La tribuna
Hace 47 años que la sangre de Caparrós regó la autonomía
El otro día mientras hojeaba el periódico, apareció Manuel. Se trata de un hombre de Granada que estaba en huelga de hambre. Decidió plantarse ante el Rectorado de la Universidad de este ciudad andaluza para denunciar que su hija no se iba a presentar a las pruebas de selectividad porque no podía hacer frente al pago de las tasas que, entre pitos y flautas, se ponían en 180 euros. Su sueldo, de poco más de 600, no le daba para más. Y allí se tiró unos días este hombre, intentando hacernos ver que con las cosas de la educación no se debería jugar. Tras un paso fugaz por todos los telediarios, Manuel contó que un familiar lo llamó para que su hija emigrara a Canadá y hasta allí parece que se fue la chica, a Ontario, buscando poder terminar sus estudios. Y buscando poder empezar su futuro.
He intentado durante unos días saber qué ocurrió con Manuel y qué pasó con su hija, pero apenas he encontrado nada. Mediáticamente lo suyo fue una historia inacabada, como tantas otras. Forma parte de lo que el escritor Juan José Millás calificó un día como noticias débiles. Durán lo que dura una pompa de jabón: un reportaje de unos minutos sin principio ni final. Ni se sabe nada de este hombre antes de ponerse en huelga, ni se tienen detalles de lo que sucedió después de su denuncia. Tampoco hubo explicación para un hecho esencial en la historia, la de que cómo es posible que en un país del primer mundo una persona no pueda continuar su formación como estudiante porque existe una abusiva tasa académica para presentarse a una prueba obligatoria.
Millás dijo una vez en un artículo que en tiempos duros hay que estar pendientes de las historias pequeñas. Con tanto dato macroeconómico, porcentajes de paro y estadísticas del IPC, las personas se nos pierden entre tanto papeleo. Y resulta que dos días antes de que la Junta anunciara 3 millones de euros en becas para que los estudiantes andaluces se puedan presentar a la acreditación académica del B1 para inglés, hay un señor en huelga de hambre porque no tiene dinero para pagar la tasa de selectividad de su hija. A estas cosas me refiero, a eso de que en los grandes anuncios se nos quedan fuera, demasiadas veces, la gente a la que les hace más falta la ayuda. Con la medida anunciada, igual recibirán becas aquellos que no tendrían problema alguno en pagar este examen, pero seguiremos sin tener una solución rápida para aquel que quiera presentarse a la selectividad y no lo alcance el sueldo.
En un hipotético periódico donde salieran las noticias débiles, yo hubiera abierto la portada esta semana con la decisión de la Junta de Andalucía de mantener de nuevo este verano un buen número de colegios abiertos para que un millar de niños vulnerables y de zonas desfavorecidas tengan algo que echarse a la boca para alimentarse. El hambre tiene la mala costumbre de no irse de vacaciones ni en Navidades ni en el periodo estival, por eso el plan escuela de verano de la Junta tiene su importancia. Sin embargo, las alegrías siempre duran poco en la casa de los pobres. Durante el curso escolar 5.600 niños malagueños estaban adscritos al programa que le garantiza tres comidas al día en sus colegios. El plan de Escuela verano apenas alcanzará a mil de ellos. O sea, que se nos ha perdido entre los papeles la situación de 4.600 restantes.
Hay otra noticia en Málaga de esta semana que pudiera parecer enclenque y débil. Les cuento. El ayuntamiento de Málaga le ha pasado al cobro una tasa de 372 euros a una asociación sin ánimo de lucro que reparte comida entre personas sin recursos a pesar de que este tipo de colectivos están exentos de pagar el 90 por ciento de este impuesto. El local lo gestiona la ONG "Corazones Malagueños" que abrió hace dos años y que ocupan un local en el Camino de San Rafael. Ya ven, otro claro ejemplo de que las normativas no entienden de personas. Seguro que, al final, lo van a retirar; pero primero tendrá que pasar por un largo trámite administrativo en el negociado de las cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Un negociado del que deberían disponer todas las instituciones públicas: el departamento para solventar las cosas del sinsentido común.
Todos los días nos hacemos eco de grandes noticias que no tienen interés alguno, mientras pasan desapercibidas miles de historias que tienen como protagonistas a los débiles. Hace unos días Amnistía Internacional alertó sobre un hecho difícil de entender: España, el país donde más inmuebles se han levantado en la última década, es el segundo país de Europa con menos viviendas sociales, apenas un 1,1 por ciento. Amnistía Internacional llega a decir en su informe que los desahucios "es la violación de los derechos humanos más extendida de España". Un país que, con tres millones de inmuebles vacíos, acumula el 30% de los pisos no ocupados en toda Europa. Unas cifras que esconden miles de dramas familiares.
En este año cargado de elecciones se nos ha instalado en los medios de comunicación el periodismo del bla, bla, bla. Los medios de comunicación están ya de declaraciones, pactos, acuerdos y propuestas. La nueva política, esa a la que todos se refieren y se apuntan, no tiene más que un sentido: la de colocar a las personas por encima de tanta charlatanería. Y para la nueva política habría que requerir también un nuevo periodismo: ese que llene sus páginas de grandes historias que ocultan un montón de noticias débiles.
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