Ni oportuno, ni necesario

Málaga/CON todos los respetos, señor presidente de la Junta, no comparto en modo alguno sus declaraciones del pasado miércoles 11 sobre la torre portuaria de Málaga, a la que adjetivó de oportuna y necesaria. Además, creo que cada día que pasa somos más los malagueños que estamos en rotundo desacuerdo con ellas y le voy a razonar por qué.

De entrada le diré que se equivoca usted al calificar esta cuestión de “polémica política absurda que busca la confrontación por la confrontación”. Es algo de mucha mayor enjundia que una simple disputa política por importante que sea. Le recuerdo que tiene su origen en un radical cambio urbanístico del Plan Especial del Sistema General del Puerto de 2010 que había fijado la altura máxima de la edificación en el dique de levante en 11,10 metros. Por eso la estación marítima de cruceros tiene un diseño tan cuidadoso que evita afectar al horizonte marítimo de Málaga. Porque ese tope legal de la altura saltó por los aires seis años más tarde, cuando empezó un rosario de irregularidades administrativas que jalonan el proceso de tramitación de ese macrohotel en el morro de Levante, acabando con la protección del paisaje marítimo de la ciudad y haciendo viable el monumental disparate que significa. Responsabilidad política y técnica de tirios y troyanos, que comienza en febrero de 2016 cuando se aprobó la Modificación del citado Plan Especial, en la plataforma del dique de levante, para incluir el uso hotelero.

A ésta siguió con gran rapidez, antes de que la ciudadanía tomase conciencia del gran cambio producido, el posterior y apresurado “pseudoconcurso” público de septiembre del mismo año, con el amañado plazo de un mes de duración para presentar proyectos, cuando la ley establece un periodo de dos meses. Decisión tomada retorciendo la legalidad para reducirlo a la mitad con el indisimulado objetivo de evitar competencias en el concurso y dejar sin tiempo a la eventual presentación de alternativas. De esta forma se garantizaba la concesión en ciernes que estaba detrás de esa modificación tan radical como inesperada. En afirmaciones de un antiguo director del puerto, buen conocedor del asunto, esta actuación administrativa supuso “una evidente falta de concurrencia lo que no ha garantizado que la propuesta sea la de mayor interés público, no solo en el aspecto económico sino también de calidad y atractivo arquitectónicos”.

Por darle algunas pinceladas más al respecto, añadiré que el fundamental expediente presentado sobre la viabilidad económica de la propuesta hotelera, está plagado de errores, infravaloraciones y carencias en la cuantificación de sus costos que, incluso a pesar de ellas, no consiguen encubrir los evidentes números rojos que un análisis financiero solvente demuestra. En consecuencia, resulta evidente el incumplimiento de la ley de Puertos que, para defender los intereses y bienes públicos afectados (conviene no olvidarlo), establece la obligación de acreditar la garantía de la rentabilidad y el deber de lograr un “adecuado” equilibrio de los beneficios y cargas que se incluyen en la actuación urbanística propuesta, que se siguió tramitando como si el cumplimiento de ese requisito no fuera esencial en el procedimiento. Para más inri, no hubo modificación alguna del mismo tras los cambios de diseño experimentados, como si nada hubiera cambiado después.

Porque estos informes de viabilidad corresponden al diseño inicial de la torre, que ha ido sufriendo sucesivas modificaciones hasta llegar al que se dice ser definitivo. Un proyecto muy distinto pues cuenta con seis plantas menos y es bastante más ancho por su base. Salvo unas infografías, manipuladas como todas, no son públicas sus nuevas características, ni los imprescindibles nuevos estudios de viabilidad, entre ellos, la económica afectada fuertemente por el nuevo diseño y, sobre todo, el de la cimentación. Éste debería tener la máxima relevancia y un rigor que brilla por su ausencia en el único conocido, dados el sitio, las características portuarias del terreno y la importancia de la edificación. El presentado en el expediente administrativo para tramitar la construcción de ese hotel de 135 metros a ubicar en medio de una importantísima infraestructura portuaria con problemas, ni tan siquiera está firmado por un ingeniero de caminos, canales y puertos.

Constituyen continuas irregularidades que, en mi opinión, exigirían anular todo lo actuado y repetir el procedimiento realizado para subsanarlas, empezando por garantizar la concurrencia de proyectos; si bien lo más razonable y deseable sería volver a la legalidad urbanística de 2010. No se pueden suplir esas reiteradas anomalías, y algunas más, apelando simplemente a la solvencia y capacidad financiera de los promotores del gigantesco edificio sean quienes fueren. No me cabe duda de que las carencias técnicas serán o estarán siendo subsanadas por estos en su propio interés; pero entonces, ¿para qué sirven los procedimientos administrativos? ¿Quién supervisa la actuación privada sobre una propiedad pública en concesión temporal? ¿Cómo el supervisor y órgano decisor del concurso –la Autoridad Portuaria– se presentó como promotora de la propuesta, que ella misma había aprobado, actuando como juez y parte en substitución del concursante ganador que no sabía, no podía o había perdido interés en seguir? ¿No es éste todavía un estado de derecho?

Y fuimos un grupo de ciudadanos “transversales” –también políticos y sindicalistas– los que emprendimos una labor de concienciación sobre la barbaridad que supone ese colosal bloque de pisos que excede en altura al monte de Gibralfaro y en ese sitio. Aunque más correcto sería decir que han sido todos los ámbitos culturales y sociales de Málaga, que tienen el deber ciudadano de opinar con la fuerza de su conocimiento científico, técnico y profesional (profesores y departamentos universitarios, colegios profesionales, reales academias, organizaciones defensoras del medioambiente, organismos culturales internacionales vinculados a la Unesco como Icomos, y simples ciudadanos), los que han elevado su razonada voz para pronunciarse en contra del peligroso, anticuado, insostenible y depredador desatino que supone el rascacielos portuario. Un hotel de lujo que encubre un enorme negocio inmobiliario sobre unos terrenos públicos en concesión durante 50 años, a cuyo término el mamotreto seguirá ahí como “icono” de la mayor insensatez consentida por los malagueños en su historia, que posiblemente pasará a un lugar destacado en el ranking de los esperpentos urbanísticos mundiales. Y sucedería en un “momento dulce” de la ciudad que puede cambiar rápidamente de signo si volvemos a dar vía libre al expolio urbanístico que padecimos en los sesenta y setenta del pasado siglo.

Y después del medio siglo ¿qué? ¿Y si quiebra el hotel por mucho lujo que tenga, cosa nada improbable como acredita la historia de la Costa del Sol? ¿Que ocurrirá con el Algarrobico bis? ¿Quién sería responsable y tendría que hacerse cargo y pagar su demolición? Indudablemente tendremos un “maravilloso” icono en degradación continua por décadas para arruinar de nuevo la economía malagueña, como una nueva plaga, esta vez no causada por la filoxera sino por la estupidez de una generación irresponsable que decidió o permitió su construcción y sus efectos ante la pasividad adormecida de muchos.

Por consiguiente, calificar este trascendental asunto de simple debate político con el objetivo de desgastar al adversario, ni es cierto ni puede ser excusa para defender lo indefendible. Lo que está en juego, Señor presidente, es el futuro de Málaga cuyos ciudadanos empiezan a darse cuenta de ello con su creciente oposición al dislate que empieza a descubrirse al comprobar visualmente, y sin grafismos manipulados, el impacto que las torres de Martiricos han tenido ya en el paisaje de nuestra ciudad. Los malagueños empezamos a horrorizarnos al trasladar mentalmente al dique de Levante sus imponentes 106 metros de altura, incrementados hasta los 116 del proyecto hotelero actual. ¡Eso es lo que –de no impedirlo– se pretende sea el nuevo horizonte marítimo de Málaga!

Ciertamente un desarrollo turístico de calidad es importante, pero no a costa de expolios como el que va a sufrir el patrimonio inmaterial de los malagueños acumulado en siglos de evolución urbanística, de consumarse la fechoría portuaria. El propio ministerio de Cultura en un informe del verano de 2021 mencionaba “indicios de expoliación para el patrimonio cultural de Málaga” y el ministro fue cesado a continuación. Sin comentarios.

Pues bien, ya que estamos modificando seriamente el horizonte del interior, respétese al menos el paisaje marítimo que ha permanecido inalterado desde el tiempo de los neandertales, con la discreta y necesaria excepción de la Farola para ayudar a los navegantes. ¿Vamos a traicionar nuestra milenaria herencia por esta insensatez?

Por otro lado, calificar de icono una elevada edificación que ya era vulgar hace un siglo en Estados Unidos, lejos de imagen de modernidad, lo es de catetismo. Con el agravante de convertirse en símbolo del mensaje de que todo obstáculo administrativo es salvable en Málaga, por encima de los intereses de la ciudad y provincia cuando se trata de un negocio inmobiliario. No lo necesitamos para nada. Nos basta con el clima y calidad de vida que disfrutamos, la imagen cultural y nuestro cosmopolitismo como el mejor reclamo.

Por otro lado, estamos inmersos –aunque no seamos todavía muy conscientes de ello– en los profundos cambios que el Covid, la guerra de Putin y las nuevas tecnologías digitales están originando sobre el diseño futuro de la sociedad occidental. Y aquí, en Málaga, se está gestando un nuevo paradigma de ciudad media, asentada en una larga tradición de convivencia y acogida al extranjero renovada sobre nuevas bases económico-sociales. Experiencia que se sigue en todo el mundo por lo que tiene de innovador modelo territorial sostenible y global de base tecnológica, diferente a los bosques de rascacielos de las grandes urbes y a los fundamentos inmobiliarios y especulativos que tanto daño hicieron a esta ciudad y provincia en el pasado.

Finalmente señor Presidente, permítame una última consideración. Si se acaba por consumar la fechoría portuaria –y usted puede pararla–, se cometería el mayúsculo error de perjudicar nuestro presente y cuestionar nuestro futuro. Dar vía libre definitiva a este rascacielos iría en contra de los intereses de un millón de malagueños por lo menos, al preferir los teóricos intereses del cuarto de millón de ciudadanos cataríes, para cuyo fondo financiero soberano –si es quien está detrás– este proyecto supone una minucia entre cientos de negocios de todo tipo que gestiona. Eso me lleva a sospechar que hay otros espurios intereses españoles, a los que les importa una higa sacrificar el futuro de Málaga con tal de llenarse los bolsillos, aunados detrás o aliados con la bandera de Catar. Un pequeño emirato cuya fracasada proyección internacional, después del desastre que ha significado para el deporte del fútbol acoger el reciente campeonato mundial, junto a la debacle en que el señor Al Thani sumió al Málaga C.F., son motivos adicionales para desconfiar muy mucho del “icono” y su futuro. Su construcción, no lo dude, tendrá un alto coste electoral para los responsables de la decisión que sentiremos como lo que es: una agresión donde más nos duele. Tenga en cuenta que el paisaje es el único patrimonio colectivo que tenemos, nuestra herencia para las generaciones futuras que nos maldecirán si la dilapidamos destrozándola.

Señor presidente, está usted desempeñando una estimable gestión al frente de la Junta de Andalucía y su prestigio político va en ascenso. No defraude la confianza de los malagueños defendiendo unos intereses, muy minoritarios, enfrentados a los generales de este pueblo que es el suyo.