Comienza el juicio del caso Astapa, sobre presunta corrupción en Estepona

Málaga/La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto comenzar este lunes el juicio del denominado caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona, un procedimiento que se inició en 2007, hace 16 años, y en el que hay 50 acusados, entre ellos el que fuera alcalde de dicho municipio, el exsocialista Antonio Barrientos.

La vista oral comenzará con las cuestiones previas que defensas y acusaciones expondrán este lunes y los días 10, 11, 12, 16 y 17; tras lo que el Tribunal examinará y tomará decisión sobre las alegaciones que puedan resolverse, así como sobre las diligencias de pruebas que se propongan. El desarrollo de la prueba comenzará desde el 7 marzo, en sesiones de mañana de lunes a miércoles de cada semana.

El juicio se divide en diez bloques que abordarán los distintos los asuntos investigados, como son los distintos tipos de convenios; las actuaciones en materia de disciplina urbanística; los depósitos bancarios en Suiza y Andorra; los contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento; y los supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias.

Asimismo, también se trata en esos bloques los presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas; la supuesta financiación irregular de partidos políticos; los incrementos patrimoniales de algunos acusados y, por último, las actuaciones que presuntamente fueron irregulares de técnicos municipales.

Las primeras detenciones se produjeron en junio de 2008, aunque la investigación comenzó antes a raíz de una denuncia presentada por dos ediles del PSOE, formación que gobernaba entonces la localidad junto con el Partido de Estepona (PES). En esta causa, que llegó a tener más de 100 personas imputadas, se han investigado fundamentalmente delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

Para Barrientos, que estuvo seis meses en prisión provisional, la Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa, acusado por los supuestos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Además, están acusados otros cinco ex responsables municipales entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona; así como empresarios y funcionarios. También figuran empresas como responsables civiles subsidiarias y otras personas como supuestas responsables civiles a título lucrativo.

La Fiscalía Anticorrupción acusa por supuestamente tener "una 'Caja B' con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios", a través de donaciones o patrocinios de actividades; y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para "beneficiar a ciertos empresarios". Estima inicialmente en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento a raíz del caso.

Según el escrito inicial de la acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los acusados que eran políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones "orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios" para "financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición" y también presuntamente para beneficio propio.

El fiscal apunta a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos "tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica" en el municipio, pero "en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios".

"Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una 'Caja B', procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios", dice la Fiscalía en su escrito provisional. Ese pago era presuntamente "impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales", dice el fiscal, apuntando que las contribuciones "se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales".

Asimismo, Anticorrupción apunta en su escrito inicial que "se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido". En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento "y se han detectado medidas "tendentes a beneficiar a ciertos empresarios a costa del interés público".

La acusación fiscal entiende además que presuntamente los acusados "también aprovecharon" para contribuir, junto a otros procesados, "a la financiación subrepticia de actividades electorales de sus respectivos partidos políticos por parte de empresarios favorecidos por resoluciones municipales y para obtener un lucro personal", con supuestos incrementos patrimoniales de algunos acusados.

El ex alcalde siempre ha defendido su inocencia y su actuación en todo momento "dentro de la legalidad"; además de asegurar que "nunca se ha enriquecido ni obtenido beneficio alguno, ya sea directo o indirecto", fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor. Además, incide en que los informes existentes están "plagados de errores" y planteará nulidades al inicio del juicio.

Barrientos ha sostenido siempre que desarrolló sus funciones como alcalde "dentro de la más estricta legalidad y siguiendo las opiniones emitidas por los funcionarios habilitados de carácter nacional del Consistorio y por los técnicos y los juristas municipales en sus informes, tanto en los preceptivos como en los que les eran solicitados".

Así, en el escrito de defensa, al que tuvo acceso Europa Press, señala que "nunca existió una caja B", al menos en los periodos en los que Barrientos fue alcalde y que en la tramitación de los convenios urbanísticos "incluso se adoptaron medidas adicionales de transparencia y control a las exigidas legalmente".

Sí señala que llevó a cabo gestiones para conseguir que empresas vinculadas a Estepona "sufragaran actividades o entidades de carácter cultural, social o benéfico (la gran mayoría); todas sin ánimo de lucro y cuyos destinatarios eran entidades y asociaciones"; una actuación que la defensa entiende "lejos de ser delictiva" en beneficio del Ayuntamiento.

Añade que el entonces regidor presentó hasta siete denuncias ante la Fiscalía de Málaga cuando tuvo sospechas de actuaciones que pudieran ser irregulares; y todos los convenios fueron remitidos a la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía" para su fiscalización.

En los convenios de planeamiento, la defensa explica que se pactaron entre las partes unas aportaciones económicas, "habiéndose ingresado íntegramente lo estipulado en las arcas municipales". "Se trató de plusvalías extraordinarias", insisten, cifrando esas plusvalías en "más de 60 millones" y negando perjuicio.

Asimismo, se incide en que "ninguna de las actuaciones" de Barrientos durante su gestión "le ha supuesto algún tipo de enriquecimiento personal", aseverando que la evolución de su patrimonio "se corresponde con los ingresos percibidos por el ejercicio de sus funciones y con las ayudas económicas recibidas de su madre".

Para la defensa del regidor, "el inicio de este procedimiento estuvo manipulado y se trató de un claro 'montaje' para controlar el urbanismo de la ciudad de Estepona al servicio de intereses económicos espurios de terceros". Así, ha pedido en varias ocasiones que se practiquen pruebas relacionadas con el ex comisario José Manuel Villarejo, por "su supuesto interés personal en esta investigación".