La provincia de Málaga registró cinco agresiones a sanitarios a la semana de enero a noviembre de 2023

Málaga/Cinco agresiones por semana. Esa esa la cifra que según los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se han producido de enero a noviembre del año pasado en la provincia de Málaga. Los datos facilitados por la Administración autonómica recogen un total de 261 agresiones en ese periodo; de ellas, 58 fueron físicas. A falta de los números del último mes, la cifra es ligeramente más alta que en 2022, cuando en todo el año se notificaron 256, de ellas 61 físicas.

Según un estudio de CCOO, que analizó el Registro Informatizado de Agresiones (RIAC) de 2007 a 2022, la quinta parte de los trabajadores de la sanidad pública en la provincia de Málaga (20,60%) sufrió en ese periodo algún ataque físico o verbal. Es en relación con la plantilla, la proporción más alta de la región. Le siguen Huelva (20,38%), Córdoba (19,10%), Jaén (17,84%), Sevilla (16,77%), Almería (14,16%), Cádiz (13,04%) y Granada (9,08%).

De acuerdo a aquel informe, en ese periodo se registraron 3.535 agresiones totales. De ellas, 894 fueron físicas (25.29%) y 2.641 verbales (74,71%). Esta correlación puede haber variado en el último tiempo dado que hasta hace unos años la mayoría de lo que se denunciaba eran los ataques físicos. Todavía, muchas de las agresiones verbales quedan impunes, aunque cada vez hay más conciencia de poner en conocimiento de la Justicia cualquier insulto o amenaza, aunque no haya daños personales o materiales.

Por su parte, la Administración sanitaria pone en valor las medidas adoptadas en los centros sanitarios de la provincia para prevenir las agresiones. Hay más de 5.400 medidas de seguridad. Entre ellas, 550 cámaras de seguridad, 2.000 software antipánico, 1.400 timbres, además de salidas alternativas.

“Y se sigue trabajando para aportar cada vez más seguridad a los centros”, apunta la Junta de Andalucía. Desde la Administración sanitaria se apunta que “el problema de las agresiones a sanitarios no es cuestión de cámaras de seguridad o vigilantes, sino que es un problema social” que no sólo se manifiesta en el ámbito de la salud, sino también, por ejemplo, en el de la educación. En este sentido, se está trabajando en planes conjuntos entre ambas consejerías para abordar ese asunto.