Un andaluz en situación de dependencia tarda, de media, 603 días en resolver una solicitud, a mucha distancia de los 180 en los que, según la normativa, debería tramitarse un expediente. En el caso de Málaga, son 69.775 personas las que han pedido esta ayuda, según el informe elaborado por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSAD), con datos de junio de 2024. La cifra ha disminuido respecto al mismo periodo de 2023, cuando el total ascendía a 72.265, lo que entonces representaba el 16,85% de las registradas en la región.

A nivel andaluz, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha gestionado desde 2021 un 4% más de solicitudes para la Dependencia, contabilizando a fecha de 31 de agosto de este año un total de 415.660 peticiones frente a las 399.633 del mismo periodo de 2021. Este incremento de solicitudes no ha venido acompañado, sin embargo, alerta la Junta, de más recursos, "congelados" como consecuencia de la prórroga presupuestaria de 2024, que ha supuesto para Andalucía dejar de percibir 200 millones de euros menos que estaban recogidos en el borrador de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio.

La Agencia de la Dependencia de Andalucía refleja que, en la comunidad, a 31 de agosto de 2024, se contabilizaban 415.660 solicitudes para la Dependencia, con el siguiente desglose por provincias: en Almería, 32.304; en Cádiz, 52.940; en Córdoba, 46.251; en Granada, 56.974; en Huelva, 30.098; en Jaén, 42.460; en Málaga, 69.775; y en Sevilla, 84.856.

El tiempo medio de espera "va a tocar techo" a finales de este año, según las previsiones de Ana Vanesa García, secretaria general de Inclusión Social, que apunta como explicación a este plazo de demora al hecho de que se haya implantado un único sistema informático para toda Andalucía donde antes convivían hasta cinco diferentes.

"Expedientes de hace hasta cuatro años"

En cuanto a los plazos de espera, la portavoz de Inclusión Social ha indicado que, al unificar todas las bases de datos, "han aflorado expedientes de hace hasta cuatro años". "Entre optar por reducir los plazos y atender a las personas, hemos optado por lo segundo", reconoce en declaraciones a Europa Press. Este cambio de modelo informático va a provocar en los próximos meses "una ralentización" y una subida de los plazos medios de respuesta a las solicitudes pero "no vamos a dejar ni un expediente en los cajones", subraya García en alusión a la gestión de anteriores gobiernos en la Administración autonómica.

 La secretaria general de Inclusión Social apunta a que en virtud al Decreto de Simplificación impulsado por el Gobierno andaluz, que entró en vigor en marzo de este año, el trámite para optar a la Dependencia es ahora de una visita y una resolución donde antes eran necesarias dos visitas. "Los usuarios están notando esta reducción pero aún no se han emitido las resoluciones administrativas" con las que constatar el impacto que esta simplificación administrativa tiene en los tiempos de espera.

 Ana Vanesa García llama la atención sobre el hecho de que las solicitudes crezcan, fruto de un aumento de las expectativas de vida en Andalucía, y los recursos sean, por contra, "decrecientes", como consecuencia de las prórrogas presupuestarias del Gobierno de España. En 2023, Andalucía recibió 729 millones de euros del Estado y destinó 1.203 millones de fondos propios a la Dependencia. "La Ley dice que ambas administraciones tienen que aportar la mitad", recuerda. En 2024, al no haber presupuestos, Andalucía "dejó de percibir" los 200 millones de euros más que "estaban previstos para esta materia en los PGE". "Si en 2025 hay prórroga, serán 400 millones de euros menos los que dejemos de recibir", avisa.

 En materia de financiación, la Secretaría General de Inclusión Social insiste en que el Gobierno tiene que garantizar una "financiación estable", es decir, que "todo el dinero nos llegue de manera directa, según el número de usuarios y nivel de Dependencia, y no vinculada a planes de choque que hoy pueden estar y mañana no". En estos momentos, la Consejería que dirige Loles López tiene en exposición pública el proyecto de orden por la que se desarrolla el procedimiento establecido para el reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía, que deviene del Decreto de Simplificación y que implica actualizar la norma de 2007 con la incorporación de todas las novedades en materia de Dependencia en los últimos 17 años.

PSOE-A critica "el colapso" de la dependencia por la "pésima gestión"

Esta semana, el parlamentario y portavoz socialista en Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Luis Ruiz Espejo, criticaba el "colapso" existente en Andalucía en la tramitación del Servicio de Dependencia, "con una lista de espera que supera las 54.700 personas y los 20 meses de demora". Unos datos que ha expuesto el líder socialista, y que en su opinión confirman que este servicio "lejos de mejorar está empeorando" por la "pésima gestión" del Gobierno de Moreno Bonilla "incapaz y tramposo" y que da muestra de su más "absoluta inhumanidad en lo que a la gestión de servicios públicos se refiere".

Espejo insistía, en este sentido, en que con un total de 54.715 personas en lista de espera en agosto, y lejos de reducir la demora en la resolución de las solicitudes, éstas han seguido aumentando hasta superar los 603 días, superando a Canarias y encabezando el ranking de demora entre todas las comunidades autónomas. Tras alertar de la "gravedad" de la situación, el portavoz socialista ha recordado cómo entidades como la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) han advertido hasta en tres ocasiones por carta al presidente de la Junta de unas circunstancias "que confirman que la gestión de Moreno Bonilla y el PP en dependencia, lejos de mejorar está empeorando".