Una mujer de 31 años ha golpeado y amenazado de muerte, presuntamente, a su padre tras ir a buscarlo a su lugar de trabajo para exigirle dinero. La presunta agresora, que padece problemas de salud mental y había salido de prisión unos días antes, está en paradero desconocido desde anoche, cuando ocurrieron los hechos. Antes de huir, con un fuerte estado de agresividad, también intentó agredir, supuestamente, a profesionales del Equipo de Atención a la Mujer (EAM), que habían acudido a la llamada del progenitor.

El suceso se produjo hacia las 10 de la noche. La víctima, que ya había vivido episodios similares y tiene "miedo", alertaba de que su hija, con un brote y en estado de "crisis agresiva", había destrozado el mobiliario de la vivienda en la que reside y, además, lo había amedrentado. Las profesionales del EAM, un recurso de intervención social, dieron aviso al centro coordinador 061, que solicitó el apoyo de la Policía Nacional.

El equipo de profesionales, según su relato, aportado a este periódico, se desplazaron hasta el bar que regenta el hombre, en el Centro de Málaga, para prestarle "apoyo psicosocial" y tratar de intervenir para "estabilizar a la paciente", toda vez que aguardaban la llegada los sanitarios. Una vez transcurridos, según denuncian las trabajadoras, "más de 50 minutos", y tras "numerosas llamadas al 061", siguieron a la espera de la Policía. Aseguran que se dio aviso "hasta en tres ocasiones", pero que les indicaron que no disponían de "unidades".

La hija se mostró cada vez más violenta. Comenzó entonces a "agredir verbalmente al personal" y a amenazar "con causar males mayores contra el progenitor". Las integrantes del Equipo de Atención a la Mujer trataron de calmarla. Ante el riesgo de que escapara, sin medicación, contactaron entonces con la Policía Local, que supuestamente también les precisaron que no había efectivos disponibles en ese momento para acudir al lugar.

La presunta agresora siguió muy alterada y comenzó a golpear al padre, provocando que éste, al parecer, chocara contra la barra del establecimiento. Después, le lanzó "una patada" y arrojó "objetos al aire", hasta que llegó a "atentar contra las profesionales" que intentaban mediar. Después de "una hora y 20 minutos", la Policía Nacional les informó de que una patrulla se había desplazado hasta el local, pero el el servicio de atención a la mujer niega que esta información sea cierta. Sí acudieron, más tarde, "hacia las 11 de la noche", agentes de la Policía Local, pero la mujer que supuestamente había protagonizado los hechos ya se había marchado. Por el momento, no tienen noticias suyas.

Las trabajadoras del equipo después de valorar el caso con su servicio social y jurídico, han presentado un oficio ante el Juzgado en funciones de guardia Instrucción Nº 1 de Málaga para pedir que se investigue la posible comisión de un delito de denegación de servicio. El escrito refleja que existen "fundamentos que prueban, retardan y obstaculizan el auxilio en situaciones de riesgo" y que, como consecuencia, se han producido "daños físicos y morales en terceras personas".

Asimismo, el oficio elevado precisa que la "nula actuación policial imposibilitó la intervención sanitaria" y que, por ende, "no se aseguró una protección a las profesionales que actuaban ni a los familiares de la paciente enferma".

Aumento "sumamente preocupante" de los problemas de salud mental

Hace sólo unos meses, el Ministerio Público de Málaga alertaba de un incremento "sumamente preocupante" de los problemas de salud mental y de conducta en menores. Una situación que, según la memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2023, estaría estrechamente relacionada, por un lado, con las "insuficientes actuaciones de prevención" por las entidades locales y la "no formalización" de la categoría de riesgo de los usuarios, y, por otro, con la "carencia" en que se encuentran los dispositivos de salud mental, que "colapsan" a los orientados a la protección provocando que exista "lista de espera" para ingresar en recursos de este tipo "cuando se trata de medidas para proteger a menores que no son asistidos en los recursos sanitarios competentes y cuyas familias no pueden protegerlos".