Las multas por el retraso en tratar las aguas residuales en Málaga rondan ya los 10 millones de euros
Unos 6 millones corresponden a la Junta por los municipios de Coín y Alhaurín el Grande
El resto al Gobierno central, responsable de la planta depuradora de Nerja
Málaga/La importante demora en la construcción de las depuradoras comprometidas décadas atrás por la Junta de Andalucía y el Gobierno central para tratar las aguas residuales de los municipios malagueños de más de 15.000 habitantes se deja sentir de manera más que gravosa en las arcas públicas. Las estimaciones realizadas por Málaga Hoy, tomando como punto de partida los valores oficialmente manejados por ambas instituciones, permiten elevar el valor de las penalizaciones impuestas por este retraso por encima de los 10 millones de euros. De esta suma, del orden de 6 millones corresponden a la Administración regional (la Junta rebaja esta suma a unos 4,5 millones), mientras que algo más de 5 millones son de la estatal.
Estas multas tienen su origen en la condena que impuso en 2018 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea al Gobierno central por incumplir de manera reiterada la directiva comunitaria en materia de saneamiento, que obligaba a tratar las aguas residuales de los núcleos de más de 15.000 habitantes en el año 2000.
Tras el fallo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez asumió directamente una parte de las sanciones y repercutió sobre las comunidades autónomas las correspondientes a las infraestructuras bajo su competencia. En el caso de la provincia de Málaga y el Gobierno regional esto afecta a los municipios de Alhaurín el Grande, al que se dará respuesta con la bautizada Edar Norte, y Coín, con la depuradora Bajo Guadalhorce.
La sentencia marcaba una penalización por los retrasos acumulados y un segundo parámetro en concepto de multa coercitiva a aplicar por cada semestre de tardanza añadida. Hasta el 25 de julio de 2019 (incluyendo las dos primeras multas coercitivas), las sanciones a la Junta alcanzaron los 3 millones de euros.
Una factura que ha ido creciendo. En el caso de la depuradora que trata las aguas de Coín, su puesta en servicio no tuvo lugar hasta finales del pasado año. Esta circunstancia ha hecho que las penalizaciones sólo por la parte correspondiente a esta obra se incrementen al menos en otros 1.214.000 euros (correspondiente a aplicar una multa de 607.481 euros por cada semestre de retraso añadido).
La adjudicación de la obra de la Edar Norte entra en su fase final
El concurso para la adjudicación de estas instalaciones fija un valor de materialización de unos 130 millones de euros. El mismo fue activado en agosto del año pasado, sin que por el momento se haya completado el proceso de análisis de las ofertas recibidas. A la construcción de la depuradora optan las grandes constructoras nacionales, caso de Sacyr, OHL, Dragados, Ferrovial y FCC, entre otras. La repercusión económica es justamente una de las principales razones empleadas por la Junta para rechazar la petición de los propietarios de la zona donde quedará localizada la depuradora, conocida como la Vega de Mestanza. De acuerdo con los cálculos de los responsables autonómicos un cambio de localización traería consigo iniciar casi de cero todo el procedimiento, prolongando hasta al menos 2028 la puesta en carga de estas instalaciones. Algo que generaría unas multas de 8,8 millones.
Y esto mismo es lo que ocurre con la Edar Norte. En su caso, la sanción fijada por semestre de demora es de 634.320 euros. Teniendo en cuenta que aún no está ni siquiera en fase de construcción, los tres semestres acumulados desde julio de 2019 suponen otros 1,9 millones a sumar.
Un valor que seguirá su particular incremento, ya que la sentencia mantiene vivas las multas coercitivas hasta que se dé respuesta al problema de tratamiento de la zona. Y en caso de la Edar Norte la demora es mayúscula. Actualmente, está en proceso de licitación la obra, para la que se estima un plazo de unos 42 meses. De no haber recorte del periodo previsto, estas instalaciones no estarían disponibles hasta finales de 2024 o principios de 2025. Y ello podría traducirse en otras siete multas coercitivas a razón de 634.320 euros cada una de ellas. Esto supone una amenaza cierta de penalizaciones acumuladas por valor de 4,4 millones de euros.
Siendo relevante la repercusión que los retrasos en la depuración tienen para la Junta no son menos para el propio Gobierno central, responsable de otra de las grandes infraestructuras pendientes: la depuradora de Nerja. Esta planta inició la fase de pruebas al cierre del pasado ejercicio, estando prevista su entrada en funcionamiento a finales de este mes.
El incumplimiento de los calendarios obliga al Gobierno, atendiendo al sentido de la sentencia, a hacer frente a unas sanciones que sólo hasta el 25 de julio de 2019 rozaban los 2,4 millones. Pero desde esa fecha hay que sumar tres multas coercitivas, a razón de 989.298 euros por semestre. Esto hace un total de casi 3 millones más, con lo que el global podría rondar los 5,4 millones.
Aplicando la incidencia sobre las tres instalaciones más afectadas por los retrasos en la ejecución de las obras, la factura global de las sanciones por la falta de depuración en la provincia rondan a día de hoy los 10,5 millones. Y es factible que la misma acabe superando los 15 millones en el momento en que esté operativa la Edar Norte.
1 Comentario