas a fiscalización previa y la entidad local presentará electrónicamente una certificación justificativa emitida por el secretario y/o interventor municipal.

Así, serán subvencionables las actuaciones de restitución, reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración, especial conservación o limpieza, reposición a su uso propio o cualesquiera otras de carácter similar, que afecten a las infraestructuras e instalaciones dañadas destinadas al ejercicio de las competencias locales, así como a la prestación de servicios públicos de su competencia, ya sean gestionados directa o indirectamente.

También la reparación del mobiliario urbano dañado o la adquisición de nuevo para reponerlo, siempre que sea de titularidad local, tales como farolas, bancos, vallas y similares, así como las obras necesarias para su instalación y cualquier actuación accesoria que sea necesaria para restituir servicios o reforzar las infraestructuras e instalaciones afectadas. Igualmente, serán subvencionables los trabajos de limpieza de vías, retirada de escombros o lodos, o cualquier otra de mantenimiento o conservación de infraestructuras y bienes de titularidad local.

Asimismo, las ayudas se podrán destinar a actuaciones necesarias para mantener la prestación de los servicios públicos de la competencia local mientras perdure la situación de emergencia, calamidad o catástrofe, tales como el abastecimiento de agua potable mediante la adquisición de cisternas de agua.

Por último, se pueden incluir las actividades técnicas necesarias para realizar las obras e intervenciones como la redacción de proyectos, direcciones facultativas y similares, cuando no sean realizadas por los propios medios municipales. Los ayuntamientos tendrán tres años para ejecutar las actuaciones desde que reciban el dinero y, una vez terminadas, deberán presentar la justificación en el plazo de tres meses.