Málaga prohíbe nuevos pisos turísticos en 43 barrios saturados a partir de diciembre
Aprueba en comisión la modificación inicial del planeamiento que dará paso a esta prohibición que tendrá una vigencia de tres años
Una vivienda turística genera hasta 45.000 euros al año en Málaga, cinco veces más que el alquiler residencial
En diciembre no habrá un nuevo piso turístico en 43 barrios de Málaga capital señalados como saturados por el Ayuntamiento. La comisión de Urbanismo ha aprobado la modificación del Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) que introduce esta prohibición anunciada hace un mes. Esta deberá refrendarse en el Pleno de noviembre y entrará en vigor definitivamente con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPA), ya entrado diciembre.
En estos momentos, hay más de 12.000 pisos dedicados al vacacional en la ciudad en tanto la Junta de Andalucía tramita la baja de más de 1.500 viviendas de uso turísticos en la ciudad a petición del Ayuntamiento. Será la propia Junta la que deba rechazar estas peticiones de nuevos ingresos y la que determine cómo hacerlo una vez se aprueba de manera inicial. Esta aprobación estará en vigor tres años, según la propuesta que ha obtenido luz verde por la Comsión de Urbanismo, en tanto se aprueba definitivamente.
Los barrios declarados como saturados son aquellos en los que el vacacional supone más de un 8% del total del parque residencial. Esta cifra se determinó en un estudio encargado por la Casona del Parque, en el que se determina que a partir de este porcentaje el precio de los alquileres sube significativamente en los barrios, suponiendo, reconocen en el estudio, que se obligue a sus residentes a abandonarlos de forma "clara, inequívoca y objetiva".
Si la retroactividad fuese una posibilidad jurídica, en Málaga capital deberían eliminarse 3.461 viviendas de uso turístico (VUT) en 43 barrios que ya están saturados. En este sentido, el barrio que sale peor parado entre los saturados es el Centro Histórico. En la almendra que delimita el barrio hay, según el estudio, 4.600 casas en total por lo que el máximo que podría acoger son 368 para acoger a visitantes de corta estancia. En su lugar hay 1.693 o, lo que es lo mismo, 1.325 más de las que sería sostenible.
En el estudio también se concluye que el aumento de viviendas turísticas retira la oferta del parque de alquiler a largo plazo y de vivienda vacía, y certifica que su rentabilidad es muy superior al largo plazo –hasta 44.900 euros genera de media en la zona de El Puerto, cinco veces que si estuvieran dedicada al residencial–.
Los 43 barrios en los que no se permitirá una vivienda turística más son: Centro Histórico, El Ejido, La Merced, Lagunillas, Capuchinos, El Molinillo, Ensanche Centro, La Goleta, San Felipe Neri, La Trinidad, Conde de Ureña, Cristo de la Epidemia, La Victoria, Ventaja Alta, Campos Elíseos, Cañada de los Ingleses, La Malagueta, Perchel Norte, Plaza de Toros Vieja, El Candado, El Chanquete, Playas del Palo, Camino del Colmenar, Peinado Grande, Santa Paula-Miramar, Baños del Carmen, La Viña, Las Acacias, Pedregalejo Playa, Torre de San Telmo, Pinares de San Antón, Martiricos, Málaga 2000, Torre del Río, Torres de la Serna, Pacífico, Santa Isabel, Tabacalera, Guadalmar, La Cizaña y Diseminado DM Puerto de la Torre.
En la modificación también se recoge un segundo grupo de barrios, con 32, que se encuentran cerca de este límite del 8%. En estos 32 barrios el Ayuntamiento estará "vigilante" para que no sobrepasen este porcentaje. Sin embargo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, abrió la mano recientemente a que se prohíban todos los nuevos pisos turísticos en la ciudad, antes siquiera de aprobar esta modificación. Así, aseguró haber pedido a la Gerencia de Urbanismo que estudiase el marco por el que podría dar un paso más a la hora de limitar esta figura.
Pese a ello, el equipo de Gobierno ha desestimado las enmiendas presentadas por los grupos PSOE y Con Málaga. Ambas iban encaminadas a ser aún más restrictivo, bien aplicando la necesidad de una entrada y servicios independientes desde 2011, cuando entró en vigor el PGOU; bien poniendo una moratoria de 12 meses por la que no se permitan nuevas licencias en toda la ciudad.
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