El 'monopoly' de Unicaja en Málaga

El imperio de Unicaja, el séptimo grupo financiero del país, sigue ampliándose en Málaga capital. Su sombra está detrás de buena parte de las escasas actuaciones inmobiliarias que, en pleno escenario de crisis, se empiezan a mover en la ciudad, y entre las que tienen especial protagonismo las torres proyectadas en los terrenos de Martiricos, donde interviene de la mano de la inmobiliaria Espacio; la ejecución de varios edificios de viviendas junto al mercado de El Carmen; en las proximidades del polígono San Rafael, y en parte del nuevo barrio de Hacienda Cabello, en Puerto de la Torre. Como poco, la firma malagueña está implicada en varias intervenciones residenciales que suman más de 5.000 viviendas.

El paso adelante que parece estar dando la entidad, según confirmaron fuentes de la Gerencia de Urbanismo, sorprende a los propios responsables del organismo municipal, ya que el comportamiento de las entidades bancarias en periodos como el actual suele ser más el de dejar pasar el tiempo que el de actuar como promotores. "Lo que hacen generalmente es dejar listo el planeamiento esperando el momento adecuado, pero en esta caso Unicaja sí está impulsando algunos proyectos, como un edificio en Carril de la Chupa", indicaron.

Ayer mismo, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba las aprobaciones definitivas de los estudios de detalle de parte del sector de Intelhorce Industrial y del sector Santa Rufina, situado en las inmediaciones de la Avenida Juan XXIII y donde el nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad permite levantar una torre de hasta 83 metros de alto (27 plantas). En ambos casos, los trámites urbanísticos están impulsados por Gestión de Inmuebles Adquiridos (GIA), que depende íntegramente de Unicaja.

Esta firma está detrás también de uno de los proyectos residenciales de mayor envergadura de cuantos se han impulsado en los últimos años en la capital de la Costa del Sol: Sánchez Blanca. Este espacio, originalmente propiedad e impulsado por la cordobesa Prasa, pasó a manos de la firma malagueña hace varios meses ante la imposibilidad de la promotora de mantener la financiación. No obstante, el cambio de manos, en este caso, no ha traído consigo el fin del letargo para las alrededor de 3.300 viviendas dibujadas en estos suelos, objeto de un convenio con el Ayuntamiento por el que las arcas municipales recibirán 55,5 millones de euros, de los aún restan por abonar 28 millones.

Más avanzado desde el punto de vista administrativo está el proyecto residencial del mercado de El Carmen, en Callejones del Perchel, iniciativa que pasó a manos de Unicaja después de que la empresa original, Baensa, no pudiese hacer frente a los costes hipotecarios. Sobre este suelo, donde la actividad a día de hoy es nula, se prevé el levantamiento de 230 viviendas. Al tiempo, cabe recordar que Unicaja es propietaria de uno de los dos edificios de la extinta Vitelcom (el otra pertenece a Cajasol) en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y para el que aún, parece, no ha encontrado un comprador. La bolsa inmobiliaria de la caja se completa, según consta en su propia página web, con 350 inmuebles, entre oficinas, locales comerciales, aparcamientos y viviendas, en régimen de alquiler y venta en toda la provincia.

Y una operación que podría aumentar este patrimonio es la de Colinas del Limonar, cuya propietaria mayoritaria, Noriega está en concurso de acreedores. Se da la circunstancia de que Unicaja aportó buena parte de la financiación que requirió la promotora para hacerse con estos privilegiados y caros suelos, con lo que, a la espera de cerrarse la actuación, cabe la posibilidad de que acabe quedándose con algo más de un tercio de todo el sector, de más de 600.000 metros cuadrados.

Desde Unicaja sólo se comentó que se trata de cuestiones puntuales. Su fortaleza es en buena medida resultado de la incapacidad de las promotoras de asumir la financiación que le reclamaron para afrontar los proyectos residenciales, como demuestra el caso de Baensa y los suelos de El Carmen. Pero el suyo no es el único episodio de poder financiero que se ve en la obligación de transmutarse en promotor. Los últimos tres años, los peores para las empresas vinculadas a la industria del ladrillo, han traído consigo una oleada sin precedentes de propiedades que cambian de manos. Y en todos los casos con un destinatario final: una caja de ahorros o un banco.

Entre las situaciones más llamativas están los de los antiguos suelos de Repsol, donde Novagalicia Banco acabó asumiendo la propiedad de un proyecto originalmente propuesto por la promotora granadina Comarex, que se vio incapaz de seguir adelante con una de las más grandes operaciones de cuantas hoy se mantienen vivas en la ciudad. Otro tanto ocurrió con los suelos de Torre del Río, sector donde el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad, en vigor desde finales del pasado mes de agosto, permite la ejecución de tres torres residenciales de hasta 21 plantas. Este proyecto, inicialmente impulsado por Reyal Urbis, está hoy de BBVA y Banesto.