'Málaga no caduca': el plan para alimentar a 40.000 familias en situación vulnerable

Ayudar a 40.000 familias vulnerables de la provincia desde el pilar de la vida misma: la alimentación. Esta es la esencia del proyecto 'Málaga no caduca' de la Diputación presentado este miércoles. Y en el que también participan entidades como Bancosol, la Universidad de Málaga, la Confederación de Empresarios de Málaga, Mahos, Aehcos o Air Miles, que han sumado fuerzas para levantar un sistema colaborativo centrado en aprovechar los excedentes alimentarios de supermercados, restaurantes y hoteles para que puedan tener un fin útil más allá de para los que fueron diseñados. Aunque la iniciativa no sólo se basa en la comida. También tratará de paliar las situaciones de soledad no deseada y abordar la inserción laboral, lo que lo sitúan como un proyecto pionero en España. Está previsto que empiece a funcionar en 2025.

Todo, según ha informado el presidente de la Diputación, Francisco Salado, con la personalización como correa de transmisión, precisamente el factor que la diferencia de otras iniciativas similares, puesto que se basará en la "idiosincrasia de cada familia", o sea, sus necesidades personales. "No nos vamos a limitar a saciar a las personas, el reto es mejorar su nutrición", aspecto que a veces está relacionado "con el fracaso escolar o la obesidad". Igualmente, la iniciativa también ayudaría en lo referente al "coste sanitario, efectos medioambientales y económicos".

Los datos de las 40.000 familias, ha apuntado Salado, provienen de la base de datos de Bancosol, aunque está previsto seguir aumentando el público objetivo, ya que en septiembre se abrirá a los departamentos de Servicios Sociales de los ayuntamientos y a entidades sociales interesadas. No obstante, aún se desconocen algunos detalles, como, por ejemplo, si el trato con los interesados se realizará a través de móviles, aspecto que dejaría fuera a estratos sociales como los mayores; tal y como ha indicado Salado en la presentación, por lo que todo apunta a que se gestionará a través de un modelo híbrido. La idea, en cualquier caso, es que los operarios puedan recoger los productos elaborados en los establecimientos y llevarlos "hasta la casa" de las familias tras un "riguroso protocolo de envasado, etiquetado y seguimiento de la trazabilidad". “Estoy convencido de que será un éxito, un éxito colectivo de toda la provincia”, ha recalcado el presidente de la Diputación, que ha hecho hincapié en el reto que supone, puesto que algunos de los productos a distribuir "caducan incluso en un plazo de 24 horas".

Para llevar a cabo este proyecto, la Diputación tiene previsto destinar diez millones de euros en cinco años (lapso en el que se mantendrá activo), si bien el procedimiento es novedoso, porque este será el primer Contrato de Impacto Social (CIS) en España, y esto conlleva que el pago al proveedor del servicio se hace en función de los resultados, que se detallan en función de cada concepto, cada uno de cuales tiene una métrica asociada: reparto de alimentos, inserción laboral, lucha contra la soledad no deseada… “Ojalá se cumpla al 100% y se abone por completo, porque el retorno y los beneficios sociales serían muy superiores. Incalculables”, ha manifestado el presidente, quien ha apuntado que se trata de “una actuación global, porque abarca todas las facetas de vulnerabilidad de las personas, y sistémica, porque pretende cambiar la estructura social en la que viven esas personas”. La licitación, según se ha adelantado, se realizará el próximo octubre.

Asimismo, la iniciativa, que se enmarca dentro de la Ley de Economía Circular andaluza, y cuenta con un informe favorable del Banco Europeo de Inversiones, que lo ve viable, y, según la consulta preliminar que se ha realizado, se ha constatado que hay entidades interesadas tanto para proveer el servicio como para financiarlo (inversores sociales). Además, una peculiaridad de este tipo de contratos (CIS) es que el riesgo lo asume una entidad privada, que adelanta el dinero. Por lo tanto, hay tres actores fundamentales: la administración, el proveedor de servicios y el inversor social.