Los minusválidos tardan un año en lograr el certificado para acceder a las ayudas

Pedir un certificado que reconozca cualquier minusvalía supone entrar en un largo proceso. Aunque es un documento oficial que se convierte en el principal requisito para que las personas con discapacidad puedan acceder a los numerosos derechos que tienen, desde que se solicita hasta que se entrega pasa un mínimo de 10 meses. Es la respuesta que dan los funcionarios de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía al pedir la solicitud. Eso, en el mejor de los casos, porque las diferentes asociaciones relacionadas con las diferentes discapacidades dicen que el trámite puede alargarse hasta el año y medio. Es decir, 18 meses.

La gran demanda de peticiones, que se acerca a las 600 mensuales, ha desbordado las valoraciones de la Consejería, por lo que el equipo médico disponible "no da abasto" con todas las solicitudes, que se amontonan hasta que llega su momento, casi siempre un año después. "Es algo que lleva ocurriendo así desde hace mucho tiempo", explica Joaquín Fernández, máximo responsable de la Federación Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos y/u Orgánicos de Málaga. "Pero el hecho de que sea así no quiere decir que el periodo de espera sea excesivo. Debería mejorar", añade Francisco Muñoz, presidente de la Asociación Síndrome de Down de Málaga. A ello se añade que, en principio, la valoración se debe repetir cada cierto tiempo -depende del caso- lo que ralentiza aún más la tramitación de la documentación.

Según explican, una vez se recibe la visita del equipo de valoración, el certificado ya tarda menos en llegar a casa mediante una carta, aunque es el momento de iniciar otra vez el proceso para solicitar ahora otros papeles, como puede ser la tarjeta para aparcar en los lugares exclusivos para personas discapacitadas.

El problema es que para muchos, el certificado es "indispensable". Ya sea para recibir una subvención de algún tipo, para optar a una formación reglada, para solicitar la adaptación de su vehículo o su casa "es algo básico para el colectivo", añade Raúl López, concejal de Accesibilidad Universal en el Ayuntamiento de Málaga. "Este documento es como el DNI para los discapacitados. Lo necesitamos en todo momento", cuenta el edil, que pide a la Junta de Andalucía "más previsión" a la hora de atender a los discapacitados. "Hay cosas que pueden esperar, pero esto no", añade.

Las asociaciones dicen que la demanda de estos certificados ha crecido en los últimos meses por diversos motivos. El principal, la Ley de Dependencia de la Junta de Andalucía. "Mucha gente que no necesitaba o no tenía el certificado ahora lo pide porque sabe que, con él, la tramitación de la valoración como dependiente es mucho más rápida", cuenta Muñoz, que solicita un refuerzo del personal que visita a los discapacitados y comprueba sus minusvalías. "Si la Junta sacó su Ley de Dependencia, debería saber que necesitaba más gente para a los certificados", añade Fernández. Ambos, eso sí, destacan que el trato de Bienestar Social a sus entidades "ha sido, en general, excelente".

Otra causa es nueva: la crisis. Muchas personas en paro que antes trabajaban en el régimen general ahora buscan certificar sus minusvalías para poder optar a los cupos de discapacitados. "Cada vez hay más información sobre las ventajas que tienen los discapacitados en diversas materias y la gente intenta encontrar por ahí sus posibilidades de ganarse la vida", cuenta Fernández. Y en otras ocasiones la causa del colapso del sistema la tiene la tarjeta que permite aparcar en sitios exclusivos para personas con movilidad reducida. De ahí que Raúl López crea que se deban hacer dos grupos: uno de solicitudes prioritarias -como los que acaben de tener un accidente de tráfico o su deficiencia es orgánico, además de otros casos- y otras que se tramiten más lentamente, como las mencionadas de tráfico.

Este periódico trató de recabar ayer la opinión de la delegada de Bienestar Social, Amparo Bilbao, sin éxito.