Las monitoras escolares ganan una batalla contra la precariedad

Málaga/Con una firma estampada entre la Consejería de Educación y los sindicatos ha concluido una lucha de años. La de las monitoras escolares de apoyo administrativo contra su precariedad laboral. Por primera vez, tendrán continuidad en sus contratos los doce meses del año a partir del 1 de julio. De esta manera, dejarán de ser fijas discontinuas y no serán despedidas en julio y agosto como ocurría hasta ahora.

En Málaga, un total de 64 personas estaban en estas condiciones, a las que habían que sumar las pocas horas de contrato. En algunos casos tan sólo estaban contratadas por 8, 12 y 20 horas a la semana, lo que suponía una escasa remuneración. Alcanzar las 35 horas semanales es su próximo objetivo. Si las previsiones se cumplen, según los sindicatos, esto podría conseguirse en enero de 2020.

“Denunciamos a la Inspección de Trabajo, nos dio la razón, no podían ser discontinuas porque eran puestos estructurales, la Junta estaba en fraude de ley”, explica Félix Martín, secretario general de Enseñanza de CCOO Málaga. Y subraya que no sólo suponía un perjuicio para ellas, también para los centros porque cuando se reincorporaban tenían que disfrutar de sus vacaciones y los colegios se quedaban sin este personal tan necesario.

“Se ha conseguido que tengan continuidad y estamos luchando para que disfruten de contratos de 35 horas semanales”, agrega Martín. Según el secretario general de la Federación de Enseñanza, Diego Molina, “este acuerdo supone un importante paso para acabar con la precariedad en los empleos de la escuela pública, pero aún hay que finiquitar otras formas de precariedad”. En situaciones muy desfavorables también se encuentran las monitoras de necesidades educativas especiales y las intérpretes de lengua de signos.

Javier Imbroda valoró este miércoles de forma muy satisfactoria este avance y subrayó que “hoy hemos dado el primer paso para acabar con la situación de precariedad e inseguridad en la que se encontraban estos trabajadores desde 2006, incluso algunos desde 2004”. En este sentido, Imbroda informó de que para poner fin a esta “irregularidad manifiesta”, la Consejería va a invertir alrededor de 1,5 millones de euros en una medida que es “de justicia social”.