Las mirillas digitales en viviendas enfrentan a vecinos con denuncias y sanciones en Málaga

El 'boom' de dispositivos de vigilancia colocados detrás de las puertas para detectar delitos en zonas comunes o quién llama al timbre crea zozobra entre residentes

"Hay sanciones constantes", recalca un abogado especializado en privacidad y tecnología

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Un sistema de vigilancia en una vivienda de Málaga
Un sistema de vigilancia en una vivienda de Málaga / Javier Albiñana

Un vecino con miedo a que un okupa invada su inmueble mientras está de vacaciones coloca una mirilla digital que graba la entrada a la vivienda vacía, pero cuando el resto de propietarios se percata de que una cámara los enfoca en zonas comunes saltan las chispas. ¿Me está controlando? ¿Por qué tiene que grabar la hora a la que llego o salgo de mi casa? Tengo una hija pequeña. ¿Cómo sé que no guarda esas imágenes o las sube a una red social? Las dudas que los afectados plantean son continuas y, a veces, razonables. La zozobra en las comunidades vecinales por la instalación de estos dispositivos de seguridad, en pleno boom y con precios ya muy asequibles (desde 20 euros), es cada vez mayor. Las quejas están creciendo y acaban en "denuncias semanales". Así lo constata Iván González, responsable del despacho de abogados Privacidad Global, también delegado de Protección de Datos del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. La respuesta de la Agencia Española de Protección de Datos a estas demandas es contundente. "Es muy complicado ir a juicio, pero se abre un procedimiento administrativo. Hay sanciones constantes", resalta.

Un videoportero electrónico en la puerta de la casa

Las mirillas electrónicas son la versión renovada de las clásicas con lente de ojo de pez para así abarcar más ángulo de visión. Se colocan detrás de la puerta de la vivienda y se activan cuando alguien pulsa el timbre. Desde el teléfono móvil, al que se conecta, ya sea en el trabajo o en la calle, el dueño puede comprobar quién se ha acercado, como si se tratara de un "videoportero electrónico pero en la puerta de la casa", precisa el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Manuel Jiménez. Las polémicas se registran, sobre todo, en los nuevos edificios, donde la cámara enfoca también la puerta del vecino de enfrente. Y entonces llegan los enfrentamientos.

La normativa, que regula la Agencia Española de Protección de Datos, es clara: "El uso de las mirillas digitales estaría excluido en la aplicación de la normativa de protección de datos siempre y cuando su uso se limite a de verificar la identidad de la persona que llamó al timbre y a facilitar el acceso a la vivienda". El primer paso a seguir al colocar este dispositivo es asegurarse de que no va a grabar en todo momento sino solo cuando una persona se acerca a la puerta: se prohibe hacerlo por un periodo superior a 30 días. Pero, ¿en qué nube se guardan las imágenes? "Antes de comprarla hay que comprobar que el software cumple los requisitos y que la empresa esta situada en territorio de la Unión Europea", remacha el abogado especializado en privacidad y tecnología.

Las comunidades de vecinos, "una red social propia"

En palabras del letrado, hoy en día "entrar en una comunidad de propietarios es hacerlo en una red social propia". "Representan su propia estructura, su vida, su oposición...La gente es cada vez más recelosa de su intimidad de puertas hacia dentro y quiere protegerla", afirma. Su despacho interpone "denuncias semanalmente por estas cuestiones" ya sea de propietarios o comunidades de vecinos que contratan sus servicios para gestionar "lo que excede y puede o no puede hacer".

El Colegio de Administradores de Fincas atestigua también la proliferación de cámaras de seguridad en las comunidades vecinales, incluso con escaso número de vecinos, para evitar, entre otros, robos, porque el coste de esta tecnología, recalca, "ha bajado muchísimo". "Antes era una inversión importante, pero ahora son cada vez más asequibles. En los últimos años se están instalando muchas", detalla. Los residentes "se sienten más protegidos" con este sistema, "un elemento disuasorio que funciona muy bien frente a actos de vandalismo".

Para la instalación de cámaras de vigilancia es obligatorio pedir autorización a la comunidad de vecinos en caso de que esté previsto que grabe zonas comunes de acceso o bien se coloque en una de ellas, como son las escaleras y el descansillo, "aunque solo enfoque la plaza de parking".

Motivos para acceder al contenido

Nunca "para ver a qué vecino le ha goteado la bolsa de basura o a qué hora ha llegado un hijo a la casa".

Pero eso sí, hay que conocer los límites para no atentar contra el derecho a la intimidad del resto de inquilinos. Y para evitar trifulcas, los administradores de fincas están desarrollando "una labor de formación a los vecinos" de forma que conozcan que, si bien un sistema de grabación "está protegido por la ley orgánica de protección de datos", debe ajustarse a un protocolo para su uso. Así, recalca que no es suficiente con que una comunidad apruebe la instalación de cámaras de seguridad, sino que existen varias reglas a cumplir. Una de ellas es clave: cualquier persona no puede tener acceso a las imágenes. Lo habitual es que esta potestad la tenga únicamente el representante de los vecinos, que puede recurrir a ellas siempre que haya "un motivo justificado". Nunca "para ver a qué vecino le ha goteado la bolsa de basura o a qué hora ha llegado un hijo a la casa".

Un caso reciente que ha llegado el despacho de abogados centrado en las nuevas tecnologías es el de un vecino que advierte que otro de su bloque ha colocado una cámara que está grabando su terraza. "Ya no está tranquilo en su casa, ya no sale en calzoncillos, ya no se comporta igual aunque -la otra parte- le haya asegurado que la cámara es de plástico, para evitar robos", destaca el letrado.

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Nunca "para ver a qué vecino le ha goteado la bolsa de basura o a qué hora ha llegado un hijo a la casa".

"Las okupaciones son un grave problema pero desaconsejamos las desokupaciones forzadas"

Las ocupaciones ilegales de viviendas sigue “preocupando” a los administradores de fincas. También para prevenir a los vecinos y que sepan actuar ante este fenómeno están organizando sesiones de formación en las que intervienen miembros de la Fiscalía y de la Policía de Málaga, de manera que los afectados tengan conocimiento sobre cómo proteger sus derechos. “Las okupaciones se convierten en un problema grave de convivencia”, señala el portavoz del Colegio, que subraya lo fundamental de denunciar los hechos lo antes posible. Desaconseja la “desokupación forzada”. “Se trata de que estemos alerta y seamos ágiles. Cuanto antes se detecte el proceso de okupación para que actúe la Policía más fácil será el desalojo”, sostiene. Si se denuncia tras una o dos semanas, la causa se judicializa y hablamos de que ya se puede demorar entre 6 y meses”, recalca.

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