El primer semestre deja una agresión cada día en los centros sanitarios de Málaga
La cifra supone un incremento de casi el 14% respecto al mismo periodo de 2023 y el doble del aumento registrado en Andalucía
El 60% de las agresiones en el ámbito sanitario se producen en Atención Primaria
Este año es bisiesto. Así que el primer semestre suma 182 días. Un periodo en el que se registraron en la provincia de Málaga 175 agresiones en los centros sanitarios. En el dato se incluyen todas las categorías y tanto las físicas como las verbales. Supone prácticamente una cada jornada, de acuerdo al balance del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de los primeros seis meses de 2024.
Y hay que tener en cuenta que, según los profesionales, no son todas las que se producen porque sólo se contabilizan las que se denuncian. El resto no existe a efectos estadísticos.
Las 175 agresiones registradas de enero a junio de este año en la sanidad malagueña suponen un incremento del 13,63% respecto al mismo periodo de 2023, cuando se registraron 154, y son casi las mismas que en 2022, cuyo primer semestre dejó un total de 170.
Los datos del SAS recogen a nivel autonómico de enero a junio de este año 924 agresiones frente a las 862 contabilizadas en el primer semestre de 2023. Representan un incremento ligeramente por encima del 7% en el presente ejercicio. En el caso de Málaga, el aumento es casi del doble, puesto que roza el 14% al pasar de 154 agresiones entre los meses de enero y junio del año pasado a 175 en ese lapso del presente ejercicio.
Las cifras del SAS precisan que de las 924 agresiones contabilizadas en la comunidad autónoma en el primer semestre, 719 (78%)fueron verbales y 205 físicas (22%). Los datos facilitados a Málaga Hoy por el Sindicato de Enfermería (Satse) no aportan en el caso de la provincia la distinción entre un tipo de ataque y otros.
Los números totales de los últimos años reflejan que las agresiones en la provincia fueron aumentando hasta la pandemia. Por ejemplo, pasaron de 187 en 2016 a 323 en 2019. La irrupción del Covid, el confinamiento y la teleconsulta se tradujeron en un descenso durante los dos primeros años de esa crisis sanitaria. En 2020 y 2021 se contabilizaron en total en Málaga 186 y 187, respectivamente. A partir de entonces, en una tendencia similar en toda Andalucía, volvieron a crecer. Al normalizarse la atención en los centros, también el número de agresiones fue progresivamente subiendo. En 2022 sumaron 268 y en 2023 alcanzaron 278. Y en el primer semestre de este año ya se han registrado 175. De seguir esa línea ascendente, se superarán las del ejercicio anterior.
Precisamente, esta semana CSIF, Satse, CCOO y UGT protagonizaron en toda Andalucía concentraciones para denunciar el incremento de casos, que vinculan con el “colapso” de la sanidad. Los sindicatos protestaron ante el centro de salud de Puerta Blanca porque entienden que “recortes de personal, falta de sustituciones, imposibilidad de coger citas, interminables listas de espera y demoras en la atención, crean un ambiente explosivo en los centros sanitarios”. También hubo una concentración en la entrada de Urgencias del Hospital Clínico por la agresión que sufrió una médica de ese servicio. Una paciente le arrojó un objeto de la consulta a las piernas.
Las reivindicaciones de profesionales y sindicatos para atajar este tipo de violencia son varias. Entre otras, la cobertura al 100% de las plantillas para reducir tiempos de espera que a veces pueden ser detonantes de agresiones. También reclaman cambios legislativos para aumentar las penas y las cuantías económicas para los agresores, así como multas similares a las de Tráfico.
Por su parte, la Consejería de Salud indica que está preparando un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. Según detalla la Administración, la nueva normativa, en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario, recogerá un régimen de infracciones y sanciones. Recuerda además que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales y que así se ha recogido en sentencias de diferentes casos, que han impuesto penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión.
Salud defiende las medidas de seguridad de los centros y dice que dan “buenos resultados”
Salud siempre condena las agresiones porque “bajo ningún concepto o circunstancia pueden justificarse ”. Pero frente a las críticas de los sindicatos, la Administración hace una defensa de las medidas que se implantan en los centros “con las con las que se están obteniendo buenos resultados”. Actualmente, el SAS dispone en toda Andalucía de 4.397 cámaras de seguridad; 5.035 timbres de asistencia en consulta; 1.087 consultas dispuestas con interfonos para la comunicación con el exterior; 15.147 terminales telefónicos en las consultas; 3.889 salidas alternativas en los centros sanitarios; 7.361 alarmas individuales y 15.495 dispositivos informáticos con el software antipánico instalado.
“Desde la Consejería de Salud y Consumo ponemos a disposición de los profesionales afectados todos los recursos necesarios (asesoramiento legal, apoyo psicológico y asistencia sanitaria si fuera necesaria)”, señalan desde el departamento de Rocío Hernández. Destacan además que el SAS cuenta con diversos instrumentos incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como el profesional guía que, además de acompañar a los profesionales agredidos, da claves del manejo de situaciones en puntos y situaciones más conflictivas; la implantación de canales ágiles para que la víctima de una agresión ya sea verbal o física no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o el refuerzo de las medidas de seguridad en los centros sanitarios.
También recuerda que se está trabajando en un proyecto de decreto por el que se crea el Observatorio de Agresiones a los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, que ha finalizado el trámite de información pública, y que se está procediendo a la elaboración del informe de valoración de las alegaciones e informes preceptivos emitidos y recibidos, así como a la adaptación, en su caso, del texto del citado proyecto a los mismos.
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