Más de 200 móviles decomisados en tres años en la prisión de Alhaurín de la Torre

Erradicar la entrada de teléfonos móviles ilegales en las prisiones sigue siendo uno de los grandes desafíos de Instituciones Penitenciarias, que tiene como prioridad mantener bajo control las comunicaciones de los reclusos. Pero el negocio se perpetúa entre quienes aspiran a seguir dirigiendo desde dentro su actividad delictiva, ya sean relacionadas con terrorismo, violencia de género, extorsiones e intimidaciones. En el caso de la cárcel de Alhaurín de la Torre, en los últimos tres años se han requisado 214 terminales. Solo en este ejercicio, a fecha de 30 de noviembre, han sido un total de 80, es decir, 28 más respecto a 2020, cuando se decretó el estado de alarma que obligó a suspender las visitas y los permisos a los reos. En 2019, la cifra era similar a la registrada este 2021. Los funcionarios localizaron 81 teléfonos ilegales.

Pero la posesión de estos terminales, pese al riesgo que entrañan, no tiene consecuencias penales para los presos. Únicamente se les sanciona disciplinariamente. “Estamos a los pies de los caballos. Nos matamos buscando móviles, que son muy pequeños y difíciles de detectar, para que luego solo se sancione a los internos con privación de paseos y actos recreativos comunes. Se quedan en sus celdas descansando por las tardes”, denuncian desde la Asociación Tu Abandono Me Puede Matar, que entiende que el uso de estos aparatos genera “indefensión e inseguridad” al no existir un control por parte de los trabajadores sobre el usuario con el que los reclusos contactan.

El sistema controla las comunicaciones telefónicas de los presos, que deben acceder a las cabinas de una zona habilitada a tal efecto. Para hacer uso de ellas tienen que introducir su número de identificación y el código del pin que hayan adquirido previamente en el economato del módulo. Son 10 los teléfonos que cada interno tiene autorizados. Se les permite 15 llamadas semanales, con una duración de ocho minutos. El coste de todas ellas corre a cargo de quien las realiza. Asimismo, deben justificar la relación que tienen con el titular de la línea a través de un contrato de la compañía telefónica a nombre de esa persona junto con el DNI.

Los funcionarios vienen observando que, para eludir estos controles, los teléfonos ilegales se cuelan –principalmente a través de familiares– en lugares cada vez “más insospechados”. “Hemos visto móviles o droga dentro de televisores, en latas de conserva o de refresco, en cubos dobles perfectamente ocultos, en botas y hasta detrás de enchufes”, advierte el secretario de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), Rafael Paniza. A su juicio, la “decadencia de la institución, el obsoletismo penitenciario y la falta de medios personales y materiales hacen que sea más fácil burlar las medidas de seguridad”.

Los teléfonos en miniatura tienen el tamaño de un mechero y un escaso índice de metal para evitar que se activen los sensores de control de acceso a la cárcel. La pericia de los trabajadores es clave para frenar su uso tras los muros de una prisión que, además, carece de inhibidores de frecuencia punteros que permitan anular su operatividad. “Se decomisan con mucho trabajo. Recibimos chivatazos o sospechamos de comportamientos extraños en internos que, por ejemplo, nunca hacen llamadas de las que tienen permitidas”, explican funcionarios consultados. En otras ocasiones, es la Policía la que pone a los centros penitenciarios sobre la pista de un preso que ha contactado con alguien del exterior.

En palabras del portavoz de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, todo lo que ocurre en una cárcel tiene “consecuencias peligrosas, de una manera u otra, en la sociedad”. “El riesgo que supone introducir un teléfono es muy elevado. Son personas que ya están privadas de libertad”, arguye.

Los móviles más pequeños del mercado pueden adquirirse por menos de 20 euros en cualquier portal de anuncios. Pero en los centros penitenciarios su precio es, como poco, diez veces superior. Los internos pueden llegar a pagar hasta 300 euros por uno, el doble si se trata de un Smartphone. La estrella de la corona son los antiguos Iphone, que se disparan hasta los 1.000 euros.