Málaga no sabe si cumplirá con la obligación de tener la nueva tasa de basura en abril

Málaga capital no sabe aún si va a llegar a cumplir con la obligación del Gobierno y tener la nueva tasa de basura aprobada en el mes de abril. En concreto, el mandato exige que esté en vigor el 10 de ese mes. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha afirmado este lunes que siguen "trabajando para tener la mejor ordenanza fiscal". Esto implica que desconocen si llegarán a la fecha marcada desde Madrid, "no sabemos si llegaremos al Pleno de abril, estamos trabajando, pico y pala como se suele decir".

El titular de Economía ha destacado que van de la mano con Servicios Operativos y que la dificultad reside en aplicar un porcentaje que sea ecuánime al residuo que se genera. "No simplemente aplicando un porcentaje nuevo, queremos que la ordenanza haga justicia a lo que la directiva pretende: que el contamine más, pague más", ha reconocido, argumentando que los ajustes "no son fáciles, ni en su componente técnica ni jurídica". Conde ha añadido que espera tener lista la nueva ordenanza "más pronto que tarde".

Cabe recordar que la nueva tasa de basura la deben aplicar todos los municipios en cumplimiento con un decreto del Gobierno de España, siguiendo el mandato europeo. El mismo exige que se revierta el coste del tratamiento de residuos a los ciudadanos. Este debe aprobarse según la normativa, como tarde el 10 de abril. En este caso y, debido al devengo semestral del recibo, en Limasam sólo llegarían a cobrar un trimestre. Este año, entre abril y junio. El del segundo semestre se cobra en el recibo de 2026.

Según la tasa que se valora en estos momentos, tendría un coste fijo de 93 euros por vivienda, a lo que hay que sumar un variable que dependerá del consumo de cada vivienda. En el cálculo de este variable –que nunca podrá superar los 224 euros por ejercicio– el Ayuntamiento parece haberse decantado por un modelo que relacione el consumo de agua con la cantidad de basura generada.

De acuerdo con el anteproyecto de ordenanza que salió a la luz el pasado mes de agosto, Limasan y Gestrisam –organismo autónomo del Ayuntamiento encargado de recaudar impuestos y tasas– suscribirán con Emasa convenios de colaboración y recaudación de la nueva prestación. Respecto a las viviendas que no dispongan de contador individual, abonarán la parte fija de la tarifa y una parte variable calculada a partir del consumo medio estimado en la ciudad.

En cuanto a las distintas actividades económicas, la nueva norma establecerá el pago por parte de personas físicas o jurídicas que utilicen locales y establecimientos en la ciudad con un cobro anual que tendrá un coste fijo –siempre IVA no incluido– de 330 euros en el caso de la industria; de 1.026 euros en el caso de los bares y restaurantes, o de 2.678 para los hospitales.

Quienes dispongan de abastecimiento alternativo o complementario de agua pagarán la prestación de residuos, según el anteproyecto del Ayuntamiento, en aplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Tanto en el caso de las viviendas turísticas como en las viviendas de uso doméstico –que entran en la misma categoría– el Ayuntamiento prevé reducciones de hasta un 17%.