El ex marido de Lucía Garrido, investigado de nuevo por su asesinato
La Audiencia de Málaga resuelve que el juzgado siga con la causa ocho meses después de que quedara exculpado
Málaga/Nuevo giro en el caso de Lucía Garrido, la mujer asesinada en una finca rural de Alhaurín de la Torre en abril de 2008. Ocho meses después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 propusiera archivar la causa contra su ex marido, M. A., y vinculara su asesinato a una red de drogas, la Audiencia de Málaga ha resuelto que su ex pareja siga siendo investigada. El auto, con fecha de 30 de enero y al que ha tenido acceso este periódico, estima íntegramente el recurso de apelación presentado por la familia de Lucía Garrido y revoca todas las resoluciones, entre ellas la exculpación de M. A.
Ahora la Sección Octava de la Audiencia de Málaga estima que la causa "debe reconducirse" ya a la apertura de un juicio oral, "puesto que es poco probable ya que respecto a M. A. afloren a estas alturas más indicios que lo impliquen más en la muerte de su ex mujer". La Sala, en un contundente auto, estima que existen hasta 13 indicios de la presunta participación de M. A. en el asesinato de Lucía Garrido. En el primero, resalta que entre ellos existía "una gran hostilidad" derivada de su separación matrimonial y por el deseo de M. A. de recuperar la finca de Los Naranjos. Para fundamentarlo, recuerda la declaración de una testigo: "Por las buenas puedo con todo pero por las malas soy muy malo".
En los siguientes indicios, la Sala recuerda que "Lucía había sido objeto de amenazas de muerte por parte de su ex marido" y que era público que en esa finca rural "se ejercían actividades ilícitas". "Lucía era un testigo incómodo y en modo alguno se puede descartar que la fallecida amenazara a M. A. con desvelar el conocimiento que tenía de dichas actividades", remarca el Tribunal de la Audiencia. Es más, la Sala recuerda que el presunto autor del asesinato -un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad que cuenta con una quincena de antecedentes policiales y al menos tres condenas por delitos de lesiones, robo, amenazas y falsificación y detenido en enero de 2016-, disponía de una llave de acceso a la finca. "Es lógico pensar que dicha llave le tuvo que ser facilitada por M. A., pues de otra manera no cabe explicar que estuviera en posesión de la misma el ejecutor de la muerte de Lucía", subraya la Sala. En cuanto a la coartada a la que siempre se ha aferrado M. A. y que aquel día le situaba en Cádiz, el Tribunal de la Audiencia llega a decir que "está sobrevalorada". "El hecho de que no se encontrara en Málaga no devalúa la importancia de los datos incriminatorios". Todos estos razonamientos llevan a la Audiencia "a seguir manteniendo la causa abierta en contra de M. A.
El auto da un toque de atención al instructor al considerar que no es competente para archivar la investigación sobre el acusado, una cuestión que para la Sala debería dilucidarse en la celebración de un juicio oral. Antes de ese nuevo escenario judicial, el Tribunal de la Audiencia ordena al instructor que se realicen las investigaciones solicitadas por la familia de Lucía Garrido y que "con la mayor premura de tiempo se pronuncie sobre ellas".
Lucía Garrido murió ahogada en la piscina de su casa con un golpe en la cabeza y una corte en el cuello. Su ex marido demostró con imágenes de las cámaras de gasolineras en las que repostó que él no estaba en Alhaurín de la Torre el día en que se produjo el crimen. Caso archivado. A finales de 2010, la ex pareja de la mujer, y principal sospechoso, fue detenida por la Policía Nacional en una operación contra el narcotráfico junto al teniente del EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga), que ejercía de jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, encargado de la investigación de dicho crimen, según el entorno de la fallecida. La familia, apoyada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), logró que en 2012 se reabriera la causa. Pero no fue hasta 2013 cuando el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 imputó al ex marido por un presunto delito de homicidio y malos tratos habituales. En mayo de 2016 el mismo juzgado archivaba el caso contra su exmarido y vinculaba el asesinato a una red de drogas, por lo que instaba a que un juzgado de Instrucción siguiera con la investigación.
La finca Los Naranjos fue escenario en abril de 2009, un año después de la muerte de Lucía Garrido, de un doble homicidio que salpicaba también a su ex pareja. M. A. acabó con una escopeta con la vida de dos colombianos que entraron de noche en la propiedad. Declaró que actuó en defensa propia porque los intrusos iban armados, versión respaldada por los investigadores, y las pesquisas fueron en un primer momento archivadas. El Juzgado de Instrucción 10 de Málaga reabrió el caso y M. A. volvió a declarar como investigado en 2016. Insistió en que no conocía a estas dos personas y que actuó en defensa propia.
Un crimen que salpicó a agentes de la Guardia Civil
EL Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil de Málaga redactó un informe en 2015 en el que ponía de relieve que en la planificación del asesinato de Lucía Garrido "pudo existir la presencia de uno o varios agentes de la Guardia Civil vinculados al tráfico de drogas". La vinculación apuntada por esta unidad se refiere a que la finca de Los Naranjos "pudiera verse involucrada en asuntos turbios relacionados con el tráfico de armas y/o drogas". Tanto es así que el SAI señaló en su informe que "se infiere que la misma pudiera ser permanentemente utilizada como guardería (almacén) de sustancias estupefacientes por parte de organizaciones criminales". Asuntos Internos consideró que de estos hechos Lucía "era testigo directo y presencial, lo que por sí mismo lo convierte en motivo suficiente para que representara una amenaza". Para llegar a estas conclusiones los agentes encargados de las investigaciones dijeron haberse desplazado a diversas provincias españolas para entrevistarse con efectivos de la Guardia Civil y otros Cuerpos, además de "multitud de personas" relacionadas en mayor o menor medida. Y lo más destacado por el SAI es que "como parte responsable de la planificación del supuesto robo de esa sustancia ilícita señalan a guardias civiles corruptos de Málaga". A finales de 2010 el teniente jefe Antidroga de la Guardia Civil que llevaba la investigación del asesinato de Lucía Garrido fue detenido junto al ex marido en una operación por tráfico de drogas. El primero fue condenado a 10 años y medio de cárcel y el segundo a 3. La sentencia fue dictada por la Audiencia Provincial el pasado septiembre y aún debe ser ratificada por el Tribunal Supremo.
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