Los pisos turísticos cargan contra el Ayuntamiento de Málaga: "Pedir la baja del registro de más de 1.000 viviendas supone un atropello"

Las viviendas turísticas prometen guerra jurídica contra la petición del Ayuntamiento de Málaga de dar de baja más de mil en la ciudad. Juan Cubo, vicepresidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), asegura que la medida es “restrictiva, impuesta sin el procedimiento adecuado, injusta y además supone un atropello a los derechos legítimos de quienes gestionan este tipo de propiedades”.

Decenas de afectados ya han puesto en manos de la asociación la defensa administrativa de sus inscripciones en el registro de Turismo. Esto después de que centenares de propietarios hayan recibido ya notificaciones de la Junta de Andalucía donde se les informa que se les va a dar de baja, con un plazo de días para alegar. La asociación está prestando asesoramiento jurídico.

La Junta de Andalucía aseguró que antes de final de año habrá tramitado todas las peticiones. Desde la administración autónomica afirmaron que han estado trabajando en los últimos meses con el Ayuntamiento de Málaga para coordinar el proceso de baja en el Registro de Turismo de Andalucía de aquellas viviendas que incumplan la normativa municipal con "las máximas garantías jurídicas y el necesario respeto al procedimiento legalmente establecido, que requiere audiencia al interesado".

Una vez el Ayuntamiento ha comprobado individualmente las viviendas que incumplen con el PGOU municipal (que desde 2011 exige que el uso de hospedaje requiera de entrada y servicios independientes) la Junta procederá, "en su caso, al inicio de los procedimientos de baja, cuya duración aproximada es de dos o tres meses", indicaron desde la administración autonómica.

“Tenemos claro que no es una medida que impulse la Junta de Andalucía y que se está viendo obligada a ejecutarla a petición del Ayuntamiento de Málaga. Es el equipo de gobierno de Francisco de la Torre el que debe dar las explicaciones de por qué no ha hecho una modificación del PGOU para regular el uso urbanístico de las viviendas de uso turístico, que hubiese sido lo correcto. Además, el Consistorio no ha dado a los afectados ninguna posibilidad de alegar”, afirma Cubo.

El vicepresidente de AVVAPro también avisa que en caso de que se den de baja de manera injusta la administración "podría incurrir en responsabilidad patrimonial". Desde la asociación afirman que la medida vulnera "principios fundamentales del derecho administrativo al imponer restricciones sin seguir el procedimiento legalmente establecido ni ofrecer garantías". Por todo esto, anuncia estar desarrollando "diferentes líneas de defensa".

“En la práctica, el Ayuntamiento de Málaga está unilateralmente declarando la ilegalidad de una serie de viviendas sin dar a los interesados la oportunidad de contar con un procedimiento de defensa de sus intereses”, sostiene Cubo. Detraer tal y como esta instando el Ayuntamiento de Málaga las viviendas sin estos procesos de audiencia supone de facto un defecto formal que podrá ser utilizado en favor de las propias viviendas turísticas.