Piden prisión para un promotor por instalar una casa prefabricada en Málaga en suelo no urbanizable
La Fiscalía solicita que el acusado sea condenado por un delito contra la ordenación del territorio
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Un promotor se enfrenta a una petición fiscal de quince meses de prisión por presuntamente ejecutar sin licencia municipal de obra y en suelo no urbanizable la instalación de una casa prefabricada, con porche cubierto, instalación de saneamiento a pozo enterrado y piscina portátil.
El ministerio público pide que el acusado sea condenado por un delito contra la ordenación del territorio y además de la pena de prisión solicita una multa de quince meses con una cuota diaria de diez euros e inhabilitación especial de profesión u oficio relacionado con la promoción o la construcción durante dos años, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.
Además como responsabilidad civil, "como única medida posible para el restablecimiento del orden jurídico alterado", la demolición y desinstalar de las obras e instalaciones ejecutadas a costa del acusado, con plena reposición del terreno a su estado primitivo y restablecimiento de la legalidad urbanística infringida.
El fiscal mantiene que el promotor ejecutó los hechos sin la licencia de obras que le habilitaba para ello, obras de construcción, en el paraje Camino Locotta, en suelo no urbanizable y de especial protección.
La casa la puso entre dos soleras de hormigón, una de superficie de 259 metros cuadrados y otra, para la zona de la piscina, de 42 metros cuadrados de superficie, obras ejecutadas a partir de 2021, según fotografías aéreas.
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"Antes, hace 15 años, era la opción preferida de los jubilados: las instalaban en sus fincas, en las que tenían un huerto o unas gallinas, para pasar los fines de semana; ahora, son parejas jóvenes las que recurren a ellas ante la imposibilidad de afrontar una hipoteca". Las anteriores palabras son atribuibles a Paco Pacheco, regente de la empresa Mi Casa Móvil, dedicada a la fabricación de este tipo de viviendas desde hace más de dos décadas.
Durante este tiempo, relata, ha visto cómo el negocio al que se dedica ha pasado por diferentes fases coincidiendo con los ciclos económicos y las subidas y bajadas de precio de las viviendas convencionales. Tanto de segunda mano como de nueva construcción. "Pagar 200.000 o 300.000 euros por un piso, aunque puede ser bastante más, por desgracia, no es asumible para muchos bolsillos. No hablemos ya si una pareja trabaja y uno de ellos, por lo que sea, pierde el empleo: no pueden pagarlo".
En términos similares se expresa Eric Heredia, de CasaMóvil Sur, quien igualmente ha apreciado este cambio de tendencia. "Totalmente cierto: hemos pasado del típico matrimonio prejubilado o jubilado que vendía su propiedad porque se le quedaba grande a parejas de 25 años para arriba y familias con o sin niños que no pueden costearse un piso y mucho menos una casa". Aunque también, cuenta, se están abonando a esta alternativa personas solteras o divorciadas, así como otras tantas que tras el confinamiento del Covid-19 quisieron alejarse de la vida en las grandes urbes vendiendo sus pisos y marchando a "respirar un poco" a municipios del interior.
La comparativa de precios, en términos cuantitativos, avala sus razonamientos. Varias empresas de este sector consultadas afirman poner a disposición del usuario casas prefabricadas listas para entrar a vivir desde 5.000 euros, no obstante, la gama de precios es bastante amplia: el coste de la vivienda prefabricada media se sitúa entre los 20.000 y los 30.000 euros, existiendo la posibilidad de hacerlo crecer hasta 70.000 incluyendo otros extras. Sus dimensiones, pese a existir variaciones entre fabricantes, suelen oscilar entre los 30 y 70 metros de superficie habitable, y su vida útil puede estirarse hasta el medio siglo.
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