Málaga lidera el incremento de las solicitudes de inscripción en el registro de últimas voluntades en Andalucía

La provincia de Málaga ha registrado un total de 1.319 solicitudes de inscripción en el registro de últimas voluntades en 2023. Este dato es significativamente superior al resto de regiones andaluzas, con Sevilla en segundo lugar, con 833, y seguida de Cádiz (681), Granada (563), Córdoba (490), Almería (451), Jaén (347) y Huelva (247). La Junta de Andalucía ha apuntado que este "incremento progresivo de la demanda" que se ha evidenciado a tenor de los datos de 2023 contrarrestra la caída de casi un 50% de la que se tuvo constancia en 2020, "debido a la pandemia". En total, la comunidad autónoma andaluza ha contabilizado 4.931 personas inscritas en el registro de últimas voluntades.

Ese incremento de las solicitudes ha supuesto un "problema" para dar respuesta a la ciudadanía, una situación a la que el gobierno autonómico está intentando dar respuesta formando a más personal. Este miércoles, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha confirmado en comisión parlamentaria que su departamento está habilitando a más profesionales para poder dar solución a los retrasos que se están dando.

Andalucía cuenta en total con 55 puntos de registro de las últimas voluntades y en estos es que han llegado las demandas de casi 5.000 andaluces en 2023 para inscribirse en el denominado Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía (RVVA). La plantilla actual la forman 142 empleados.

La consejera Catalina García, en respuesta a los comentarios que al respecto han realizado tanto Por Andalucía como PSOE, ha reconocido el "problema", detectado en 2023 en un sistema informático "obsoleto". Ha anunciado, como se apunta anteriormente, que se está habilitando a más profesionales para que puedan atender la demanda. García entiende que el equipo de trabajo del RVVA es "insuficiente para dar respuesta" a los ciudadanos que quieren dejar por escrito cómo quieren que sean sus últimos días, en caso de que para ese momento no tengan capacidad para tomar decisiones sobre su tratamiento médico.

Las formaciones de izquierda de la Cámara han señalado que "no quisiéramos pensar" que detrás de los problemas para hacer ahora mismo un testamento vital hay "un reparo moral", en palabras de Inmaculada Nieto, de Por Andalucía. "¿Es una cuestión ideológica, de recursos, de gestión", se ha preguntado la diputada socialista Isabel Aguilera. "Por supuesto que no es un problema ideológico. Estamos de acuerdo en que un andaluz pueda decidir cómo quiere que sean sus últimos días", ha despejado Catalina García. "No podemos dar respuesta a toda la demanda con los profesionales que tenemos actualmente", ha insistido la consejera de Salud y Consumo, que ha aclarado que la nueva versión informática que se ha desarrollado ya está implementada en sus dos primeras fases. En cuanto a las otras dos que faltan, Catalina García ha confiado en que estén en funcionamiento cuanto antes para "poder avanzar".

Tras el descenso de casi un 50% en 2020 debido a la pandemia, a partir de 2021 "se ha producido un incremento progresivo de la demanda" que se tradujo el año pasado en 4.931 personas inscritas en el registro de últimas voluntades. Por provincias, Málaga se sitúa a la cabeza, con 1.319, seguida de Sevilla, con 833, y Cádiz, con 681. Completan el listado Granada (563), Córdoba (490), Almería (451), Jaén (347) y Huelva (247). "La alta demanda experimentada en los últimos años de solicitudes de inscripción ha provocado demoras en la asignación de las citas especialmente en algunas provincias, por lo que se están acometiendo una serie de medidas a nivel estructural, organizativo y de dotación de recursos que garanticen una respuesta ágil, eficaz y adaptada a las necesidades de la ciudadanía", argumentan desde la Junta. Entre esas mejoras, el gobierno autónomico ha destacado una actualización del sistema informático que "contribuirá a resolver los problemas detectados en los últimos meses en condiciones de seguridad y protección de datos, así como para garantizar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a expresar sus condiciones sobre la atención sanitaria que desee recibir cuando no pueda expresar dicha voluntad".