Los pisos turísticos alegan contra su prohibición en 43 barrios saturados de Málaga

La Asociación de Viviendas Turísticas (AVVAPro) ha presentado alegaciones contra la medida por la que el Ayuntamiento de Málaga prohíbe la implantación de nuevos pisos vacacionales en 43 barrios saturados de la capital. Juan Cubo, presidente de la asociación, señala que la medida es "arbitraria, carece de fundamentos jurídicos y económicos sólidos y podría generar inseguridad jurídica para los propietarios y gestores de estas viviendas".

El Consistorio aprobó el pasado mes de diciembre –con un mes de retraso– la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por el que pone un límite del 8% sobre el total de viviendas a las dedicadas al alquiler turístico. En estos 43 barrios, el porcentaje ya lo supera. Lo hizo atendiendo a un informeen el que se determina que a partir de este porcentaje el precio de los alquileres sube significativamente en los barrios, suponiendo, reconocen en el estudio, que se obligue a sus residentes a abandonarlos de forma "clara, inequívoca y objetiva".

Si la retroactividad fuese una posibilidad jurídica, en Málaga capital deberían eliminarse 3.461 viviendas de uso turístico (VUT) en 43 barrios que ya están saturados. En este sentido, el barrio que sale peor parado entre los saturados es el Centro Histórico. En la almendra que delimita el barrio hay, según el estudio, 4.600 casas en total por lo que el máximo que podría acoger son 368 para acoger a visitantes de corta estancia. En su lugar hay 1.693 o, lo que es lo mismo, 1.325 más de las que sería sostenible.

Desde AVVA Pro señalan que la propuesta del Ayuntamiento no cuenta con estudios concluyentes que demuestren una relación directa entre las VUT y problemas como la subida de precios de la vivienda, la convivencia vecinal o la precariedad laboral, a pesar de que se publicó el citado informe. “Entendemos la importancia de equilibrar el desarrollo turístico con la protección del acceso a la vivienda, pero cualquier regulación debe estar respaldada por datos objetivos y medidas bien fundamentadas. En este caso, se han impuesto restricciones sin un análisis integral del impacto del turismo en la ciudad”, explica Cubo.

Además, señalan que esta medida discriminaría a las VUT al imponer restricciones únicamente sobre este tipo de alojamiento, mientras que otras modalidades turísticas como hoteles, hostales o apartamentos turísticos no están sujetas a limitaciones similares. “Los principios de buena regulación son imperativos tanto para las administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Málaga. Es razonablemente difícil considerar que la modificación aprobada inicialmente supere dichos criterios. Por eso hemos presentado una serie de alegaciones destinadas a facilitar que la normativa cumpla con los principios de idoneidad, proporcionalidad y seguridad jurídica” asegura el presidente.

Desde la asociación defiende que la normativa no define de manera clara el uso urbanístico de las VUT ni establece un procedimiento administrativo adecuado para su regulación, lo que genera inseguridad jurídica para los propietarios. Restringir dicha actividad económica podría “vulnerar la legislación autonómica y nacional sobre unidad de mercado y libre competencia, poniendo en riesgo la actividad económica del sector”, añade Cubo.

Otro aspecto alarmante de la propuesta del Ayuntamiento es que se basa en datos estáticos y no contempla ningún mecanismo de revisión dinámico que permita ajustar las restricciones en función de la evolución del mercado. En algunos barrios, la suspensión de licencias se ha decidido sin una justificación objetiva clara, aplicando medidas desproporcionadas que, entienden, podrían ser impugnadas por su falta de fundamento técnico y jurídico.

Desde la patronal andaluza instan al Ayuntamiento de Málaga a revisar su propuesta y a dialogar con los profesionales del sector para encontrar soluciones que permitan equilibrar el desarrollo turístico con la protección del acceso a la vivienda: “Tendemos la mano al Ayuntamiento para analizar y decidir, en conjunto, qué medidas serán las más adecuadas buscando siempre el interés general, el de los propietarios de viviendas, los profesionales del sector, el empleo y la imprescindible actividad económica en torno al turismo”, asegura Cubo.