Un juzgado investiga si el sargento de Benahavís retiró multas a familiares

El juzgado número 3 de Marbella ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra el sargento primero del puesto de Benahavís en la que se le acusa de una serie de supuestas irregularidades como la retirada de multas de tráfico a familiares suyos y la falsificación de firmas en documento oficial. En el auto, al que tuvo acceso este periódico, se acuerda la incoación de diligencias previas al tratarse de "hechos que pudieran ser constitutivos de delitos".

En la querella, también conocida por Málaga Hoy, la AUGC relata una serie de presuntas arbitrariedades por parte del sargento. Una de ellas, teóricamente, sucedió en julio de 2009 después de que un guardia civil alumno denunciara a un vehículo por no haber pasado la ITV. Al día siguiente, según consta en la denuncia, la persona objeto de la infracción telefoneó al cuartel asegurando que era amigo del alcalde y de su mujer y que deseaba hablar con el sargento "para ver si le podían quitar la multa". Según la AUGC, después de esa llamada, en la Jefatura de Tráfico no existía ese boletín de denuncia ni tampoco constaban el titular ni el vehículo, aunque, siempre según la querella, el documento que se archivó en el puesto de Benahavís figuraba como enviado.

En la denuncia admitida a trámite se indica que unos meses antes, concretamente en abril de 2009, se sancionó al propietario de un ciclomotor por circular con la matrícula ilegible. En el vehículo supuestamente viajaba como copiloto el hijo del sargento. "Al igual que en la anterior denuncia ésta tampoco existe ni tienen constancia de la misma en la Jefatura de Tráfico", se asegura en el documento. Asimismo, en la querella se expone que existen denuncias interpuestas por el sargento y otros guardias civiles a diversos establecimientos en virtud de la ley antitabaco entonces vigente. A uno de los bares, propiedad del primo de la mujer del citado sargento de puesto, se le requirió la documentación de la máquina expendedora así como el listado de precios. El bar, según consta en la denuncia, carecía de licencia para la venta de tabaco y los precios excedían de lo permitido por la ley, por lo que se redactó la correspondiente infracción, que consta en el registro de salida del cuartelillo el día 20 de julio. Sin embargo, según la AUGC, en el Comisionado de Tabaco no tienen referencia de ésta, "aunque otras del mismo puesto sí han tenido curso legal y por ende han sido sancionados". En el registro interno, el número de esa denuncia contra el local se correspondía en teoría con la sustracción de un vehículo a motor. En la querella se añade, además, que uno de los cabos de la Guardia Civil prestó declaración sobre los hechos y negó que la letra de esa denuncia tramitada fuera la suya, sino la del sargento primero jefe del puesto.

La AUGC, que cuenta con mil asociados y en cuyos estatutos figuran como principios la lucha contra la corrupción desde dentro de la institución, puso estas presuntas irregularidades en conocimiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga el pasado 4 de julio de 2011. "A pesar de la gravedad de los hechos ninguna medida se ha adoptado" por parte del citado organismo del Instituto Armado, expone el escrito. Unos meses después, en mayo de 2012, la AUGC recibió un CD que contenía diversa documentación sobre este caso. En ese CD, siempre según la querella, figuraba el expediente sancionador incoado por un alto mando contra el sargento primero. El capitán instructor del caso consideraba que las presuntas irregularidades cometidas por el sargento podían ser constitutivas de falta grave o muy grave y para ello se amparaba en los artículos 7.25 y 8.34 del régimen disciplinario del Cuerpo. El primero tipifica como muy grave la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales, cuando con ello se cause perjuicio a la administración, a los ciudadanos o entidades locales, mientras que el 8.34 tipifica como grave eludir la tramitación o resolución de cualquier asunto profesional u omitir conscientemente una actuación.

A raíz del informe elaborado por el capitán instructor del caso, uno de los asesores jurídicos de la Guardia Civil consideró, siempre según la AUGC, que las supuestas irregularidades cometidas por el sargento deberían ser sancionadas como una falta grave, por lo que al pasar ya dos años de los hechos estaba prescrita. El director general de la Guardia Civil, tras tener conocimiento del dictamen de su asesor jurídico, estimó, según la querella, que no existían por tanto "indicios de la perpetración de falta muy grave que propuso el capitán".

No obstante, este oficial había asegurado en sus conclusiones "que independientemente de que los hechos examinados pudiesan estar incluidos en los dos artículos de la ley disciplinaria" procedía derivar el caso al Ministerio Fiscal "dado que alguno de los mismos, relatados, investigados y constatados podrían presentar tintes de ilicito penal", algo, que según la AUGC, no llegó a producirse.

Por ello, la AUGC presentó una querella contra el sargento, que sigue estando al frente del puesto de Benahavís, y contra "quien resulte ser criminalmente responsable de promover su persecución o de encubrimiento de los artículos 450 y 451 del Código Penal".

En el auto, el juzgado número 3 de Marbella le pide a la Comandancia de la Guardia Civil que aporte copia íntegra del expediente seguido contra el sargento y copia de los libros-registros de las denuncias recogidas. Además, le solicita a la Jefatura de Tráfico que facilite al juzgado el documento acreditativo de la tramitación de las denuncias. Al Comisionado de Tabaco le requiere también que atestigüe la tramitación de la denuncia contra el bar propiedad del primo de la mujer del sargento y, finalmente, a la Comandancia de Málaga que facilite el informe interno que se haya podido instruir.

Este periódico intentó sin éxito el pasado jueves conocer la versión oficial de la Comandancia de la Guardia Civil.