El malagueño que arrancó el 'estatut'

Eduardo Martín Toval formó parte de la comisión que redactó y negoció el primer Estatuto de Autonomía para Cataluña

Hoy apuesta por replantear el marco autonómico del Estado

Eduardo Martín Toval, ayer en su vivienda de Rincón de la Victoria. / Marilú Báez
M. José Garde

08 de octubre 2017 - 02:06

Málaga/El malagueño Eduardo Martín Toval fue uno de los redactores del primer Estatuto de Autonomía de Cataluña, en 1979, que dio lugar al autogobierno de aquella comunidad, hoy protagonista de la crisis política más grave de la democracia española. Su contribución a aquella Ley fue decisiva, por cuanto la redacción que propuso sobre el papel de la lengua catalana, elemento de reivindicación fundamental del independentismo, ha permanecido invariable a lo largo de los años y posteriores Estatutos.

El político socialista vivió aquellos momentos históricos en primera fila. Como portavoz del Grupo Socialista catalán en el Congreso de los Diputados y luego portavoz socialista en el primer Parlamento catalán, formó parte de "la comisión de los veinte" que redactaron la norma estatutaria y negociaron con el Gobierno central, que logró recortar gran parte del articulado. El único artículo que no se tocó es el que establece el catalán como "lengua propia" de Cataluña, el idioma catalán como "el oficial, así como también lo es el castellano", y que la Generalitat "garantizará el uso normal y oficial de los dos idiomas, adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña".

Martín Toval, que ha centrado su vida política entre Barcelona y Madrid, salvo el paréntesis de 1995-1998, que permaneció en la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, no cree que las leyes hayan sido la clave del conflicto actual, más allá del error que a su juicio supuso por parte del PP recurrir al Constitucional en 2010, una decisión que escondía "recuperar el voto español" y ser un recurso contra el entonces gobierno de Zapatero.

El conflicto catalán, asegura, viene "de lejos", desde el primer gobierno autonómico, de octubre de 1980, cuando Convergencia gana por vez primera las elecciones en Cataluña, sin mayoría absoluta, y pacta con Esquerra. "Lo mejor para iniciar el montaje de la autonomía hubiera sido que gobernaran juntos los dos partidos más importantes", los convergentes catalanes y el PSOE, que dos años después lograría el Gobierno de la nación. "Aquel fue un gobierno netamente nacionalista y eso significa que tuvieron manos libres, con control de medios de comunicación, de la enseñanza y de la inmersión lingüística".

Ese "caldo de cultivo" lleva a la situación más reciente cuando, con la excusa del recurso del PP al Estatuto el conflicto se encona en los últimos años. "La primera sensación que tienen es que les están atacando", asegura Martín Toval, para quien el proceso de sentimentalismo exacerbado se ha ido abriendo camino. A ello se sumó la "lista de agravios" entre unos y otros, las acusaciones de maltrato y la falta de diálogo. "El eslogan de que España nos roba ha llegado mucho y sin que sea cierto".

Este abogado ya retirado de la política y con residencia en la Cala del Moral visita con regularidad Cataluña, donde viven varios de sus hijos, y tampoco está de acuerdo con la imagen que se tiene de esa tierra. En Cataluña, asegura, hay más de un 20% de paro, unos niveles de pobreza similares a los del promedio del Estado, y aunque su Producto Interior Bruto es mayor que el de Andalucía, tampoco lo está tan lejos de la media nacional. "En su momento tuvieron más medios de infraestructuras, pero hoy es difícil discernir dónde están. Eso de que allí tienen de todo, objetivamente, no es cierto" .

La situación creada tras el referéndum del 1 de octubre, la anunciada declaración de independencia por parte del Gobierno catalán, han puesto al país en un escenario que aventura cambios. En opinión de este abogado con amplia experiencia en la política nacional, habría que replantearse "el tema de las autonomías", porque otras comunidades como el País Vasco "están esperando a ver lo que pasa" para también hacer exigencias. Apuesta por recuperar un modelo que ya se propuso hace décadas, como son las tres listas de competencias, donde queden claras cuáles son competencia del Estado, cuáles de las comunidades y las compartidas entre ambos. "Todo ello cerrado", asegura, para evitar problemas.

Andalucía consiguió equipararse a las nacionalidades históricas como Cataluña, Euskadi y Galicia, y su Estatuto de Autonomía fue modificado "casi en los mismos términos" que lo hizo el catalán, con excepción de la Lengua. "En muchos artículos se decían las mismas cosas" afirma y pese a ello, no fue recurrido por los populares.

Por último se pregunta si detrás del pensamiento independentista "de algunos" no está el deseo de tapar los escándalos de corrupción que han sacudido al partido del Gobierno catalán en los últimos años, como el que afecta a la familia Pujol, el caso del 3% o el del Liceo. En tal caso, "estaríamos -asegura- ante una irresponsabilidad brutal" de unos dirigentes cuya actuación "ha provocado una excisión absoluta en la sociedad catalana y en el seno de las familias", donde el independentismo está rompiendo la convivencia.

"No hay otra que frenar el golpe de Estado"

La situación vivida en la última semana tiene, para este abogado, una salida complicada. "Hoy no hay otro planteamiento que frenar este golpe de Estado", afirma para añadir que la excisión no puede ser aceptada "salvo que se realice en términos de legalidad", algo que no sucede en este momento, "porque ello significa votar en el marco de la Ley". La salida más plausible, con el anuncio de una declaración de independencia en ciernes y la tensión política que no se rebaja, pasaría por que el Gobierno catalán suspendiera las leyes de transitorialidad y se abriera un proceso de diálogo con los actuales dirigentes o con otros capaces de un mayor grado de entendimiento. "Hay que salvaguardar la Constitución y su funcionamiento", dice, aunque asegura que hace cuatro o cinco años se debería haber cambiado la Constitución para permitir que votaran todos los españoles, no sólo los catalanes.

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