El alto precio provoca que mafias alquilen a bajo precio pisos sin contrato a necesitados en Málaga

El mercado del alquiler se ha convertido para los inquilinos en un callejón sin salida que está haciendo aflorar los fraudes. Las mafias, que han intensificado su estrategia para hacer caja, ahora utilizan a familias vulnerables para garantizarles un techo sin ningún tipo de contrato firmado. El efecto es casi inmediato. En 24 horas, los inquilinos son obligados a marcharse si sus caseros encuentran otros que están dispuestos a pagar más. “Es un negocio al alza que se ha vuelto muy rentable con la subida de precios”, denuncia el concejal del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda, Francisco Pomares.

La escasez de viviendas arrendadas, su elevado coste y las dificultades para acceder a una hipoteca son el caldo de cultivo para caer en manos de estos intermediarios privados, que no solo captan a familias con escasos recursos sino también a mujeres con niños a su cargo, aún más vulnerables. “Hay toda una red de pisos de alquiler sin contrato. ¿Quién la maneja? Son muchos intermediarios que consiguen habitaciones a 400 euros o pisos a 900. Al final son pisos pateras”, recalca el también director gerente del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV).

Se trata de organizaciones ilegales que, aunque operan desde hace ya un tiempo y “siempre han sido una realidad tangible”, ahora, con los precios del alquiler por las nubes, han visto una línea clara de negocio. Además de localizar pisos para ofrecer a cambio de llevarse una comisión, también se dedican a invertir en inmuebles para lavar, de esta forma, el dinero que obtienen del narcotráfico. “Tienen siete u ocho viviendas y las alquilan todas en negro. Es una fuente de ingresos que da mucho dinero”, apostilla el concejal de Vivienda, que aboga por “perseguir” no solo a estas organizaciones, sino también por impulsar “actuaciones de control” sobre los inmuebles que manejan.

El fraude, sostiene, también tiene tintes de “subexplotación”. “Las familias que aceptan pagar una mensualidad por uno de estos pisos no pueden recibir ayudas al pago del alquiler y, a veces, ni siquiera pueden empadronarse porque no tienen un contrato”, recalca el edil.

En este sentido, hay que recordar que el propietario de una vivienda que no declara los rendimientos obtenidos del arrendamiento está incurriendo en un fraude fiscal y puede verse obligado a hacer frente al pago de sanciones y multas. Es obligatorio, además, que el dueño y el inquilino firmen un contrato que defina las obligaciones y derechos básicos de ambos. Expertos consultados por este periódico aseguran al respecto que, sin ese documento, podría hablarse de una ocupación unilateral del inmueble o de una utilización gratuita consentida, lo que suele derivar en una fuente continua de conflictos. “Si llega una familia que, en lugar de 500 euros, paga 700 mañana tiene que irse a la calle. Eso ocurre, y no solo en los barrios humildes”, remacha el responsable municipal, que subraya también la “indefensión jurídica”.

Operación contra 'narcopisos' en La Trinidad

Además de aceptar las condiciones de estas mafias a cambio de un techo en el que vivir de forma transitoria, hay inquilinos que han terminado sobrepasando también otra línea roja: la de sacarle rendimiento al inmueble que ocupan con el cultivo de plantaciones de marihuana. En 2021, la Junta de Andalucía recuperó en una actuación policial 18 viviendas públicas de alquiler que habían sido utilizadas por un clan organizado para el depósito y la venta de drogas, así como para el consumo de estupefacientes.

Los pisos pertenecían a tres promociones de La Trinidad que forman parte del parque residencial titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). “No solo vivían de forma ilegal pagando a una mafia sino con plantaciones de marihuana. Hacían negocio con las viviendas públicas y se puso orden porque era un descontrol”, destaca Pomares.

La actuación policial permitió entonces disponer de esos inmuebles para poder adjudicarlos a otras tantas familias que llevaban años inscritas en el registro a la espera de que se les asignara una vivienda protegida en alquiler. El balance arrojó un total de 12 detenidos y centenares de dosis de droga intervenidas en los registros.