Málaga recibió más de 14.000 solicitudes de protección internacional desde el inicio de 2023
El número de desplazados a nivel mundial sobrepasa los 117 millones, “un récord histórico que ya ha superado el de la Segunda Guerra Mundial”
CEAR pide a las administraciones más celeridad en la cita previa para presentar la solicitud de refugiado
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Málaga es una de las provincias del país a la cabeza en peticiones de protección internacional. Desde enero de 2023 ha recibido más de 14.000. Según los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el año pasado, con 10.517 se sitúo en segundo lugar después de Madrid y en lo que va de 2024, con 3.632, está en tercer puesto, después de esa provincia y de Barcelona. España fue, con 163.220 solicitudes en 2023, el tercer país europeo después de Alemania e Italia en peticiones de protección internacional. CEAR denuncia que hay más de 200.000 expedientes pendientes de resolver.
Carmen Rueda, coordinadora de programas de la ONG, advirtió que el número de desplazados a nivel mundial sobrepasa los 117 millones, “un récord histórico que ya ha superado el de la Segunda Guerra Mundial”. Afganistán, Ucrania y Sudán son los países que en 2022 más crecieron en esta problemática. Rueda destacó además que los que buscan refugio por motivos climáticos no tienen encaje legal en las normativas nacionales por lo que “resultan difíciles de regularizar”.
Por su parte, la responsable del servicio jurídico, Estefanía Barrabino, precisó que más de 4.000 personas murieron intentando llegar a España por las rutas del Mediterráneo y el Atlántico, “las más peligrosas del planeta”.
Ambas técnicas de CEAR desgranaron el informe anual de la organización con muchísimas cifras. Tras ello, Barrabino resaltó: “Los números son un discurso frío, pero detrás de esos datos hay personas que han perdido la vida” en su intento por llegar a Europa. La trabajadora de CEAR pidió a las administraciones más celeridad en la cita previa para presentar la solicitud de refugiado “porque si no las personas quedan en un limbo jurídico que les impide acceder al derecho de acogida”.
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