Los mayores maltratados quedan fuera del paraguas de la Ley de Dependencia

La persecución del maltrato a los ancianos se encuentra con la dificultad añadida de que ninguna institución pública puede reclamar la aplicación de la Ley de Dependencia a estas víctimas para que puedan ser atendidas en una residencia o, al menos, fuera del ámbito familiar en el que se produce la agresión o el abandono. La fiscal de la sección de maltrato familiar en Málaga y delegada en Andalucía del área de Violencia a la Mujer, Flor de Torres, alude a esta "contrariedad legal" en el informe anual de actividad en Málaga correspondiente a 2010. Subraya que la Ley de Dependencia consagra "el cumplimiento de todo el canal de recursos" a los dependientes y que el Decreto de Protección Jurídica a las Personas Mayores de la Junta de Andalucía da "cobertura institucional y de forma rápida inmediata a las víctimas", considerando la asistencia a los mayores víctimas de maltrato "un deber primordial", hasta el punto de que concede un plazo de 10 días para que esos mayores sean objeto de asistencia o ingresados en un centro.

Sin embargo, cuando los fiscales piden que se aplique la Ley de Dependencia a esos mayores sobre los que existen indicios o certezas de que son objeto de maltrato, la respuesta que hallan es el artículo 28 de la Ley de Dependencia: "Esta petición sólo puede ser instada por la persona que pueda estar bajo algún estado de dependencia" o por su representante legal. Y en esos casos, en los que los fiscales han reclamado la ayuda pública lo han hecho de oficio "con o sin voluntad de la víctima" ya sea porque se encuentra disminuida o porque tiene una "nula percepción" del panorama vejatorio padece.

El abandono y la agresión de los ancianos es actualmente el escenario más desconocido del maltrato familiar. Mientras la violencia de género es objeto de una alta sensibilidad social, estos otros comportamientos permanecen ocultos en gran medida por el aislamiento de las víctimas. De hecho, la Fiscalía de Málaga inició el año pasado 67 diligencias de investigación. Esta cifra si se compara con los seis casos que detectó en 2003 supone un notable incremento y focalización del problema. Sin embargo, esas 67 investigaciones de oficio representan un descenso del 23% respecto al ejercicio anterior, en el que se detectaron 83. Flor de Torres advierte en la memoria de 2010 que este retroceso "no debe entenderse desde una vertiente optimista". Muy al contrario, interpreta que ese descenso significa "que los esfuerzos por visualizar este delito, especialmente reprochable desde la vertiente penal y social por la absoluta y máxima vulnerabilidad de sus víctimas, no alcanzan todos sus fines".

La Fiscalía alerta de que puede existir "una absoluta impunidad en bolsas ocultas de maltrato" a los ancianos porque esas víctimas mayores y vulnerables "nunca denuncian", lo que a su vez explica que estas conductas permanezcan en el "oscurantismo" sin llegar a romperse la dependencia física y emocional del anciano vejado hacia su agresor o agresores. Entre las particularidades que empiezan a salir a la luz en esta tipología delictiva figuran la participación de varios agresores y el componente de género: "La mayoría de las víctimas son mujeres y en muchos casos son objeto de maltrato por el hijo y el marido o el hijo y el padre. Incluso en los casos de hijos con problemas mentales, las agredidas también son las madres", puntualiza Flor de Torres.

Los juzgados de instrucción de Málaga, de acuerdo con las estadísticas que maneja la Fiscalía en su memoria anual, iniciaron el año pasado 551 procedimientos judiciales para investigar casos de violencia familiar que no pertenecen al grupo calificado como maltrato de género, sino que se producen entre otros miembros de la familia mayores de edad. De ellos 238 se tramitaron como juicios rápidos, mientras que otros 312 dieron lugar a las aperturas de procedimientos abreviados. También se incoó un sumario. Al tiempo, la Fiscalía emitió 442 escritos acusatorios contra sospechosos de este tipo de conductas. Además, los juzgados de lo Penal de la capital dictaron 469 sentencias, de las que 317 (76%) fueron condenatorias y de ellas más de la mitad tras mostrar el acusado su conformidad con los hechos que se le atribuían. Las restantes (152) resultaron absolutorias.