Las multas a la Junta por la falta de depuración de aguas en Málaga seguirán hasta finales de 2022

Málaga/El montante final de las sanciones que tendrá que abonar la Junta de Andalucía por el importante retraso en la ejecución de las plantas depuradoras mediante las que tratar las aguas residuales de Coín y Alhaurín el Grande, ambos de más de 15.000 habitantes, seguirá incrementándose durante los próximos años.

El actual estado de tramitación de las dos instalaciones necesarias, la EDAR Bajo Guadalhorce y la EDAR Norte, hace prever que se sigan sumando nuevas penalizaciones al menos hasta finales del año 2022. La carencia de estas dos infraestructuras, de acuerdo con las facturas remitidas por el Gobierno central a la Administración autonómica, hace que la herida económica para las arcas regionales ronde ya los 3 millones de euros.

Pero es un valor que seguirá creciendo. La propia sentencia del Tribunal de Justicia europeo, que condenó al Estado español, obligaba al abono de una multa coercitiva por cada seis meses de retraso acumulado en la terminación de las plantas depuradoras. Y ello a razón de 634.320 euros en el caso de Alhaurín el Grande y de otros 607.481 euros en el de Coín.

Teniendo en cuenta que la última penalización fue formulada el 25 de julio de 2019, es de prever que la Junta tenga que hacer frente a una nueva sanción por otros 1.240.000 euros con fecha de finales de enero, así como otra previsible para finales de julio por la misma suma. Y así cada semestre mientras no se hayan completado estas actuaciones.

Eso siempre que no prospere el camino judicial que acaba de anunciar el Gobierno regional para invalidar el acuerdo adoptado a principios de marzo por el Consejo de Ministros. Con el mismo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez imputó parte de la responsabilidad en el incumplimiento de la directriz comunitaria para que se depurase el agua de las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes a las comunidades autónomas.

El global de la multa a la que tiene que hacer frente el Estado español es de unos 32,7 millones. No obstante, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible ya avanza que recurrirá el citado acuerdo ante el Tribunal Supremo, "al entender que el procedimiento no ha sido el adecuado".

En una respuesta oficial emitida ayer, el Gobierno presidido Juan Manuel Moreno Bonilla acusó a los responsables de "la antigua Junta de Andalucía" por la penalización ahora sufrida, toda vez que "tardó hasta 15 años en reaccionar a los requerimientos de la Unión Europea y no lo hizo hasta que recibió los avisos de posibles sanciones". Para dejar en suspenso las multas, la Junta tiene que ejecutar y poner en servicio tres depuradoras pendientes: las dos de Málaga y otra que dé servicio a la aglomeración de Isla Cristina.

En su información, precisaba que la planta del bajo Guadalhorce, que tratará las aguas de unos 45.000 vecinos (Álora, Pizarra y Coín), no estará plenamente operativa hasta dentro de unos meses. A pesar de la que estación está finalizada desde octubre, los daños causados por las fuertes lluvias en el colector de Coín en 2018 impide que sus aguas sean depuradas.

La Junta afronta ahora esta reparación, "que se iniciará una vez finalizado el estado de alarma". "Debido a que el Gobierno anterior no declaró la emergencia cuando se dañó el colector de Coín, el nuevo equipo de la Junta se ha visto obligado a tramitar un modificado al proyecto para repararlo", denunciaron desde el organismo regional.

En otro esquema temporal está la EDAR Norte de Málaga, cuya inversión se eleva, según Agricultura, a unos 110 millones de euros. "El equipo de la actual consejería no solo encontró esta actuación sin proyecto de redacción, sino que ni siquiera estaba firmado el convenio preceptivo para iniciar las obras", critican, precisando que ambos trámites están "ya prácticamente finalizados". A la espera de la firma del convenio con los ayuntamientos, la posibilidad que se maneja es que sea la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) de Málaga la que asuma la gestión de la planta una vez ejecutada.

Incluso, informaron de que se está redactando los pliegos de un nuevo procedimiento de contratación, "de diálogo competitivo, con el fin de acortar hasta en un año los plazos que normalmente conllevan una actuación de esta envergadura". Con todo, la previsión es que la obra pueda licitarse este verano, con la posibilidad de que los trabajos arranquen antes de acabar el año.

Los plazos alargan a finales de 2022 el escenario posible de terminación. De cumplirse esta previsión, solo por la falta de depuración de Alhaurín el Grande, la Junta podría enfrentarse a una sanción añadida de otros 3,8 millones de euros. Cifra que alcanzaría los 5 millones al incluir los 1,2 millones de multas coercitivas por la dilación en la solución a los problemas de Coín.