De las polémicas operaciones urbanísticas a los tribunales

El empresario murciano

Tomás Olivo, dueño de

La Cañada, en un coche

La polémica y los tribunales de Justicia marcan la mayoría de las operaciones urbanísticas en las que está detrás Tomás Olivo. La última polémica se refiere al centro comercial Nevada de Granada, donde la Junta de Andalucía ha sido condenada a pagar una indemnización de 165 millones de euros al promotor murciano, por el daño emergente y el lucro cesante durante los casi ocho años que estuvieron paralizadas las obras. Lo paradójico de este caso es que por la construcción de este mismo centro comercial, Tomás Olivo fue condenado -junto a varios responsables del Ayuntamiento granadino de Armilla- a 15 meses de cárcel y a demoler parte del centro comercial, en concreto un trozo de terreno de 1.000 metros cuadrados del camino Viejo de Alendhín, en unos suelos calificados como zona verde y equipamiento público.

En relación con el centro comercial La Cañada de Marbella, Tomás Olivo también fue juzgado y absuelto en el año 2010 por el juzgado de lo Penal número 3 de Málaga, tras haber sido acusado por desobedecer la orden de suspensión de nueve licencias de obras otorgadas para construir junto a dicho centro comercial.

El empresario fue juzgado en la macrocausa derivada de la operación Malaya, donde en octubre de 2013 fue absuelto de un delito continuado de cohecho. En su declaración en este juicio, Tomás Olivo negó que fuera socio del presunto cerebro de la trama de corrupción implantada durante años en el Consistorio marbellí, Juan Antonio Roca, y que le pagara después de que éste dejara de ser su empleado en el año 1978.

El empresario sostuvo que las cantidades anotadas a su nombre en archivos intervenidos, como una de 600.000 euros, eran la comisión a Roca por intermediar en una operación.

Su nombre también apareció relacionado con el denominado caso de la estatua rusa, aunque finalmente la Audiencia de Málaga archivó esta causa en la que, además, se produjo la desaparición del sumario del Palacio de Justicia de Marbella.

Tras su procesamiento en el caso Malaya, las sospechas se extendieron a las operaciones en las que participa el empresario murciano, muchas de las cuales fueron cuestionadas por la Junta de Andalucía y otras frenadas por decisiones de los tribunales de Justicia. Además del centro comercial Nevada o La Cañada de Marbella, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló en el año 2006 la licencia de apertura del centro comercial Gran Plaza de Roquetas (Almería).

El promotor, que fundó precisamente en Marbella en 1995 su empresa, General de Galerías Comerciales, se convirtió asimismo en el primer empresario de la Costa del Col cuyas sociedades cotizan en la Bolsa, creando su propia sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi).

Así, desde el 4 de julio de 2017, la mercantil General de Galerías Comerciales cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), convirtiéndose en un primer momento en la tercera mayor socimi del país por capitalización tras Merlin y Colonial.

El valor de su sociedad superaba los 2.500 millones de euros a mediados de 2017 y tiene además el atractivo de no arrastrar deudas. A su fortuna se sumarán, en su momento, los 165 millones de euros que la Junta de Andalucía tendrá que abonarle por los casi ochos años que estuvieron paralizadas las obras del centro comercial Nevada, donde paradójicamente Olivo fue condenado a 15 meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio.