Málaga crea una unidad aceleradora de proyectos en Urbanismo sin aclarar qué tiempos deberá cumplir

Málaga sigue tratando de desatascar el tapón en Urbanismo. El último paso, que ya se anunció el pasado febrero pero que ahora entra en vigor es la creación de una unidad aceleradora de proyectos que pretende servir como una suerte de autopista para aquellas iniciativas que se determinen como estrátegicos para la ciudad. Sin embargo, no han dado certeza alguna de cuánto se aligerarán los plazos o cuáles son los que tendrán que cumplir.

Carmen Casero, concejala de Urbanismo, ha explicado que para ingresar en esta unidad aceleradora hará falta cumplir con ciertos criterios objetivos. Estarán dentro de esta nueva unidad todas las promociones que tengan un porcentaje de VPO mayor al que obliga la ley, es decir, por encima del 30%. También aquellas que sean impulsadas por organismos públicos. Para los privados, ha destacado que habrá unos criterios marcados recalcando la objetividad de los mismos– entre los que estará la inversión o la creación de empleo, pero sin asignar ningún baremo concreto. En ningún caso, ha avisado, entrarán proyectos de viviendas libres.

El departamento será un "impulsor no un tramitador" de expedientes, es decir, seleccionará aquellos trámites que deben tener prioridad para Urbanismo, según ha declarado Casero, que ha explicado que empezará a funcionar con la publicación de la instrucción este mismo jueves y que dependerá directamente del gerente de Urbanismo, José María Morente. Al frente de la misma estará Elena Rubio, que fue destituida como jefa de Planeamiento, "está capacitada de sobra".

Sobre si tendrá más personal, el Ayuntamiento informa en una nota que "estará formado por un equipo multidisciplinar de empleados públicos", pero la concejala del ramo ha afirmado que "todos los departamentos son conscientes de que esos proyectos que están en la aceleradora estarán sometidos a unos plazos distintos y a unas cuestiones diferentes que se irán marcando desde esa unidad inicial", descartando crear una plantilla ad hoc.

También ha señalado que uno de los objetivos que se persiguen es "dar certidumbre de que se cumplirán los plazos" reconociendo que "no siempre se cumplen en estos momentos". Una auditoría en 2019 señaló que, al menos, se tardan 186 días en expedir una licencia de obras, el doble de lo que exige la ley. Sin embargo, tanto promotores y arquitectos como fuentes internas en Urbanismo elevan a un año el tiempo mínimo que se extiende el trámite. En caso del centro, debido a los informes sectoriales de Cultura, estos llegan hasta los tres años en algunos casos.

El pasado mes de febrero, cuando anunció la reestructuración, la hizo en base a otra auditoría, esta iniciada en 2023. La misma no recogía información sobre cuánto tardaba la Gerencia en solventar los trámites, explicó, abriendo la puerta a contratar un segundo examen de este tipo. Preguntada por esto, Casero ha manifestado que, de momento, no se ha contratado ningún examen para conocer cuánto se exceden ahora los trámites en el ente.

El de la relación con la Junta ha sido uno de los puntos que también ha aclarado Casero, preguntada sobre la dependencia de los informes sectoriales –sobre todo Cultura y Medioambiente– para poder cumplir con los plazos, ha afirmado estar "en estrecha colaboración" con la administración autonómica y que se tendrá en cuenta a estos proyectos. También ha destacado que la Unidad Aceleradora elaborará la hoja de ruta y cronograma al que debe ajustarse la actuación.

Además, esta unidad efectuará el seguimiento de la tramitación de los proyectos urbanísticos de interés municipal, velando por el cumplimiento de los plazos previstos de manera coordinada con las distintas unidades administrativas del Ayuntamiento de Málaga y sus organismos, agencias o empresas municipales, con la Junta de Andalucía y con el Estado y organismos dependientes, en la medida en que los proyectos a impulsar tengan incidencia en sus respectivos ámbitos competenciales.

El interés prioritario, ha asegurado, se dará a aquellos relacionados con la promoción de vivienda pública que tengan un porcentaje de vivienda protegida que sea superior al mínimo legalmente establecido o que tengan por objeto la planificación, ejecución o promoción de viviendas sociales o viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

Igualmente, explican en el comunicado, se considerarán estratégicos aquellos planes y proyectos promovidos de oficio por el Ayuntamiento de Málaga o por cualquier otra entidad del sector público, en base a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Las actuaciones de utilidad pública o interés social también serán objeto de esta unidad aceleradora. En este caso, para las iniciativas que tengan por objeto la implantación en suelo rústico, se considerarán estratégicas aquellas que prevean el desarrollo de equipamientos, así como usos industriales, logísticos, terciarios o turísticos superiores a 50.000 metros cuadrados.

Por debajo de estos parámetros, para proyectos de utilidad pública o interés social y de otro tipo, de forma motivada se considerará el proyecto relevante para el municipio por su especial interés urbanístico, empresarial, productivo, turístico, de innovación tecnológica, su volumen económico, la mejora de niveles de empleo, etc. Por último, cuando se trate de proyectos impulsados por la iniciativa privada, el promotor de la actuación deberá aportar una memoria motivada y justificar en la propuesta el carácter estratégico de la actuación, su viabilidad financiera, ambiental, técnica y económica.