El PP se niega a una comisión de investigación en Promálaga por el cobro de presuntas comisiones por un ex directivo

De la Casona del Parque a Ciudad de la Justicia y de la Ciudad de la Justicia a la Casona del Parque. La política municipal, en este caso, no llegará de momento, o no en una comisión de investigación específica, al seno del Ayuntamiento de Málaga. Con Málaga pedía que se iniciara esta comisión de investigación a raíz del caso Mordidas, por el que la Fiscalía pide a un ex directivo de Promálaga tres años y diez meses de cárcel por presuntos delitos de cohecho.

Según la Fiscalía, el ex director financiero y económico de Promálaga –empresa 100% municipal– Francisco Muñoz, habría exigido facturar el 10% del importe de los contratos adjudicados a nombre de su mujer, para garantizar que se le otorgase el contrato. Este proceder fue reconocido por el entonces concejal responsable del área en una Comisión Especial de Transparencia.

El PP se ha negado a crear esta comisión de investigación amparándose en la "transparencia" que se ejerce en el consejo de administración de la propia empresa, a la que pertenecen todos los grupos políticos. "Ha tenido hasta seis consejos de administración para pedir la información", le ha asegurado la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, a Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, grupo proponente.

También se ha escudado en que el propio equipo de gobierno por medio de la empresa se presentó como acusación particular, acusando de más delitos que la propia Fiscalía (el Ministerio Público investiga cohecho y blanqueo de capitales, Promálaga pide que se investiguen los presuntos delitos de falsedad documental, malversación, negociación prohibida de los funcionarios públicos y cohecho por razón del cargo). "Soliciten la información por los cauces legales", ha asegurado la edil. Una comisión de investigación es pública, mientras que los consejeros de la empresa pública deben guardar el secreto de los documentos que a Promálaga atañen, a fin de no dañarla.

"Queremos investigar los hechos anteriores a 2015 que pudieran haber prescrito, hay que depurar las responsabilidades políticas", ha espetado Morillas, que ha asegurado que el equipo de gobierno está tratando de "encapsular el tema y personificarlo en un exalto cargo".

También ha denunciado, tanto Con Málaga como el PSOE, que a Muñoz el Ayuntamiento le indemnizó con 180.000 euros por despido improcedente pese a conocerse los hechos que ahora se investigan en los juzgados. "Cobraba 8.000 euros al mes y también se le indemnizó", ha subrayado Mariano Ruiz Araujo, concejal socialista.