Málaga contrata de emergencia a una empresa para control de plagas tras la renuncia de la adjudicataria

Málaga/El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado por la vía de emergencia a la empresa Athisa la prestación del servicio de control de plagas, después de que la anterior adjudicataria, Andasur, comunicara su intención de resolver todos los contratos que tiene vigentes ante la imposibilidad de garantizar su cumplimiento.

Entre ellos figuran los dos que mantenía con el Ayuntamiento de Málaga: por un lado, el citado de control de plagas adjudicado en abril de 2019 por un importe de 143.472,9 euros anuales y que tras haber sido prorrogado por dos anualidades expiraba el 1 de mayo de 2025, y por otro, el relativo al servicio para desarrollar el Plan Municipal de Vigilancia y Control de mosquitos vectores de la fiebre del Nilo Occidental, formalizado en septiembre de 2022 por 30.930,8 euros para los dos años de ejecución (hasta el 23 de mayo de 2025).

Ante esta situación, el consistorio activó de forma inmediata el procedimiento para volver a contratar ambos servicios y garantizar su prestación, mientras trabaja en los pliegos para convocar un nuevo concurso que permita su adjudicación de forma ordinaria y con mayor duración.

El nuevo contrato ha sido adjudicado a Athisa por un importe de 142.255,30 euros, que comprende el coste de los servicios por un periodo de seis meses, aunque su duración e importe finales quedarán supeditados a la formalización del nuevo expediente de contratación. Los trabajos comenzarán la próxima semana.

Este contrato, correspondiente al servicio ordinario contra roedores y artrópodos, se suma al de refuerzo recientemente formalizado también a Athisa por 14.514,76 euros para el desarrollo durante el verano de un plan de acción para prevenir, vigilar y controlar la presencia de roedores en parques y jardines y su entorno.

La tramitación de emergencia está contemplada en el artículo 113 de la Ley de Contratos del Sector Público para circunstancias que supongan grave peligro.

En este caso, desde el Área de Sostenibilidad Medioambiental se justifica este paso en que no contar con un servicio de plagas supone un grave peligro para la salud pública, debido a las graves enfermedades infecciosas y parasitarias que roedores y cucarachas pueden transmitir a la ciudadanía.