A prisión los dos detenidos tras atropellar a dos guardias civiles en Manilva

El Juzgado de Instrucción 1 de Estepona ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos hombres detenidos tras atropellar el pasado martes de forma presuntamente intencionada a dos agentes de la Guardia Civil que les dieron el alto en Manilva. La decisión fue adoptada este viernes por la tarde por el juzgado, en funciones de guardia, según han informado este sábado a EFE fuentes judiciales.

Los dos detenidos, que prestaron declaración, eran objeto de una requisitoria del Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras (Cádiz). Ambos están investigados por la presunta comisión de un delito de tentativa de homicidio, desobediencia a agentes y contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado martes cuando dos guardias civiles iban a detener en Manilva a un hombre al que le constaba una requisitoria judicial y que se dio a la fuga junto a otro que conducía el vehículo, escapada en la que arrollaron a ambos agentes. Uno de ellos tuvo que ser hospitalizado con pronóstico grave, mientras que el otro recibió el alta tras sufrir heridas leves.

Poco después los dos presuntos implicados en el atropello de los agentes fueron arrestados.

Tras lo ocurrido, la asociación profesional de guardias civiles Jucil alertó sobre el asentamiento de clanes del narcotráfico en Málaga y el aumento de la violencia contra las fuerzas de seguridad.

Cuatro agentes atropellados en una semana

“Cuanto más se aprieta al narco más se revuelve. Su industria mueve muchísimo dinero y no están dispuestos a perder la sustancia”. El testimonio es el de uno de los guardias civiles bregados en la lucha contra el tráfico de drogas al que preocupa la creciente escalada de la violencia en la Costa del Sol, que esta semana ha sido testigo del atropello de cuatro agentes beneméritos en Coín y Manilva. La de este Cuerpo, denuncia, es una lucha desigual, con “medios limitados”, un “aumento de agresiones” y la “pérdida del respeto al uniforme”. De ahí que la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) haya solicitado a sus responsables que doten de armas largas a los agentes que se enfrentan al narcotráfico en las provincias del litoral andaluz y del Campo de Gibraltar. El reto, aseguran, es hacer frente a las organizaciones criminales, que, para proteger sus alijos, ya se valen de armamento de guerra, con un alcance de 800 metros, frente a las armas cortas, que “disparan a 50”.

En un escrito dirigido a la Dirección General de la Guardia Civil, la asociación mayoritaria insta a proporcionar a las patrullas de seguridad ciudadana que operan en estas zonas los medios necesarios, pues la situación “es insostenible”. Reclaman que estos efectivos puedan disponer de las armas largas que están almacenadas en los armeros oficiales, y movilizar rápidamente un equipo de apoyo en caso de situaciones de riesgo.

A menudo, defienden, los narcotraficantes operan “sin apenas oposición”, porque no sólo los medios humanos y materiales son insuficientes, también la respuesta judicial, que brinda “impunidad” a los delincuentes. “Les sale barato arrollar a un policía o a un guardia civil y no dudan en hacerlo”, sostiene Daniel Fernández, portavoz de la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC), que reivindica “penas disuasorias” y que las provincias que registran “una alta actividad criminal” sean declaradas como Zona de Especial Singularidad.

Se trata de que el malo, en palabras del abogado penalista que defiende a este colectivo de guardias civiles, Jorge Piedrafita, “sienta presión”. “A ellos no les supone nada seis meses de prisión, que no van a cumplir, o una multa y que se vayan para casa; eso es calderilla. Hay una aplicación demasiado benévola del Código Penal y el narco tiene muy buenos abogados”, asevera el letrado.

La tónica general, dice, es que los atentados a agentes de la autoridad se castiguen con “penas de un año y pico”. “Si las acusaciones particulares no apretamos al final acaban con acuerdos fáciles. La Fiscalía quiere cerrar el caso rápido, con penas mínimas y así tener un papel menos sobre la mesa. Ha archivado casos sin ni siquiera condenarlos”, argumenta Piedrafita, preocupado por que se “quiebre el principio de autoridad”.

La asociación Independientes de la Guardia Civil ve que la conflictividad puede recrudecerse aún más: “Las autoridades deben estar preparadas para un aumento de la hostilidad y adoptar estrategias de prevención hacia una mayor escalada de estos delitos”.

Los investigadores han detectado, además, un nuevo escenario: el Guadalquivir, que durante siglos ha sido un símbolo del comercio y la cultura en Andalucía y ahora se enfrenta a una realidad distinta, la de ser una “autopista de la droga donde los narcotraficantes imponen su propia ley”. “Ya no sólo introducen hachís, sino también cocaína, que da más dinero. Son cada vez más agresivos porque sus cargamentos cuestan cuestan más”, añade el agente.

Esa percepción es defendida también por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Su representante en Málaga, Inmaculada Rodríguez, con más de 20 años en el Cuerpo, insiste en que la Costa del Sol “es una zona de alta peligrosidad” y que, pese a ello, los efectivos están “absolutamente expuestos”.