Lío con el nuevo decreto andaluz de viviendas turísticas: los propietarios dicen que les "criminaliza"

Málaga/La regulación de las viviendas turísticas siempre ha sido motivo de discordia y la tramitación de un nuevo decreto por parte de la Junta de Andalucía va camino de convertirse en otro lío. La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha anunciado hoy que presentará alegaciones a este nuevo texto normativo y anima a todos los propietarios de este tipo de inmuebles a que también lo hagan porque entienden que este decreto "criminaliza al sector y va en contra de la propiedad privada".

El consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 19 de abril que la Consejería de Turismo iniciara los trámites para elaborar un nuevo decreto de los apartamentos turísticos (AT) y de las viviendas con fines turísticos (VFT). Aunque puedan parecer lo mismo, son totalmente distintos ya que los apartamentos turísticos son considerados prácticamente hoteles y se rigen por sus normas mientras que las viviendas son de empresas o particulares y tienen unos requisitos distintos. La Junta quiere aunar la regulación de los dos.

En el caso concreto de las viviendas con fines turísticos, la Junta informó que "se revisarán las condiciones de explotación y se regulará la figura de las empresas gestoras de VFT como titulares de la explotación de varios de estos alojamientos", añadiendo que "esa figura vendrá a profesionalizar la explotación de las viviendas y a facilitar las relaciones con la Administración turística".

En la patronal andaluza de viviendas turísticas no lo ven así. De hecho, su presidente, Carlos Pérez-Lanzac, señala que el decreto que se quiere poner en marcha "es tremendamente gravoso y no refleja la realidad del sector ni su importancia en la economía de nuestra región". Esta asociación no se opone a que la regulación meta en el mismo saco a AT y VFT, pero cree que la medida "viene a restringir intervenir y encorsetar la figura de las VFT, creando la figura profesional de VFT para destruirla, y plantea unas modificaciones para los AT donde se relajan los criterios básicos con mejoras poco ambiciosas".

Desde AVVAPro se subraya, como ya han hecho en otras ocasiones, que "se ataca a la propiedad privada cuando en las condiciones de explotación de las VFT se asegura que una misma persona o entidad solo podrá disponer de dos viviendas con fines turísticos en toda la comunidad autónoma". "No se puede imponer semejante límite si lo que se busca es profesionalizar el sector y atender a consumidores y usuarios, ya que habría una importante pérdida de competitividad para el destino", insisten.

Los propietarios de viviendas turísticas aseguran que el mercado ya está "perfectamente ordenado" y ponen como ejemplo el registro de inmuebles en la Junta de Andalucía y la existencia de "medidas fiscalizadoras e inspectoras sumamente eficaces, además de los propios mecanismos establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal para limitar las VTF". Esta patronal subraya que en Andalucía hay 84.172 viviendas turísticas -la mayoría en Málaga- que generan 15.100 empleos directos y un ingreso de 1.800 millones de euros.

La aparición de viviendas con fines turísticos pilló completamente por sorpresa hace unos años a las administraciones. Siempre había habido particulares que habían alquilado sus viviendas a otros para pasar semanas o meses en verano, pero era algo prácticamente casero, de boca a boca o con el típico cartel de se alquila colgado en la terraza. Con el nacimiento de Airbnb en 2008 ese fenómeno se multiplica, pues cualquier propietario puede poner su vivienda en alquiler para turistas en esa plataforma y recibir reservas directamente a través del móvil. Se profesionalizaron las reservas, se dispararon la demanda y la oferta y el negocio, cogiendo a las Administraciones a pie cambiado. Era y es dinero fácil para los propietarios y un quebradero de cabeza para los vecinos, sobre todo cuando esos pisos están en edificios completamente residenciales.

En 2016 la Junta de Andalucía aprobó su primer decreto para intentar regular esta situación, obligando a los propietarios a registrar las viviendas y a cumplir una serie de requisitos. Se redujo la burbuja porque no cualquier vivienda era apta para ser turística y la pandemia puso contra las cuerdas al sector al no poder recibir a clientes, hasta el punto de que muchos de los propietarios pasaron a alquiler sus inmuebles a inquilinos de larga temporada. El turismo ha vuelto, las viviendas turísticas vuelven a tener altos índices de ocupación -en el pasado puente de mayo superaron el 80% en Málaga capital- y vuelve el lío normativo. Habrá que ver qué ocurre en las próximas semanas, aunque no hay que olvidar que las elecciones andaluzas son el 19 de junio.