El puerto de Málaga se abre como punto de entrada de cocaína desde que llegan barcos directos de Sudamérica

Hace más de una década que España alcanzó el pódium europeo en cuanto a cultivo, distribución e introducción de cannabis. Mientras los investigadores batallan contra las grandes bandas dedicadas al hachís y el foco mediático alumbraba el éxito de operaciones que culminaban con grandes incautaciones, a pocos kilómetros, en las ciudades costeras, se estaba produciendo el desembarco de contenedores con toneladas de cocaína. El puerto de Málaga, una de las puertas de acceso del país a esta droga, se encuentra en auge desde principios del año pasado, cuando comenzaron a llegar barcos desde Sudamérica.

Así lo expone la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla en la radiografía que hace anual. Las principales organizaciones encargadas del transporte de cocaína tienen como "base de operaciones" los muelles de Algeciras y Málaga. Este último, en pleno apogeo desde 2023, cuando una compañía de contenedores escogió la dársena malagueña como destino de embarcaciones con origen en América del Sur, por lo que la capital estaría recibiendo de forma directa los contenedores utilizados para transportar esta sustancia estupefaciente. Y es que, solo en el ejercicio anterior, se incautaron 3.000 kilos.

Camuflada entre plátanos, congelados o en el interior de patos de goma, la cocaína viaja, la mayoría de veces, desde Colombia a la Costa del Sol para su posterior distribución a Europa. No resulta extraño que el último Informe Europeo sobre Drogas (relativo al 2024) revele que esta sustancia es la segunda más consumida en el continente. Aunque los niveles de prevalencia y las pautas de consumo difieren considerablemente de un país a otro, la alta disponibilidad de esta droga lleva aparejada una mayor adicción. En consecuencia, "ha aumentado la preocupación por el considerable incremento de los costes sanitarios y sociales asociados a esta droga".

Desde la Unión Europea advierten de que los métodos utilizados por los grupos delictivos que operan en este ámbito se han vuelto cada vez más sofisticados con casos de infiltración a través de la intimidación y la corrupción. En respuesta a esta situación, la hoja de ruta de la entidad geopolítica contra el tráfico de drogas del pasado año incluyó medidas para reforzar la gestión de los riesgos aduaneros y la detección del tráfico de drogas y de sustancias químicas precursoras, añadiendo así equipos avanzados de escaneado de contenedores y aumentando la interoperabilidad de los sistemas de información de las aduanas de la UE. Sin embargo, a medida que se han ido intensificando las medidas de interdicción en los principales puntos de entrada conocidos de la droga, parece que los traficantes de cocaína se dirigen cada vez más a muelles más pequeños que pueden ser más vulnerables a las actividades del narco.

El Ministerio Público reclama de manera "urgente" medios para las Fuerzas de Seguridad

Es por ello que el Ministerio Público, en su Memoria Anual, alerta de "la falta de medios de control suficientes" en el recinto portuario de Málaga, como la ausencia de un escáner público. Fruto de ello, el delegado de la Fiscalía en la provincia expone que el año pasado se detectó que la empresa encargada de inspeccionar y vigilar colaboró con la actividad ilícita que debía impedir. De esta manera, se reclama de manera "urgente" de los recursos necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La operación, bautizada como Despedida-Adiós-Bragalia y llevada a cabo por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se inició en febrero del año pasado, tras la de incautación de 611 kilogramos de cocaína ocultos entre un cargamento de bananas. La intervención se produjo en las instalaciones de una empresa del sector de las frutas y hortalizas refrigeradas, con sede social en Málaga, cuyo responsable colaboraba con las autoridades a través de la cesión de un potente escáner para la detección de droga, ostentando de esta manera una posición privilegiada que le permitía introducir otras partidas de droga de la organización criminal a la que pertenecía.

Inicialmente, las inspecciones de contenedores bajo sospechas de contener sustancias estupefacientes se realizaban en la sede de la empresa en la que se hallaba físicamente el escáner. Más adelante, la misma compañía "colaboradora" obtuvo una concesión en el puerto, trasladando el escáner a las instalaciones portuarias y nombrando a uno de sus propios empleados como "representante aduanero", encargado del control del citado dispositivo técnico.

Tras una primera aprehensión, los agentes detectaron indicios sospechosos de criminalidad en el empresario, centrando las pesquisas sobre su persona, su círculo familiar más cercano y los empleados de la compañía, así como terceras personas relacionadas con el tráfico de drogas. En el transcurso de las averiguaciones, los investigadores encontraron, además, sospechas que incriminarían a un funcionario de Aduanas.

A mediados de junio, en otras dos nuevas incautaciones, agentes de los tres cuerpos intervinieron 25 y 381 kilogramos de cocaína, entre un cargamento de piñas, siendo arrestados el empresario sospechoso y un transportista que trasladaba la droga hasta la sede de la empresa, en la que intentaron manipular y extraer la cocaína. Una cuarta aprehensión de droga se llevó a cabo en agosto de 2023, por parte de la Guardia Civil, en Santa Fe (Granada), con otros 805 kilogramos de cocaína intervenidos, procedentes también del Puerto de Málaga. En esta ocasión, la droga iba oculta tras un falso tabique, al fondo de un contenedor con mercancía legal.

Tras varias aprehensiones, los agentes fueron estrechando el cerco sobre el entramado, logrando identificar al resto de los miembros de la organización delictiva que habían tenido participación en los hechos investigados. Finalmente, en la fase de explotación de la operación, se practicaron nueve registros, cinco en Málaga, dos en Torremolinos, uno en Sierra de Yeguas y otro en Guadix (Granada). La investigación concluyó con la detención de 13 personas, todas ellas en la provincia de Málaga. Entre los arrestados figuran, además del empresario, algunos familiares y varios trabajadores de la empresa, así como un funcionario público. El último de los arrestos se produjo el 29 de enero de 2024, tratándose de uno de los cabecillas, que permanecía fugado.