El litoral de los cadáveres inmobiliarios

HAY una página en internet que se dedica a inventariar los cadáveres inmobiliarios. La web está abierta a cualquiera que quiera desenterrar, adoptar o cuidar un muerto posburbuja urbanística. Según cuentan, desenterrarlo consiste en localizarlo y comunicarlo. Adoptarlo incluye aportar información sobre la promoción, estado en el que se encuentra, nombre y tipología. Y hay una última opción: ayudar al muerto, documentando todo lo que se pueda aportar sobre estos proyectos urbanísticos inacabados: desde el número de viviendas, su estado, quién aprobó el plan o quién lo construyó.

Se trata de una iniciativa para documentar los esqueletos de cemento a medio acabar que llenan la geografía española: urbanizaciones sin habitantes, edificios sin terminar, grúas que llevan años sin moverse y otros símbolos del pinchazo inmobiliario. O lo que es lo mismo, un catálogo sobre todos los paisajes robados por esas enormes moles de cemento que nunca se concluyeron y que hoy llenan la geografía de complejos abandonados, de los que han desaparecido puertas, ventanas, inodoros y hasta las tuberías y el cableado. En definitiva, de todo lo que puede ser vendido al peso.

La Costa del Sol está plagada de cadáveres inmobiliarios. Ni siquiera me refiero a las miles de viviendas aún sin vender, cuyo mercado parece que vuelve a activarse. El problema son la multitud de obras que se quedaron en el esqueleto, pillados sus promotores por la crisis o inmersos los constructores en quiebras judiciales. No hay más que circular desde Nerja hasta Manilva por la autovía o la autopista de peaje para descubrir un sinfín de urbanizaciones a medio acabar levantadas sobre pendientes imposibles; edificios de ladrillos en estructura y sin accesos; o promociones sin terminar que se venden al completo. Ninguna administración tiene un catálogo completo de este desastre medioambiental en el litoral malagueño. Hace varios años, en mitad de la crisis, se estimó en unas 8.000 las viviendas sin terminar en la Costa del Sol, una cifra que parece estar bastante por debajo de la situación real. Nadie ha ofrecido solución alguna a este problema, que incluye infraestructuras a medio construir o polígonos industriales desiertos.

Esta web, de momento, tiene documentados un buen número de cadáveres inmobiliarios, especialmente en la comunidad de Madrid, el litoral mediterráneo y Canarias. Hay ejemplos imposibles: un complejo de ocio con pista de esquí junto a una pedanía de 100 habitantes de Valladolid o una urbanización que fue diseñado para que los propietarios de cada vivienda pudieran aparcar una avioneta en su jardín. Todo delirio inmobiliario era poco para ofrecer. Entre ellos, un proyecto como el que se inició en Manilva, donde una promotora planteó edificar sobre 650 hectáreas de terreno, tres campos de golf, dos hoteles de lujo y hasta 7.000 viviendas. Años después del inicio de las obras, aquello se convirtió en una urbanización fantasma sin vida alguna, con calles empedradas y llenas de barro. "Un Chernobil en plena milla de oro", llegaron a titular algunos medios de comunicación.

En agosto del año 2012, la agencia nacional de gestión de activos de Irlanda, más conocida como el banco malo, comenzó a demoler ciudades fantasmas tras la burbuja inmobiliaria. Los primeros derribos fueron esencialmente por motivos de seguridad. La pregunta que surgió, por entonces, es si esto mismo que estaba ocurriendo en Irlanda podía pasar en España. Tres años después, hay respuesta: nada parecido se ha hecho en este país. Ni se han derribado edificios sin terminar, ni tan siquiera inmuebles declarados ilegales por ir contra el ordenamiento urbanístico.

Cuando hace unas semanas, varias sentencias de Supremo anulaban el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Marbella volvían a dejar en el limbo más de 16.500 construidas irregularmente en el municipio, conocimos que ese Plan, aprobado en 2010, apenas había logrado solucionar la situación de un 10% de ellas. O sea, diez expedientes que afectaban a 1.105 inmuebles. La mayoría de las empresas promotoras que levantaron esos edificios no se acogieron a la posibilidad de legalizarlos pagando compensaciones al consistorio. Muchos de ellos huyeron. Otros tantos hicieron desaparecer sus empresas. A pesar de los desmanes urbanísticos y del caos legal que provocó la era del GIL en el municipio, la realidad es que en Marbella no se ha tirado ni una sola casa ocupada a pesar de las distintas sentencias judiciales contra promociones enteras levantadas en zonas verdes o equipamientos públicos. De hecho, el propio plan anulado dejaba sin solución 1.500 viviendas construidas irregularmente que no podían ser legalizadas, al levantarse sobre suelo no urbanizable de especial valor. Todas siguen en su sitio.

Quizás la principal cuestión que debería abordar cualquier nuevo planteamiento urbanístico en la Costa del Sol debería empezar por disponer de una información real de lo ocurrido en el litoral con el boom inmobiliario. Un censo exacto de las viviendas sin vender, los edificios sin terminar y las urbanizaciones fantasmas que inundan el paisaje. Resulta poco estimulante escuchar a las autoridades hablar de la recuperación del sector de la construcción teniendo todavía el litoral lleno de cadáveres inmobiliarios.