Un juzgado de Málaga advierte de que solo puede atender lo "urgente" por las bajas de cinco funcionarios

El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Málaga se encuentra bajo mínimos por las bajas médicas de cinco funcionarios, que no han sido cubiertas, y las vacaciones -de más de dos meses- de las que disfruta otra empleada pública a pesar del informe desfavorable del secretario judicial, ha informado él mismo en un escrito alertando sobre la situación.

"Se comunica a los profesionales y demás usuarios del servicio público de la administración de Justicia que, al día de la fecha -14 de febrero-, la situación de este juzgado, en lo que al personal que presta sus servicios en el mismo se refieren es la siguiente: cinco bajas médicas no cubiertas y una funcionaria disfrutando de más de dos meses de vacaciones con informe desfavorable del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) que suscribe", describe.

Así, el secretario judicial informa de que el juzgado solo dispone de una trabajadora del cuerpo de auxilio judicial y tres funcionarios de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa (GPA) y de Tramitación Procesal y Administrativa (TPA) "ejerciendo sus funciones al frente de sus negociados". Este panorama "hace inviable prestar el servicio público de la administración de Justicia con normalidad", asegura en el escrito.

En consecuencia, el LAJ advierte de que, "mientras los órganos competentes en materia de medios personales de la Junta de Andalucía no cumplan con su cometido", solo se garantiza la atención de aquellas actuaciones de carácter urgente e inaplazable de los negociados afectados por la ausencia de sus funcionarios", sin que el resto de trabajadores "estén obligados a atender cualquier otra cuestión relacionada con aquellos".

Por su parte, la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Teresa Pardo, ha manifestado que desde el Gobierno andaluz "respetan plenamente el derecho de cada funcionario a ponerse malo" y que, al respecto, "se están tomando las medidas oportunas y viendo qué sucede". Justifica que las bajas "son recientes", que "han coincidido varias a la vez" y que "no se pueden cubrir de hoy para mañana" debido a unos "trámites legales y procesales que hay que cumplir".

El colapso de la Justicia en Málaga

La histórica falta de medios de la administración de Justicia y las particularidades delictivas que presenta Málaga hace especialmente compleja a esta provincia. El volumen de asuntos, cada vez más complejos, y la falta de personal hacen evidente que la provincia, con 81.873 casos ingresados en sus distintos órganos judiciales durante los nueve primeros meses del año, alcance la litigiosidad -cantidad de pleitos iniciados durante ese periodo- más alta de Andalucía seguida de Sevilla (62.998), Cádiz (43.590), Granada (33.874), Almería (26.489), Córdoba (23.591). Huelva (18.308) y Jaén (17.072). También se coloca la cuarta de España en este asunto, solo por detrás de Madrid (236.475), Barcelona (201.893) y Valencia (86.585). Así lo recoge el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2023, recogido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y consultados por este periódico.

Además, las cuatro jurisdicciones -civil, penal, contencioso-administrativa y social- ya acarreaban al inicio del año 148.555 procedimientos anteriores, que se han acumulado a los registrados hasta septiembre de este año, cuando se han cerrado un total de 75.228 casos, quedando en trámite para el siguiente periodo 156.278 casos más. Estas cifras arrojan una tasa de litigiosidad de 46, 7 por cada millar de habitantes. También suponen una tasa de resolución del 0,92, de pendencia –o, lo que es lo mismo, el cociente entre los asuntos pendientes al final de un período y el número de asuntos resueltos en ese tiempo– del 2,08 y de congestión del 3,06.

Los procedimientos penales (55.052) resaltan especialmente entre los números. En los asuntos que manejan estos órganos judiciales malagueños también los 36.243 que entraron en los juzgados de Instrucción, los 11.464 que ingresaron en los de Primera Instancia e Instrucción (11.464) y los 3.762 de los juzgados de Violencia contra la mujer. Los juzgados de Primera Instancia (procedimientos civiles, 22.281) acumularon, por su parte, 13.629 litigios, seguidos de los de Primera Instancia e Instrucción de esta jurisdicción, con 5.866, y de los de los juzgados de lo Social (3.831). La Audiencia de Málaga ha ingresado un total de 2.764 asuntos, 1.491 penales y 1.193 civiles.

Es cierto que las cifras son abrumadoras. Sin embargo, si se hace la comparación con el mismo periodo de 2014, primer año en el que hay registros de litigiosidad en la provincia, se puede observar que entonces el número de asuntos que ingresaron fue bastante superior: 110.696, resolviéndose 106.611 y quedando pendientes 108.774. Durante el tercer trimestre de 2015 los procedimientos registrados descienden levemente (110.591). Es en 2016 cuando se produce una caída abrupta de los casos que llegan a los juzgados de Málaga, con 63.015. Si bien, desde entonces, la tendencia se mantiene al alza -a excepción de 2021, año en que continuaban los efectos de la pandemia originada por el Covid-19 en 2020-.

Excesivamente altas resultan también las sentencias pendientes de ejecución, que en el caso de la provincia se elevan hasta las 93.203. Es en la jurisdicción civil se albergan las cifras más preocupantes: a finales de septiembre de este año quedaron 76.644 ejecuciones, mientras que fueron apenas 3.420 las que se registraron y 5.174 las que se resolvieron durante el tercer trimestre de 2023. De tipo penal se llegaron a resolver durante el mismo periodo 4.550, mientras que el número de ingresos fue de 3.376. A pesar de ello, cuando el ejercicio se dio por finalizado, 16.798 sentencias también quedaron pendiente de ejecutarse.