La semana que estalló el campo de Málaga

Málaga/Tractores bloqueando el acceso al puerto de Málaga y al centro logístico de Antequera. Así protestaron esta semana agricultores y ganaderos de la provincia. El campo estalló. Las movilizaciones no estaban convocadas por las organizaciones agrarias y carecían de permiso; por lo que las fuerzas de seguridad del Estado identificaron a nivel provincial a unas 400 personas que se exponen a multas y hasta sanciones penales.

Pero más allá de esta protesta y de sus formas, la movilización dejó patente la indignación de un sector básico para la subsistencia, pero que se siente “achicarrado” por muchos frentes. Entre ellos, precios por los suelos, costes por los cielos y “competencia desleal” de países no comunitarios que no tienen que cumplir requisitos tan estrictos en materia de fitosanitarios.

“Hay motivos para que el campo estalle como está estallando. Los agricultores y ganaderos somos los que damos de comer a la gente, pero somos los últimos. Somos fundamentales para que podamos comer con calidad, así como para mantener un entorno medioambiental adecuado y los pueblos vivos. Sin agricultores y ganaderos no queda nada de eso”, argumenta el secretario provincial la organización agraria COAG en Málaga, Antonio Rodríguez. El es cabrero en Sedella. Sostiene que el campo “lleva mal toda la vida, pero que cada vez va a peor”. Porque disminuye la rentabilidad y el sector envejece por la falta de incentivos.

Rodríguez afirma que la tractorada de esta semana pasada refleja “el hartazgo” de los agricultores y ganaderos. Pero resalta que se desconoce quiénes son los líderes de esa protesta y qué modelo agrario defienden. “A ver si hacemos movilizaciones para que fondos de inversión se hagan con el sector”, advierte.

Por eso deja claro el modelo de COAG: “Nosotros defendemos un modelo de agricultura familiar, de autónomos y cooperativas; que pegue población al territorio y mantenga los pueblos vivos”. De ahí que para demostrar el hartazgo del campo y defender ese modelo, su organización impulsará “una gran movilización en la ciudad, con unidad de acción y autorización de la Subdelegación del Gobierno”. Frente a las críticas de los manifestantes de esta semana que acusan a las organizaciones agrarias de estar “subvencionadas” y tener una actitud light en defensa del sector, Rodríguez defiende el trabajo de estas entidades y replica que no están claros los intereses que hay detrás de quienes han alentado las tractoradas sorpresivas por toda España.

Gerardo Ruiz es vicesecretario de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). También reprueba las formas de estas pasadas movilizaciones que están “endemoniando” al sector y anticipa que UPA convocará protestas “con criterios organizativos más decentes y no por ello menos reivindicativos”.

Él tiene olivar en Mollina y Humilladero. Cuenta que sobrevive gracias a préstamos que paga cuando cobra la producción y a la media jornada de trabajo que echa su mujer. Aclara que siempre le han denegado las ayudas que ha solicitado. Tiene dos hijos, pero ve casi imposible el relevo generacional. “Ven a su padre con problemas de financiación y muchas ganas no les queda de seguir en la agricultura. Y así yo no les puedo animar a que se dediquen al campo”, confiesa.

Luego detalla algunas de las reivindicaciones del sector. Entre las prioritarias, menos burocracia, control de productos de terceros países para que reúnan los mismos requisitos de calidad que se exige a los nacionales y cumplimiento de la normativa que establece que no se puede vender por debajo del coste de producción.

El secretario provincial de UPA, Francisco Moscoso, abunda en este último punto, el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. “No podemos vender por debajo de los costes. Si algo nos cuesta producirlo 45 céntimos, no podemos venderlo por 44”, insiste.

También reivindica el cumplimiento de las cláusulas espejo. Es decir, que todos los productos tanto europeos como extracomunitarios tengan que respetar “las mismas reglas de juego” en el proceso de producción en cuanto a fitosanitarios y trazabilidad. Agricultores y ganaderos denuncian que terceros países tienen precios más competitivos porque sus gastos en Seguridad Social son menores y su productividad es mayor dado que usan fitosanitarios prohibidos hace varias décadas en Europa por cancerígenos.

Moscoso incide en otro aspecto que también preocupa a las organizaciones agrarias: la irrupción de los fondos de inversión en el sector. “Antes se orientaban al ladrillo y ahora también a la tierra, con cítrico y olivar intensivos. Están en toda España; producen a gran escala y machacan a los pequeños”.

Él es agricultor, posee cuatro hectáreas de olivar en la Sierra Norte de Antequera y tiene dos hijos ya con su carrera terminada. Dice que no quiere una vida tan dura como la del campo para sus hijos. “Ellos vienen el fin de semana a echar una mano. Pero esto no es rentable y no lo hacen atractivo para que haya relevo generacional”, lamenta.

Juan Francisco Pinto es agricultor. Tiene olivos en el triángulo entre Antequera, Humilladero y Mollina. A sus 32 años, es el relevo generacional. Su padre tenía campo y él siguió sus pasos. Es socio de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja). Este pasado martes participó en la tractorada. Repite, como todos, que mientras la Unión Europea les limita los fitosanitarios que pueden utilizar para combatir plagas, desde países comunitarios entran productos a espuertas que no tienen que cumplir los mismos requisitos.

Además, insiste en que la burocracia es excesiva. “Los agricultores nos dedicamos a labrar la tierra. Pero parece que quieren que estemos más tiempo en la oficina que en el campo”, protesta. Cuestiona que muchas veces se les condicione qué sembrar, lo que dificulta su capacidad para adaptar la siembra a la climatología. Luego sintetiza las razones del hartazgo del sector: “Nos recortan las subvenciones, nos reducen los fitosanitarios, casi nos dicen qué sembrar... Son muchas cosas que van sumando y resulta agobiante. Es como si te dijeran ‘deja la agricultura’”.

Dice que normalmente se levanta con ganas de ir a trabajar, pero que tantos condicionantes van haciendo mella en esa ilusión. “Se supone que yo soy el relevo generacional. Al menos estoy intentando serlo. Pero con las condiciones que nos ponen, no sé si podré seguir. Porque tengo una familia y necesito un sueldo. A mí me gustaría continuar en la agricultura, pero cada vez se hace más cuesta arriba”, reconoce.

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, coincide en que cada vez es más difícil ganarse la vida en el campo. “Por las obligaciones, limitaciones, imposiciones y exigencias laborales y medioambientales” de la Unión Europea. Y frente a todos estos requisitos, “los terceros países nos inundan con sus productos que a veces incluso se solapan con el calendario de nuestra producción”. Como los demás dirigentes agrarios y los agricultores de a pie consultados recuerda que esos productos tienen menores costes. “La consecuencia es una competencia totalmente desleal y la pérdida de la preferencia comunitaria, que sólo existe en teoría”, sostiene.

Por ello, anticipa que a lo largo de este mes, Asaja convocará movilizaciones “organizadas y unánimes” hasta “doblegar la nueva directiva de la PAC”. Se refiere a los cambios introducidos en la Política Agraria Común de la Unión Europea (UE), que aumentan obligaciones y reducen la cuantía de las ayudas.

No se olvida del otro problema del campo: la sequía. “Estamos en la situación más límite que conocemos y faltan infraestructuras”, afirma. Por eso clama porque “se tiene que hacer algo ya sí o sí”. Estima que los fondos europeos para la recuperación económica deben destinarse a esas infraestructuras que son clave para asegurar la continuidad del sector. Y advierte: “El futuro en las zonas rurales pasa por las infraestructuras hídricas necesarias que garanticen las explotaciones. Si no, el relevo generacional no existirá”.

Otra de las quejas de los agricultores son los bajos precios que les pagan por sus productos, pero que sin embargo se multiplican con creces en los supermercados. “En el campo a tres céntimos, en el súper a tres euros”, resumía este jueves una pancarta en uno de los tractores que bloqueaban el puerto de Málaga. El director general de Maskom, Sergio Cuberos, asegura que el pellizco grande de esa diferencia no se la llevan los supermercados, sino los intermediarios. Y pone el ejemplo de los limones. Sostiene que estos intermediarios asumen la recogida en el árbol, el transporte a veces a instalaciones ubicadas en el Levante para darles brillo, calibrarlos según su tamaño, empaquetarlos y luego volver a transportarlos hasta los centros de distribución. Un proceso desde el árbol hasta la comercialización que, insiste, tiene un coste. Por eso opina que “los productores se tienen que unir para que esos intermediarios desaparezcan; el campo se tiene que unir para que esa transformación la hagan empresas suyas”.

Ha terminado una semana de movilizaciones al margen de las organizaciones agrarias. Empieza otra en la que estas asociaciones prevén anunciar su calendario de protestas. Los productores de Málaga de las carnes y verduras que a diario llegan a todas las mesas piden ayuda. Una pancarta en un tractor que esta semana participó en el bloqueo del puerto lo resumía con claridad: “Si el campo no produce, la ciudad no come”.

Protestas de las organizaciones agrarias en los próximos días

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y la Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía han acordado protestar de forma unida por la situación del campo. Lo harán en los próximos días con concentraciones repartidas por todo el territorio autonómico. Estas entidades han manifestado su “apoyo y respeto a todas las movilizaciones realizadas por el sector agrario”.

Además, se pronuncian por la “unidad y continuidad” de las protestas “hasta no conseguir un compromiso formal para que cambien la política agraria comunitaria y nacional”. Entre sus reivindicaciones se incluyen la eliminación de la burocracia y del cuaderno digital que se “impone” a partir de septiembre, soluciones a los bajos precios y a la venta por debajo de costes. También exigen “un control efectivo y las mismas reglas de juego” para productos de terceros países, así como que “no se venda al campo en los acuerdos internacionales”.

Las cuatro organizaciones reclaman además que se den soluciones al problema del agua, la “retirada” de políticas medioambientales que “nos asfixian en nuestra actividad diaria” y también de “la normativa contraria a la actividad ganadera. Piden además una partida de 1.500 millones de euros para los sectores y cultivos en crisis, además de compensaciones fiscales y laborales para los agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma.