La quinta parte del personal del SAS en Málaga ha sufrido agresiones

Málaga/La quinta parte de los trabajadores de la sanidad pública malagueña ha sufrido alguna agresión física o verbal durante su desempeño profesional. Esa es la rotunda conclusión de un estudio de CCOO que analiza los datos desde 2007 –prácticamente desde que comenzaron a contabilizarse– hasta 2022. Pero incluso desde la central sindical se advierte que el porcentaje es aún mayor porque las estadísticas sólo pueden contabilizar aquellos incidentes que han sido registrados. De modo que lo que no se denuncia, no existe en el Registro Informatizado de Agresiones (RIAC). Por ello, sindicatos y colegios profesionales siempre recalcan que las estadísticas sólo son la punta del iceberg.

El RIAC comenzó a funcionar en 2005. Según el análisis de CCOO, desde 2007 a 2022, ambos años inclusive, se registraron 3.535 agresiones totales en la provincia de Málaga. Comisiones Obreras toma como referencia el censo de las elecciones sindicales de febrero de 2019, cuando había en la provincia 17.160 trabajadores (En la actualidad la cifra es mayor). Por ello concluye que en ese periodo, el 20,60% de la plantilla del sistema público de salud ha sufrido alguna agresión física o verbal. Es la proporción más alta de Andalucía. Le siguen Huelva (20,38%), Córdoba (19,10%), Jaén (17,84%), Sevilla (16,77%), Almería (14,16%), Cádiz (13,04%) y Granada (9,08%). Con ese 20,60% del personal que ha sufrido alguna agresión, Málaga se sitúa cinco puntos por encima de la media autonómica, que es del 16,15%, según el estudio de CCOO.

De las 3.535 agresiones totales registradas en la provincia desde 2007 a 2022, 894 fueron físicas (25,29%) y 2.641 verbales (74,71%). El dato supone que una de cada cuatro agresiones que se registran es física. Profesionales explican que seguramente en este cálculo haya un margen de error dado que estas últimas son las que más se denuncian, mientras que los insultos, las amenazas, las presiones y otras formas de violencia no física son las que menos. Por lo tanto, las que no están tan bien contabilizadas.

Otra cifra para tener en cuenta es que las agresiones físicas totales en la sanidad pública malagueña en el periodo analizado –894 – representan la cuarta parte (el 25,44%) del total registrado en la comunidad autónoma andaluza –3.514–. Además, según el documento de CCOO, frente a las 2,39 agresiones diarias que se registraban en la región, en 2022 se denunciaron 4,09.

Por ello son varios los sindicatos que piden la revisión del Plan de Agresiones de Andalucía. “Si los resultados no cambian y año tras año aumentan, sin duda hay que revisarlo”, defiende el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez. Y añade:“La agresividad en los centros cada vez es mayor. Rara es la semana en que no se denuncia un caso y eso porque la mayoría de las agresiones verbales permanecen en silencio”.

Antonio Macías, responsable autonómico de Sanidad de UGT, explica que el Plan se revisa constantemente en los órganos que existen tanto a nivel regional como de cada centro. “Pero hay que mejorarlo”, reconoce. Insiste en que además, la Administración debe “evitar la saturación” del sistema porque la falta de personal, las listas de espera y las horas aguardando asistencia son “el caldo de cultivo en el que se cocinan las agresiones”. Aunque recalca que un ataque verbal o físico nunca está justificado, advierte que “el aumento de la saturación asistencial influye negativamente en la crispación”.

El representante de Sanidad en Málaga de CCOO, Juan Carlos Navas, también aboga por revisar el Plan de Agresiones e indica que se ha presentado un escrito a Servicios Centrales del SAS para que convoque a la Mesa de Prevención de Riesgos Laborales para abordar esta problemática. Confía en que el encuentro tenga lugar pronto, a la vuelta de las vacaciones. Ante los datos “aplastantes”, urge a un cambio del Código Penal para un endurecimiento de las penas así como un régimen administrativo sancionador con “multas proporcionadas al daño causado”. Desde CCOO se sostiene que estas últimas penas tendrían un “interesante efecto disuasorio”. También se reclama la cobertura del 100% de la plantilla y vigilantes de seguridad en los centros.

El Sindicato Médico de Málaga también cree que hay que revisar el Plan. Su presidente, Antonio Martín, comparte la idea de sanciones administrativas a manera de multas “porque si no los agresores se van de rositas”. Pero cree que deben impulsarse las medidas preventivas para evitar la agresión.

Por su parte, sindicatos y profesionales inciden en que deben perseguirse el insulto, las amenazas y la descalificación de los profesionales a través de las redes sociales. Según el informe de CCOO, “van en aumento porque les crean sensación de impunidad”.