Psicotrópicos y opiáceos: el coctel explosivo en las cárceles

Nueve presos murieron el año pasado en las cárceles Málaga I –situada en Alhaurín de la Torre– y Málaga II, la de Archidona. Cinco de los fallecimientos investigados por Instituciones Penitenciarias se debieron a posibles sobredosis, mientras que dos estaban relacionados con paradas cardiorrespiratorias y otros tantos por enfermedades –en uno de los casos meningitis–. En palabras de la portavoz de la asociación de funcionarios de prisiones ‘Tu Abandono Me Puede Matar’, Elena Getino, estas muertes podrían evitarse con un mayor número de funcionarios y que algunas de ellas están vinculadas a la distribución de medicinas, que no siempre, recalca, puede dosificarse. “Se procura que el reparto sea haga de forma diaria, con lo cual las posibilidades de sobredosis se reducen. El problema llega cuando se les da a los internos medicación para el jueves, viernes, sábado, domingo y lunes por la mañana”, resalta la representante del colectivo.

Asimismo, denuncia que ha llegado a haber “un solo enfermero en toda la prisión para repartir medicación y controlar las urgencias”. “La falta de personal sanitario es brutal. Antes se pasaba consulta médica tres días a la semana. Ahora tenemos una a la semana”, denuncia la funcionaria.

Desde Instituciones Penitenciarias subrayan que los reclusos consumen delante de un funcionario el tratamiento que les ha prescrito el médico en la prisión o que ya tenía recetado desde fuera. En el caso de que la medicación no exija ser observada, los sanitarios “no suministran cajas ni blísteres enteros, sino que recetan la que debe tomar y nunca se reparte unas dosis como en la calle”. Existe “una instrucción” que obliga a que como máximo se reparta para tres o cuatro días y que las cárceles tengan “un control coordinado” entre los servicios médicos y los funcionarios de vigilancia. A fin de comprobar que el recluso ha consumido la medicación que le corresponde o qué cantidad le queda, se hacen “controles aleatorios los fines de semana”.

La administración niega que las muertes estén vinculadas a la distribución de las medicinas, ya que “nunca un médico reparte una dosis como para que el interno pueda sufrir una sobredosis porque se le podría acusar de mala praxis”. No obstante, puntualiza, “hay que tener en cuenta que son mayores de 18 años y se les debe tratar como tal”.

Instituciones Penitenciarias defiende que el problema no estriba en la medicación que reparten los médicos sino en las mezclas “con otras sustancias que entran”. “No negamos que el interno, además de su medicación, se tome otras sustancias que no deba y las mezcle. Es muy difícil intervenir en estos casos”, reconocen. La metadona juega un papel clave a este respecto. “En todos los centros penitenciarios repartimos esta sustancia de forma disuelta y observada. Pero en algunas asociaciones de Andalucía se reparte en pastillas y, por tanto, no se conocen los gramos que contiene. Eso impide saber qué dosis se está consumiendo ni si está mezclada o se ha manipulado. Eso es muy peligroso para cualquiera”, destacaron desde Instituciones Penitenciarias.

El “trapicheo” con las pastillas no pasa desapercibido en las cárceles. Funcionarios consultados por este periódico explican que el personal sanitario “es muy exhaustivo” en el reparto de la medicación pero que aun así los internos “hacen como si se las toman” para darle otros usos. “Se las pasan de unos a otros o se las hacen llegar a través de las comunicaciones íntimas. Llegan a introducírselas por vía vaginal o anal o incluso en los bolsillos”, sostienen. La raqueta empleada para detectar metales trata de evitar el acceso de objetos prohibidos, pero los funcionarios reconocen lo “fácil” de colar “alucinógenos en bolsillos o en el sujetador de una mujer al no contener metales”.