Los pros y contras de una Limasa municipal

Málaga/Por sorpresa, incluso para la plantilla de la empresa mixta de limpieza Limasa, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha decidido liarse la manta a la cabeza y anunciar que está decidido a municipalizar cien por cien el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad, pese al rechazo de su socio de investidura e incluso de parte de su propio equipo de gobierno.

Pero así es el regidor y, más de un año después de que tuviera que prorrogarse el contrato con los actuales socios privados, ha dado un cambio sustancial a su plan que en principio pasaba por municipalizar el servicio de recogida y tratamiento de basura y privatizar la limpieza. Ahora, en cambio, "sus accionistas" serán los propios vecinos que mediante la realización de encuestas una o dos veces al año deberán dar su opinión sobre la satisfacción del servicio y la productividad de los trabajadores, que tendrían sujeto parte de su salario a este aspecto.

De la Torre deja así la puesta abierta a una posible reversión del modelo de gestión. Es decir, si la gente no está contenta con el resultado "puede ser reversible". Pero lo que no hizo fue poner plazos ni al acuerdo plenario pretendido para sacar adelante el modelo público ni al calendario de puesta en funcionamiento de la nueva Limasa menos de un año para las elecciones municipales de 2019.

El alcalde dijo que ha tomado la decisión tras valorar sus ventajas, aunque internamente parece que ha pesado mucho a la hora de tomar la decisión el hecho de que el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en julio del año pasado y que invalida los recortes aplicados por parte de la empresa a los trabajadores, al entender que los mismos no estaban amparados por convenio laboral alguno. Conforme a esta lectura, la empresa debe restituir los conceptos anulados para el período 2013-2015, como por ejemplo la congelación salarial para esos años, la reducción de la paga de productividad y otras cuestiones relacionadas con las vacaciones y los descansos de fin de semana.

Más allá de ese aspecto, que obviamente supondrá un importante golpe de efecto en la negociación que se plantee ahora con la plantilla, ¿cuáles serán los pros y contras del modelo público? De la Torre ha reiterado en varias ocasiones que una de sus principales ventajas es que tendrá un control directo sobre la gestión. Sin embargo, la sociedad actual de Limasa, de la que el Consistorio forma parte con el 49% del accionariado, ha sido gestionada a todos los efectos de forma municipal desde 2003 y la experiencia no ha resultado satisfactoria para casi nadie.

De hecho, varios concejales del equipo de gobierno del PP se han mostrado abiertamente en contra de la municipalización, como el hasta mayo de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, que opinaba que el modelo público no supondría una garantía de estabilidad laboral frente a los conflictos que han desembocado en varias huelgas y otras tantas amenazas en los últimos años.

Pero, al parecer, ese es el principal empeño de De la Torre para optar por la municipalización del servicio y tratar de lograr un ajuste de las consideradas privilegiadas condiciones laborales atesoradas de la plantilla en las distintas negociaciones mantenidas con el Ayuntamiento.

De hecho, aunque no habría una reducción salarial para asemejar los sueldos de los operarios de limpieza y recogida de basura a los de los empleados municipales, el comité de empresa se mostró dispuesto en su momento a que un 10% del salario (valorado en 2.862 euros anuales) esté ligado a la consecución de la reducción del absentismo, la eficiencia en el trabajo y calidad en el servicio. Además, De la Torre se asegura de esa forma que los trabajadores de Limasa renuncien a los polémicos puestos hereditarios en el caso de fallecimiento, jubilación o invalidez de un empleado. También reducirían sus vacaciones de los 36 días actuales a 35 y aumentarían su jornada laboral de 35 a 37,5 horas, entre otros.

Otro tema a tener en cuenta es la inversión que habrá que acometer. La intención municipal es invertir en la mejora del servicio alrededor de 100 millones de euros en un plazo de entre ocho y diez años. La renovación absoluta de la flota de vehículos y el cambio de todos los contenedores de la ciudad, además de la mejora de los cuartelillos y de la planta de tratamiento y un nuevo punto limpio, se llevarán el grueso de la inversión que se estima necesaria para el futuro modelo de servicio.

El problema es que en ese caso será el Ayuntamiento quien tenga que asumir a pulmón esa inversión sin la capacidad de endeudamiento que tienen las empresas privadas.

Como contrapartida, el Ayuntamiento sí obtendría un ahorro considerable en cuanto a gastos directos como el pago del IVA, que supone ahora más de 8 millones de euros al año. Y es que los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria están sometidos a un IVA del 10% en caso de contratarse los mismos a una entidad ajena al ente local. Sin embargo, el ahorro de la gestión directa no sería exactamente ese porcentaje puesto que el Consistorio debería seguir afrontando un 21% de este impuesto asociado a la compra de maquinaria y a los diferentes gastos de explotación, aunque en el caso de la plantilla estaría exento.

Pero ni los propios técnicos municipales se ponen de acuerdo sobre el ahorro que supondría decantarse por la gestión pública y los números oscilan entre los tres y los diez millones de euros, si bien los sindicatos lo cifran en 15 millones de euros. El principal ahorro vendría por la eliminación de la denominada asistencia técnica y otros capítulos que la parte privada cobra en concepto de canon por servicios prestados a la empresa. Solamente en el caso de la asistencia técnica, Limasa desembolsa cada año a los privados más de dos millones de euros.