Un juzgado obliga a Limasa a proteger más a sus trabajadores frente al coronavirus

Málaga/El Juzgado de lo Social número 3 de Málaga ha obligado a la empresa mixta de limpieza Limasa a mejorar la protección de sus empleados en la lucha contra el coronavirus, estimando así parcialmente la denuncia presentada por el sindicato de Trabajadores de la Administración Local (Stal).

Según reza el auto, “se condena a Limasa a dotar a sus trabajadores de los EPIs necesarios para proteger su salud en las actividades de desinfección que están llevando a cabo por toda la ciudad de Málaga en zonas especialmente sensibles (hospitales, centros de salud, supermercados, mercados...) consistentes en dotarles de mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección, guantes y gel desinfectante”. Esta era la primera medida reclamada por el sindicato en el juzgado.

Por otra parte, el juzgado también ha tenido a bien aceptar la segunda reclamación sindical y ha condenado a Limasa a “incluir en el protocolo contra el COVID 19 como grupos especialmente vulnerables a las personas mayores de 60 años e hipertensos arteriales, adoptando además las medidas necesarias para evitar su contagio, apartándoles del servicio que prestan actualmente desinfectando zonas de riesgo”.

El sindicato presentó el 18 de abril la solicitud de medidas cautelares reclamando esas dos medidas. En este sentido, denunciaban que la empresa había dotado a los trabajadores de mascarillas tipo concha que, según señalaban, son “insuficientes para evitar contagios en las labores de desinfección, dado que las mismas no filtran, ni evitan el paso de partículas por lo que no son el medio de protección suficiente, y asimismo que, pese a ser de uso de diario, únicamente se les ha proporcionado una unidad a utilizar durante todo el tiempo”. También criticaban que no se les ha dado gafas de protección.

Este sindicato recordó que los trabajadores de Limasa están trabajando en lugares sensibles como hospitales, centros de salud, mercados u supermercados y que hay también 13.500 contenedores de basura, barandillas o bancos públicos que hay que limpiar y desinfectar, con el consiguiente riesgo de contagio.

Stal reclamó al juzgado una tercera medida que, finalmente, no ha sido aceptada. Era, afirmaban, obligar a la empresa “a actualizar y adecuar el protocolo contra el COVID 19 a las medidas preventivas que han recomendado las autoridades sanitarias y que a día de hoy no se están implementando en la actividad de limpieza que desarrollan sus trabajadores (respetar la distancia de seguridad entre trabajadores dentro de los vehículos, evitar aglomeraciones en los centros de trabajo, articular otros medios para la obtención de guantes...)”. Contra esta resolución no hay recurso.