Málaga pide que la Junta dé de baja otros 440 pisos turísticos, ya son 1.560

Suma y sigue. El Ayuntamiento de Málaga ha pedido a la Junta de Andalucía que dé de baja otras 440 viviendas de uso turístico inscritas en el registro de la Junta de Andalucía por no cumplir con el requisito de entrada independiente que impone el municipio. Con esto son ya 1.560 las unidades de las que ha pedido que se cancele su inscripción.

El equipo municipal sigue cumpliendo con la instrucción que presentó el pasado mes de junio y por la que remitía al PGOU y señalaba que sólo aquellas que cuenten con entrada y servicios independientes podían inscribirse para ejercer como vacacional ante la Junta de Andalucía.

Hay que recordar que la propia administración autonómica, antes de que el Ayuntamiento pidiese la baja de alguna de estas viviendas en el registro, ya canceló más de 400 inscripciones. En caso de que todas las rogativas del Ayuntamiento acabsen fuera del registro, serían más de 2.000 las viviendas que no podrían ejercer como vacacional a pesar de haber estado en algún momento inscritas.

La Junta, según publicó este periódico, ya se encuentra tramitando la anterior petición  de 1.120 viviendas y, asegura, habrá terminado el proceso "en dos o tres meses", debido a que debe hacerlo una por una y dar cuenta individual a cada uno de los registros.

Una asociación de apartamentos turísticos, Atumarcos, ya presentó un recurso contra la instrucción municipal. El recurso, según han explicado en un comunicado desde la asociación, se basa en que "una instrucción no es una norma de obligado cumplimiento para los ciudadanos, sino que se trata de una circular interna sin capacidad normativa".

En la misma línea, AVVAPro, la asociación de viviendas turísticas, señaló que la la medida municipal es “restrictiva, impuesta sin el procedimiento adecuado, injusta y además supone un atropello a los derechos legítimos de quienes gestionan este tipo de propiedades”.

Anunciaban que decenas de pisos han puesto en manos de la asociación la defensa administrativa de sus inscripciones en el registro de Turismo. Esto, después de que centenares de propietarios hayan recibido ya notificaciones de la Junta de Andalucía donde se les informa que se les va a dar de baja, con un plazo de días para alegar. La asociación está prestando asesoramiento jurídico.

El vicepresidente de AVVAPro, Juan Cubo también avisa que en caso de que se den de baja de manera injusta la administración "podría incurrir en responsabilidad patrimonial". Desde la asociación afirman que la medida vulnera "principios fundamentales del derecho administrativo al imponer restricciones sin seguir el procedimiento legalmente establecido ni ofrecer garantías". Por todo esto, anuncia estar desarrollando "diferentes líneas de defensa".

Al otro lado, el PSOE entiende que la medida no sólo debe extenderse hasta febrero de este 2024, sino que empezaría a ctuar en 2011, cuando entró en vigor el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que así lo exige. Piden al equipo de Gobierno que retrotaiga la instrucción o plantean llevar la medida al contencioso administrativo.